:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/fgdijH3gfnczJCjAGc_GR0p3HT8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WKKZJACE3ZDWFC45VZUTIYLBGI.jpg)
Los desastres que dejó a su paso por San Andrés el huracán Iota en noviembre de 2020, aún es un tema pendiente que tiene por resolver el Gobierno. En 20 días, el Ministerio de Vivienda y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales deberán identificar las viviendas que aún cuenten con daños en el sistema de disposición final de las aguas residuales domésticas. La misión es realizar las adecuaciones que sean necesarias para el saneamiento básico. La decisión es de la Corte Constitucional que analizó una acción de tutela que presentó un grupo de habitantes del archipiélago.
El recurso en contra de la Presidencia de la República, la Unidad de Gestión del Riesgo y los Ministerios del Interior y la Vivienda solicitaba el amparo de los derechos a la vida, la salud, la dignidad humana, la consulta previa y la propiedad ancestral y colectiva del territorio e integridad e identidad cultural, porque, a su juicio, se vulneraron, pese a que el presidente Iván Duque decretó una situación de desastre en el archipiélago y ordenó a las entidades sanear las necesidades básicas de la población.
Lea también: A un año del huracán Iota: ¿cuál es el panorama de las islas?
En primera y segunda instancia, los juzgados le dieron la razón de manera parcial. El expediente fue escogido por la Corte Constitucional, y este miércoles, se conoció las directrices al Gobierno para que ampare los derechos de la población. Entre otras ordenes está que el Ministerio de Vivienda disponga recursos para la eliminación higiénica de las aguas negras de cada residencia. Del mismo modo, que proteja la salud pública y el derecho a un ambiente sano. Para el cumplimiento de esta directriz, la cartera deberá tener en cuenta las sugerencias que hagan los propietarios de los inmuebles.
Igualmente, la Unidad de Gestión del Riesgo, en 10 días, deberá enviar información sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán, los avances en la reconstrucción de los hoteles, los restaurantes, los establecimientos de comercio, la infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital, y el estado actual del suministro de agua potable en las islas de Providencia y Santa Catalina. Según la Corte, esta información deberá estar respaldada con fotografías actuales.
Lea aquí: Un año del huracán Iota: ¿En qué va la reconstrucción en San Andrés?
La Agencia Nacional de Tierras también deberá rendir cuentas. La entidad fue vinculada por el alto tribunal para que, dentro de 10 días, informe sobre las gestiones que ha realizado en el archipiélago desde el 14 de noviembre de 2020 hasta la actualidad. Asimismo, deberá revelar información sobre la ruta jurídica que debe adelantar el pueblo raizal para obtener el reconocimiento de la propiedad colectiva. Además, deben entregar información sobre la presencia de terceros ajenos al pueblo raizal con títulos de propiedad en el territorio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.