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Luego de que se conociera un panfleto con logos de las Águilas Negras en el que amenazan a magistrados de la Corte Constitucional, el Gobierno puso la investigación en manos de la Policía. La primera conclusión, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, es que se trata de un documento que no es legítimo ni sería atribuible a esa supuesta estructura paramilitar de la que además dijo, “no existe”. Sin embargo, anunció que se reforzarán los esquemas de seguridad de los togados.
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“La Policía ha hecho una valoración de ese panfleto, señalando esta mañana que es un panfleto apócrifo, que no es atribuible a este grupo”, dijo el ministro Molano este martes sobre la misiva, en la que se declara “objetivo militar” a los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Y el jefe de la cartera de Defensa añadió sobre las Águilas Negras: “Este grupo no existe y las características del panfleto no tienen correlación con lo que tradicionalmente desarrolla un grupo armado ilegal”.
Ahora bien, el ministro aclaró que el hecho de que el panfleto no sea verídico no indica que los magistrados estén en menor riesgo. “Hemos tenido una comunicación a través de la Policía para reiterar las medidas de protección a los magistrados, que ya tienen unas medidas”, dijo Molano, atendiendo a un llamado que hicieron en la mañana de este martes los presidentes de las demás altas cortes —Consejo de Estado, Comisión de Disciplina, Judicatura y Corte Suprema— ante la amenaza contra miembros de la Corte Constitucional.
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Según Molano, el rumbo que tomará ahora la investigación será saber cómo se difundió el panfleto amenazante, que aparece firmado por las Águilas Negras. “A veces también estos panfletos tienen el propósito es de difundirse y moverse más, pero aquí lo importante es la seguridad de los magistrados”, comentó el ministro de Defensa. La amenaza, en concreto, estaba dirigida a los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes y al conjuez Julio Andrés Ossa.
El documento sostenía que los togados serían declarados “objetivo militar” si no echaban para atrás la decisión de despenalizar totalmente el procedimiento de interrupción del embarazo hasta la semana 24. Además de la referencia directa a los cinco magistrados que dieron su sí, a la alta corte le preocupaba que el mensaje habla de que todos ellos ya estarían identificados: sus carros, sus residencias, sus horarios, así como los de sus familiares.
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El panfleto en ningún momento se refiere a los argumentos que tuvieron un rol fundamental en la decisión de despenalizar el aborto: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes. Por el contrario, la amenaza retoma información falsa, insulta a los magistrados con fuertes calificativos y retoma mentiras alrededor de la decisión que han circulado en redes sociales o en círculos religiosos.
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