![Gonzalo García Luna dirigió inteligencia del DAS en 2003. / Archivo particular](https://www.elespectador.com/resizer/v2/ZWXOHEVXJZDUZFE2CY7P7ORVCA.jpg?auth=f80b73428754fb7d0b5de793166c3cc9f9aa49afdb98ec9c3b47757ad694531e&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Luego de solicitar su baja en forma silenciosa, tal como actuó durante toda su carrera militar, el general Gonzalo Ernesto García Luna —hasta la semana pasada jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército— fue llamado a calificar servicios por el comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro. Si bien su nombre no figuró entre los uniformados destituidos por el último episodio de espionaje y persecución por parte de la institución castrense, Navarro determinó que hubo “fallas, incumplimiento de protocolos y procedimientos” por los cuales el alto oficial fue retirado.
Como informó El Espectador el pasado 2 de mayo, es poco lo que se conoce sobre García Luna, ascendido en diciembre de 2016 a brigadier general. Especializado en inteligencia militar, con cursos de analista, entrevistador y de inteligencia estratégica, entre muchos otros, su hoja de vida oculta, sin embargo, su paso por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde fue director de Inteligencia entre enero y noviembre de 2003, época en la que se creó dentro de ese organismo el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) y fue llevada a cabo una masiva operación contra más de 300 personas entre periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición.
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García Luna fue trasladado al DAS mediante una comisión de servicios del comando general del Ejército, en aquella época dirigido por el general Carlos Ospina Ovalle. De acuerdo con su testimonio, rendido en julio de 2012 en uno de los juicios contra miembros del DAS por las llamadas “chuzadas”, su nombramiento en el órgano de inteligencia civil de la Presidencia —liquidado de forma definitiva en 2014— se produjo en el momento “más crítico” del gobierno de Álvaro Uribe, pues “hacía escasamente un año se había salido del Caguán” y existía la amenaza de retoma de la guerrilla de algunas áreas del país”.
Según sus palabras, su llegada al DAS completó la transición entre las administraciones de Pastrana y Uribe, período durante el cual “hubo integración del DAS con otras fuerzas”. Esas colaboraciones entre militares y DAS quedaron en evidencia en documentos incautados por la Fiscalía en 2009, así como la llegada o ascenso en el DAS de funcionarios enviados a cursos en la Escuela de Inteligencia Ricardo Charry Solano —donde García Luna había sido profesor y tras su salida del DAS como subdirector— o que también estuvieron vinculados a las Fuerzas Militares, como José Miguel Narváez y Juan Carlos Sastoque, quienes resultaron condenados o están a la espera de sentencia por interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, tortura psicológica y abuso de autoridad, entre otros delitos.
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Si bien el nombre de García Luna aparece de forma tangencial en los expedientes del DAS, el exsecretario general de ese organismo, Giancarlo Auque de Silvestri (fugitivo desde 2015), quien reemplazó al militar en la Dirección de Inteligencia, ha señalado que la salida también sigilosa del general en noviembre de 2003 obedeció a malos manejos presupuestales y riesgo de corrupción en un proceso de contratación de equipos para la entidad. García Luna tuvo relación directa con la mayoría de funcionarios del DAS hoy condenados por las llamadas “chuzadas”. Estuvo en la línea de mando de la entidad en 2003, únicamente por debajo de Jorge Noguera (ya condenado) y Emiro Rojas Granados (en juicio).
Fue ese año cuando apareció en el DAS José Miguel Narváez bajo la fachada de “fuente humana” y conferencista pagado con cargo a gastos reservados —manejados, por decisión de García Luna, por Rodolfo Medina Alemán, su hombre de confianza—. En marzo de ese año, como quedó documentado en soportes administrativos que prueban la entrega de papelería y materiales a ese grupo, fue creado a instancias de Narváez el Grupo G-3, encargado de realizar acciones de inteligencia y contrainteligencia contra blancos del DAS, todos civiles con la característica común de ser opositores al gobierno Uribe. Dichas labores eran consignadas en “hojas de vida” similares a las que hoy se conocen como “perfilamientos” del Ejército.
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El G-3 era coordinado por dos hombres: Juan Carlos Sastoque —prófugo de la justicia colombiana y asilado en Estados Unidos desde 2006—, quien fue enviado en septiembre de 2003 a la Escuela Charry Solano para realizar el Curso Internacional de Analistas e Interrogadores y en mayo de 2004, encargado de la “identificación de los actores de la guerra política nacional e internacional que se adelanta contra Colombia”; y Jaime Fernando Ovalle Olaz (fallecido en enero de 2010), experto en inteligencia y único funcionario del DAS que reconoció la existencia del Grupo 3 desde el comienzo de las investigaciones, y calificado por García Luna como “un funcionario normal ubicado en un área no relevante”.
En agosto de 2003, García Luna nombró a Enrique Alberto Ariza, quien a finales de 2004 pasó a ser director de Inteligencia, como coordinador del grupo de Inteligencia Interior, cuyos miembros eran, coincidentemente, detectives del grupo G-3, creado sin soporte alguno en documentos oficiales. El exdetective Rodolfo Medina Alemán, sentenciado por “chuzadas” y prófugo de la justicia desde 2009, pasó de ser funcionario de inteligencia encargado del archivo de documentos a miembro activo del G-3 en 2003 y jefe de Contrainteligencia del DAS en 2004.
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En el juicio en su contra, la defensa de Medina Alemán incluyó el testimonio de García Luna y otros dos personajes que también han salido a relucir por su participación en escándalos de espionaje: Nicacio de Jesús Martínez, excomandante del Ejército, y Laude José Fernández Arroyo, también exdirector de Inteligencia del DAS en la década de los 90, representante legal del Berkeley Research Group, en juicio por interceptaciones ilegales a sindicalistas de Avianca.
El testimonio de García Luna
El 16 de julio de 2012, el discreto Gonzalo Ernesto García Luna declaró en el Juzgado 6º Penal Especializado, durante el juicio seguido a varios de sus antiguos subalternos. Durante casi tres horas, el general, entonces subdirector de Reclutamiento del Ejército, negó haber conocido actuaciones ilegales dentro del DAS, fue enfático en afirmar que la interceptación de correos electrónicos y líneas telefónicas, así como el seguimiento y la toma de fotografías a civiles sin su consentimiento “no son actividades de inteligencia”, y dedicó su exposición a explicar conceptos que cobran especial importancia a la luz de los acontecimientos.
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Al ser indagado por el concepto de blanco de inteligencia, García Luna lo definió como “tener concentrado un sitio o persona marcado con círculos que llama la atención”, pero aclaró que “no es normal realizar inteligencia a personas que hacen campañas en contra del Estado”. En uno de los apartes de su testimonio, sin la presencia de los abogados de las víctimas, admitió la posibilidad de que periodistas pudieran resultar reseñados por la institución castrense, dada la naturaleza abierta de las noticias que transmiten, aunque no por su carácter de reporteros, a quienes consideró imposibles de “enmarcar” en las labores de inteligencia.
“Los periódicos, los medios de comunicación, la televisión, son el primer ingrediente cuando se hace búsqueda de información entre otras cosas (sic) y puede decirse que es un documento, eso, cualquier incidente que ocurre en el periódico o cualquier noticia o condición que se dé, es analizada y, finalmente, ellos están inmersos en ese gran mmm (sic) donde uno puede observar que hay temas de interés”. El 3 de mayo la revista Semana aseguró que existe un grupo de “doce militares, entre oficiales y suboficiales, que ha estado metido en los más grandes escándalos que han terminado sacudiendo al Ejército Nacional” durante los últimos diez años. ¿Es García Luna uno de ellos?
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Inteligencia militar es para realizar operaciones: Nicacio Martínez
Menos evasivo resultó el ahora excomandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien declaró el 10 de agosto de 2012, en momentos en que fungía como comandante de la IV Brigada con sede en Medellín, adonde llegó después de haber ocupado el cargo de director de Inteligencia Militar. Martínez no solo admitió la participación del DAS en las juntas de inteligencia conjunta, sino el intercambio de algunas informaciones con el extinto organismo de inteligencia “que pudieran ser conducentes para desarrollar operaciones”.
“Primero quiero hacer de pronto alguna salvedad. En este momento nuestro objetivo principal son las FARC; estas FARC son una organización político-militar que, en mi concepto muy personal, el 70 % es político y el 30 % es armado o militar. Esto ha sido una estrategia de guerra irregular, donde aplican todos los medios para llegar a un objetivo final, que es la toma del poder. A nosotros como militares, yo, como oficial del Ejército, me corresponde hacer la guerra en el punto militar y seguramente la inteligencia que nosotros obtenemos es para desarrollar operaciones militares. Entonces yo estoy seguro de que esta es una estratagema que tiene las FARC político (sic), donde tienen mucha capacidad de infiltración o de penetración en algunas organizaciones”.
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Según el excomandante del Ejército, las “operaciones [militares] nacen con base en algunas informaciones, en algunos hechos, en algunos documentos donde se prevé o se tiene conocimiento de que va a producirse un evento (…) con esas informaciones se hace un proceso dentro del ciclo de inteligencia, con lo cual al final confirmamos o desvirtuamos para actuar según corresponda (…) nuestros objetivos son los agentes generadores de violencia como las FARC, las bacrim y la delincuencia organizada”.
Y agregó: “La inteligencia no es un soporte judicial, simplemente nos podrían servir más adelante para el desarrollo de operaciones militares. Esa inteligencia puede ser cierta o no, confirmada o no (…) se consignan aquellas [informaciones] que tienen que ver con el cumplimiento de la misión que nosotros vamos a cumplir y la previa evaluación que se haga de esa información. Igual que en algunos archivos puede que haya consignados algunos eventos que de pronto en el futuro nos puedan ayudar a esclarecer alguna cosa de inteligencia”.
Las palabras de Martínez hace ocho años resuenan hoy para las 130 víctimas del espionaje castrense, no solo por la importancia de la inteligencia en la toma de decisiones militares (operaciones, ataques, movilización de tropas), sino también por una pregunta que encierra. ¿Acaso los “perfilados” fueron considerados objetivo militar?
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