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El mundo político santandereano ha vivido hoy una movida jornada en asuntos judiciales. Primero, el exgobernador Hugo Aguilar le fue revocada la libertad condicional que tenía luego de que la Corte Suprema ordenara su captura. Ahora, otro mandatario de ese departamento que perderá su libertad es Didier Tavera, el saliente gobernador, quien es investigado por las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó enviar a prisión domiciliaria al político de manera preventiva mientras su proceso judicial avanza en los estrados. El juez del caso tomó está medida para evitar que Tavera, cuyo período termina el próximo 31 de diciembre, pueda suscribir otros contratos que puedan llegar a afectar la administración pública y el erario del departamento. La solicitud de prisión preventiva pedida por la Fiscalía no fue avalada por el magistrado por considerar que no se cumplían los requisitos para la concederla.
El lío judicial en el que está metido Tavera es a raíz de la suscripción del contrato N. 601 de abril de 2016, celebrado entre la Gobernación de Santander —a través de la Secretaría de Educación— y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, que en ese entonces era propiedad del Zar del PAE de Santander, Germán Trujillo Manrique. Tenía un valor de $35.767’321.026 para brindar el suministro de alimentación escolar para 124.892 estudiantes de 82 municipios no certificados de Santander.
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El PAE de 2016 fue cuestionado en varias ocasiones por el Comité de Transparencia por Santander. En ese entonces, la veeduría denunció que la licitación del contrato estaba dirigida a un oferente en específico. “El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja. Por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, dijo María Juliana Acebedo, vocera del Comité, a Vanguardia Liberal
Después de la adjudicación del contrato, la veeduría denunció que la comida nunca llegó a los niños pese a que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones cobraba el dinero. “El dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, indicó la Fiscalía en un documento.
Asimismo, el ente investigador encontró que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos. Uno de los casos más recordados fue la compra de tamales por $30.000.