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A través de un comunicado publicado en la madrugada de este jueves, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, expresó su “consternación” tras ser llamado a juicio y ser cobijado nuevamente con detención domiciliaria en Medellín.
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El mandatario –quien fue suspendido también por el Ministerio del Interior– es acusado por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según la Fiscalía, Gaviria cometió irregularidades cuando fue gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007 y tomó determinaciones relacionadas con los contratos para el mantenimiento y la pavimentación de una vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio, conocida como la Troncal La Paz.
Ante ello, aseguró que el equipo jurídico encargado de su defensa ya había demostrado “con pruebas contundentes” que todas las actuaciones alrededor de la Troncal de La Paz se hicieron “dentro de los términos de la ley” y que las obras se ejecutaron plenamente.
“No puedo ocultar la consternación que me causa tanto la acusación como la medida de aseguramiento (…) las obras se ejecutaron plenamente, cumpliendo los cronogramas y presupuestos. Son calificadas por todos los habitantes como históricas y transformadoras, no se perdió un peso en todo el proceso y los anticipos entregados al contratista fueron reembolsados en su totalidad”, expresó.
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Gaviria declaró que le “duele como antioqueño” verse separado, una vez más, del cargo para el que fue elegido popularmente “con una copiosa votación”. En esa línea, sostuvo que le genera aún más tristeza que esto ocurra “justo cuando estamos poniendo todo nuestro empeño en el plan de vacunación contra el COVID-19 y en plena ejecución” de su plan de desarrollo departamental.
El suspendido gobernador manifestó su confianza en que “la justicia prevalecerá” y, aunque calificó las decisiones como “dolorosas e incomprensibles”, dijo que entregará todas las explicaciones necesarias y seguirá aportando las pruebas que sustentarán su inocencia, “convencido de que la etapa de juicio puedo afrontarla en libertad”.
La decisión, que de nuevo sacude a la clase dirigente y los corrillos políticos antioqueños, tiene su origen en 2018, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, cuando la Fiscalía abrió indagación preliminar por un tema que se remitía a 13 años atrás. En 2005, la Gobernación de Antioquia -bajo la batuta de Gaviria- abrió la licitación para buscar quién se hiciera cargo del “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao”, y el proceso quedó en manos de la Secretaría de Infraestructura. El proyecto se pactó finalmente por $41.663 millones.
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La construcción y el mantenimiento de ese importante tramo quedó, el 19 de diciembre de 2005, en manos del Consorcio Troncal de la Paz, del que era parte un viejo conocido del Estado en asuntos de vías: Carlos Solarte -quien, a través de CSS Constructores, se alió como socio minoritario con Odebrecht y Episol para hacer la Ruta del Sol 2-. Los términos del contrato indicaban que la Gobernación podía entregar el 25 % del valor total como anticipo, pero, según la Fiscalía, lo que se otorgó fue el 29 % sin que el contratista hubiera entregado el soporte de la constitución de la garantía o de la contratación de un interventor, requisitos indispensables para recibir recursos del Estado.
La obra comenzó en febrero de 2006. La Fiscalía reprocha hoy que, “a escasos dos meses de haber iniciado”, el Consorcio pidiera otro anticipo de $10.500 millones para compra de equipos, con el cual se llegaba ya al 50 % del contrato entregado de esa forma. La Gobernación firmó un otrosí que autorizaba no el desembolso que pidió el contratista, pero sí una suma que representaba, junto con el primer adelanto, el 35 % del total del contrato. En 2007 vino un otrosí más, con el que se adicionaron más de $3.000 millones al contrato. En cuestión de meses se firmó un tercer otrosí, con el que el valor del proyecto aumentó un 47 % (unos $22.000 millones) sobre el valor del contrato.
Por último, la Gobernación de Antioquia, sostiene la Fiscalía en el documento con que llamó a juicio a Gaviria -conocido por El Espectador-, firmó un contrato adicional por más de $16.000 millones y aceptó entregar un anticipo del 50 %. Lo que la Fiscalía le reclama hoy a Gaviria es que, por ejemplo, con el primer anticipo que recibió el Consorcio Troncal de la Paz, este haya comprado maquinarias para realizar la iniciativa vial; que el contrato adicional es cuestionable. Así las cosas fue que resolvió llamar a juicio al reconocido político, quien, desde el día en que rindió indagatoria en abril de 2020, manifestó su extrañeza por este expediente que se abría en su contra.