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El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria será dejado en libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Primera Instancia del alto tribunal le concedió la libertad por vencimiento de términos, pues pasaron más de seis meses desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra, sin que a la fecha haya sido formalmente llamado a juicio. Para volver a la libertad, el mandatario departamental deberá primero cumplir con una caución.
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Aníbal Gaviria, investigado por los supuestos delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, es señalado de posibles irregularidades en la construcción de la Troncal de la Paz, un ambicioso proyecto de infraestructura que desarrolló en su primer período en la Gobernación. El alto funcionario ha insistido en su inocencia.
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“Al haber transcurrido a hoy más de los seis meses que establece la Ley sin que se haya podido celebrar la audiencia pública por vicisitudes propias de la dinámica procesal, ajenas a maniobras dilatorias de la defensa o del procesado, ni menos a incuria de la Sala se impone reconocer la procedencia de la causal liberatoria en favor de Gaviria correa a partir del 27 de septiembre”, señaló la Sala de Primera Instancia en un documento de 10 páginas.
El contrato de la Troncal de la Paz, que data de 2005, fue adjudicado a un peso pesado de la construcción: Carlos Solarte, a través de su empresa CSS Constructores, recientemente salpicado en el escándalo de Odebrecht, pero en ese momento uno de los mayores contratistas del país. El proyecto se pactó finalmente por $41.663 millones y la Fiscalía reprocha una serie de decisiones que vinieron después, que supuestamente habrían sido determinadas por Aníbal Gaviria.
Por ejemplo, en el contrato se acordó que la Gobernación podía entregar el 25 % del valor total como anticipo, pero, según la Fiscalía, lo que se otorgó fue el 29 % sin que el contratista hubiera entregado algunos requisitos como la constitución de una garantía o la contratación de un interventor. La obra comenzó en 2006 y, “a escasos dos meses de haber iniciado”, según el ente investigador, el consorcio pidió un anticipo más por $10.500 millones para comprar equipos, a pesar de que un requisito del contrato era tener los equipos.
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La Gobernación firmó un otrosí que autorizaba no el desembolso que pidió el contratista, pero sí una suma que representaba, junto con el primer adelanto, el 35 % del total del contrato. En 2007 vino un otrosí más, con el que se adicionaron más de $3.000 millones al contrato. En cuestión de meses se firmó un tercer otrosí, con el que el valor del proyecto aumentó un 47 % (unos $22.000 millones) sobre el valor del contrato.
Por último, la Gobernación de Antioquia, sostiene la Fiscalía en el documento con que llamó a juicio a Aníbal Gaviria, firmó un contrato adicional por más de $16.000 millones y aceptó entregar un anticipo del 50 %. El ente investigador sostiene que la Fiscalía mantiene que Gaviria, “determinó a Margarita María Ángel Bernal (su secretaria de Infraestructura) o a cualesquiera otros funcionarios de la Secretaría de Infraestructura para que realizaran las conductas constitutivas de los delitos imputados”.