Gobernador de Antioquia pierde segundo intento para quedarse con Belén de Bajirá

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no cesa en sus intentos para recuperar el corregimiento de Belén de Bajirá, luego que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) señalara en una resolución del día 9 de junio de 2017 que la población realmente hace parte del Chocó. Ya en el Consejo de Estado cursa una demanda en contra de esa delimitación y se negó la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos de ese nuevo mapa. Ahora, ese mismo alto tribunal rechazó un nuevo recurso que presentó Pérez para recuperar a Belén.

Se trata de una demanda que presentó el gobernador en contra de un acuerdo firmado por los ministerios de Medio Ambiente y de Transporte con el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó en 2016 en el que el Gobierno se comprometió a respaldar ante el congreso el concepto que emitiera el IGAC en esta disputa territorial. Además, demandó una declaración que hicieron esas mismas partes en el 2017 en la cual el gobierno se comprometía a tomar acciones para garantizar el dominio territorial de Chocó sobre Belén de Bajirá.

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Para el Gobernador Pérez, estos acuerdos implicaban que el Gobierno ya tomó partido en favor del Chocó que afecta una disputa territorial y que habría vulnerado los derechos al debido proceso y de defensa y al principio de imparcialidad. Para el mandatario local, es el Congreso el que debe definir el conflicto. Al estudiar este caso, el Consejo de Estado señaló que realmente estos acuerdos no tienen “carácter vinculante y, por ende, no sean enjuiciables ante esta jurisdicción, en la medida que no están llamados a producir efecto jurídico alguno”.

La Sala señaló que lo único que genera efectos jurídicos en el proceso de deslinde es la resolución del IGAC, que ya está siendo estudiado por la Sección Primera y, por eso, rechazó la demanda. Ese otro proceso, está en manos de la magistrada María Elizabeth García quién, en agosto pasado negó suspender la nueva delimitación, al encontrar que no existe certeza acerca de la situación jurídica en la que están los departamentos. En ese momento, dijo que “es menester determinar si se está frente a lo que se ha denominado como límite dudoso, o si de acuerdo con la actuación administrativa se trata de una certificación del límite”.

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Se trata de una demanda que presentó el gobernador en contra de un acuerdo firmado por los ministerios de Medio Ambiente y de Transporte con el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó en 2016 en el que el Gobierno se comprometió a respaldar ante el congreso el concepto que emitiera el IGAC en esta disputa territorial. Además, demandó una declaración que hicieron esas mismas partes en el 2017 en la cual el gobierno se comprometía a tomar acciones para garantizar el dominio territorial de Chocó sobre Belén de Bajirá.

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Para el Gobernador Pérez, estos acuerdos implicaban que el Gobierno ya tomó partido en favor del Chocó que afecta una disputa territorial y que habría vulnerado los derechos al debido proceso y de defensa y al principio de imparcialidad. Para el mandatario local, es el Congreso el que debe definir el conflicto. Al estudiar este caso, el Consejo de Estado señaló que realmente estos acuerdos no tienen “carácter vinculante y, por ende, no sean enjuiciables ante esta jurisdicción, en la medida que no están llamados a producir efecto jurídico alguno”.

La Sala señaló que lo único que genera efectos jurídicos en el proceso de deslinde es la resolución del IGAC, que ya está siendo estudiado por la Sección Primera y, por eso, rechazó la demanda. Ese otro proceso, está en manos de la magistrada María Elizabeth García quién, en agosto pasado negó suspender la nueva delimitación, al encontrar que no existe certeza acerca de la situación jurídica en la que están los departamentos. En ese momento, dijo que “es menester determinar si se está frente a lo que se ha denominado como límite dudoso, o si de acuerdo con la actuación administrativa se trata de una certificación del límite”.

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