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La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
La funcionaria lo señala de incurrir en los presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir contra el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, conocido antes como alias “Timochenko”, y los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
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Según el documento radicado ante el ente investigador, las recientes declaraciones del mandatario electo “incrementan el riesgo” para los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación y configuran una forma de estigmatización contra quienes suscribieron el acuerdo.
La denuncia se da tras el anuncio que hizo De la Espriella el pasado lunes, en el que anticipó que, tras su posesión el próximo 7 de agosto, suprimirá el cargo de alto comisionado para la Paz y desmantelará lo que denominó un “perverso sistema de impunidad”.
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En esa misma intervención, el futuro presidente cuestionó la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de autorizar un viaje de Londoño a España y sostuvo que el exjefe guerrillero “merece estar preso de por vida”. También dirigió críticas contra Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador y excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, por su vinculación laboral con ese tribunal.
Además de la denuncia principal, Cuartas solicitó a la Fiscalía indagar las expresiones de De la Espriella contra Rueda, al considerar que podrían configurar violencia política de género. La funcionaria explicó su decisión a través de un mensaje en X, en el que calificó las declaraciones del mandatario electo como “una amenaza” para la implementación del Acuerdo de Paz.
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En su carta a la Fiscalía, Cuarta señaló que se trata de “una serio de hechos que, por su gravedad y por el contexto persistente de violencia que afecta la población firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, ameritan el inicio de las investigaciones penales a que haya lugar”.
Asimismo, la directora pidió “la adopción de medidas que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, resulten necesarias para contribuir a la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las y los firmantes de paz y sus familias, y a las distintas formas organizativas que los representan”.
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