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Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella hiciera su primer movimiento en materia de seguridad y ordenara el traslado de 117 reclusos de alto perfil a otras cárceles el pasado 7 de agosto, funcionarios y organizaciones sindicales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) elevaron peticiones sobre garantías labores y de seguridad.
A través de un video, los voceros de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) se pronunciaron por el traslado de 17 internos al Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón y señalaron que si bien están en capacidades de atender ese tipo de movimiento, necesitan mayor apoyo de autoridades departamentales y fuerza pública que les garantice el ejercicio libre de su labor.
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“Estamos expuestos y no queremos perder más compañeros. Necesitamos garantías laborales para ejercer nuestra función”, señaló uno de los voceros. Dentro de las peticiones está también mayor acompañamiento de la fuerza pública. Asimismo, los voceros del sindicato del Inpec rechazaron los atentados contra la guardia civil a nivel nacional.
El pronunciamiento tiene como antesala el asesinato del subintendente Efraín Quesada, guardia del Inpec de 54 años que recibió varios disparos el pasado 6 de agosto cuando iba a recibir su turno en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo. Asimismo, el 7 de agosto, durante la posesión presidencial, en Bogotá también fue atacado el inspector de La Picota, Wilson Daniel Puentes, quien recibió un disparo en su estomago tras salir de las instalaciones hacia su hogar.
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En ese contexto, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios también se pronunció sobre el asesinato y las condiciones laborales. “Hemos visto funcionarios asesinados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Montería, Neiva, Popayán, Bucaramanga y otras regiones del país. Mientras esta violencia aumenta nuestros funcionarios continúan prestando el servicio en medio de déficit de personal, dificultades de infraestructura, limitaciones tecnológicas y establecimientos que concentran reclusos de especial peligrosidad sin que exista siempre un fortalecimiento proporcional de las condiciones de seguridad”, se lee en el comunicado en el que, además, solicitan la construcción de una estrategia nacional de protección para los servidores penitenciarios.
Según detalló el Gobierno, por instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, el Inpec realizó el traslado inmediato de 117 reclusos de alto perfil vinculados a negociaciones de paz. Las personas trasladadas fueron reubicadas en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Por medio de un comunicado, el gobierno señaló que se trata de una medida para recuperar el control de las cárceles.
El pasado 7 de agosto, apenas momentos antes de la posesión presidencial, una caravana de camionetas del Inpec salió de la cárcel La Paz, en Itagüí. Dentro de los reclusos trasladados está alias “Douglas” y alias “Carlos Pesebre”, ambos son voceros del espacio de diálogo que abrió el gobierno anterior bajo la paz total. En efecto, para el caso de alias “Douglas”, el jefe criminal fue trasladado a Medellín en el marco de ese proceso de paz.
El presidente Abelardo de la Espriella resaltó tras su decisión que él mismo coordinó el traslado. “Compatriotas, desde muy temprano estoy coordinando personalmente el traslado de cerca de 117 reclusos de la cárcel de Itagüí que seguían delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario que más bien es una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del Tigre se acabó”, dijo.
El mandatario hizo referencia a una fiesta vallenata que se realizó el pasado 8 de abril en el centro penitenciario. En el evento participó el cantante vallenato, Nelson Velásquez. La situación generó especial controversia debido a que la cárcel La Paz de Itagüí albergaba a varios de los denominados gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana” del Gobierno, lo que abrió el debate sobre los beneficios y condiciones de reclusión de algunos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Por estos hechos ya hay investigaciones y procesos en curso en Fiscalía y Procuraduría.
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