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Por presuntas irregularidades en un proyecto para llevar alcantarillado y pavimento flexible a más de 10.000 habitantes de la Comuna 10 de Riohacha, la Procuraduría llamó a juicio a dos exalcaldes de esa ciudad. Se trata del saliente alcalde, Ramiro Bermúdez Cotes (2020 – 2023) y de Juan Carlos Suaza (2018 -2019). Los cargos fueron calificados por el Ministerio Público como graves.
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La investigación del Ministerio Público da cuenta de presuntas deficiencias técnicas en los estudios y diseños del proyecto que habrían generado un retraso de seis años en la ejecución, a pesar de haber sido advertidas previamente. Es decir, que desde que el proyecto empezó a ejecutarse en diciembre de 2017, ha tenido cuatro adiciones en tiempo y una suspensión preventiva de giros por parte del Departamento Nacional de Planeación, lo que ha causado que a la fecha presente un avance físico de apenas 53.23%.
El Ministerio Público también encontró varias actividades nuevas no aprobadas en el proyecto inicial, como la reparación de conexiones domiciliarias de acueducto y gas natural, obras de drenaje y dificultades en la expropiación o compra de varios predios necesarios para dar continuidad a la instalación de las redes, que han ocasionado sobrecostos y demoras.
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“Considera el despacho que dentro de la actuación obran suficientes pruebas de cuyo análisis se puede establecer la existencia de posibles conductas irregulares constitutivas de falta disciplinaria y presunta responsabilidad en la comisión del comportamiento enunciado”, advierte la Procuraduría.
Por esta razón, los cargos que formuló la Procuraduría en contra de los exalcaldes están relacionados con la posible omisión de funciones al no haber adelantado los trámites necesarios para la expropiación o compra de predios y adición de recursos para la interventoría y así garantizar la culminación de las obras.
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En mayo de 2023, la Procuraduría abrió una investigación y suspendió por tres meses al entonces alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la construcción y operación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad, que se adjudicó en marzo pasado.
Todo se enmarca en una serie de advertencias que se hicieron desde finales del año pasado y que presuntamente la administración habría pasado por alto, por lo que el ente de control, solicitó al alcalde resolver una serie de dudas relacionadas con el área en que se prestará el servicio, la inversión y los bienes a intervenir en el proceso.
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