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18 Feb 2022 - 4:45 p. m.

Gobierno no le ha fallado a los militares presos en Haití: Consejo de Estado

La esposa de uno de los militares capturados por el magnicidio de Jovenel Moïse, en 2021, perdió una tutela ante la alta corte. Pedía garantías para hablar con su pareja, que los familiares pudieran verificar la salud de los 18 señalados y hasta llevar el caso a la Corte Penal Internacional.
Imágenes de los detenidos por las autoriades de Haití.
Imágenes de los detenidos por las autoriades de Haití.
Foto: Cortesía

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores han hecho todo lo que está en sus manos para garantizar los derechos de los 18 militares colombianos presos en Haití. Esa fue la consideración del Consejo de Estado, luego de estudiar una tutela en segunda instancia de Karla Gómez Carvajal, esposa de Germán Alejandro Rivera, de quien la Policía Nacional ha dicho sería uno de los cerebros del asalto que terminó en el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, en 2021.

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Gómez interpuso acciones legales en nombre de las 18 familias que desde mediados del año pasado esperan respuestas del proceso penal, donde todos han sido sindicados como mercenarios, al servicio de presuntos intereses políticos en la isla centroamericana. Explicó que su esposo, Rivera, sería víctima de “tortura” por parte de las autoridades haitianas, que no ha logrado una comunicación constante con él y que, aparte de falencias en la garantía de sus derechos, ni siquiera tendría un abogado defensor.

Sin embargo, el Consejo de Estado le respondió que las denuncias plasmadas en su tutela están, más bien, alejadas de la realidad. “El Ministerio de Relaciones Exteriores demostró que ha cumplido con sus funciones en virtud de las actividades desplegadas, a través del consulado de la República de Haití tendientes a garantizarle al actor (Rivera) la comunicación con sus familiares, la asistencia integral, además de contar con una defensa técnica”, consideró el Consejo de Estado.

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La acción llegó al Consejo, pues en el trámite fue incluida y denunciada la presidencia de la República. La esposa de Rivera le pidió al Gobierno, en síntesis, que se esforzara en permitirles a las familias conocer las condiciones físicas y mentales de los detenidos, quienes en distintas comunicaciones han señalado que aceptaron su responsabilidad, pero obligados y bajo condiciones la tortura de agentes haitianos. Incluso, que la situación sería tan grave la Corte Penal Internacional (CPI) podría a decidir sobre la respuesta los gobiernos contra los militares en retiro.

Para tomar su decisión, el Consejo pidió respuestas al Ministerio de Relaciones Exteriores. La cartera aseguró que ha adelantado reuniones con el cuerpo diplomático del país centroamericano acreditado en Colombia y República Dominicana, nación que comparte isla con Haití en el mar Caribe. Indicó que sus gestiones están adelantadas y que incluso esperan respuesta del gobierno haitiano sobre el estado del proceso y las investigaciones adelantadas, en las cuales jueces han desestimado el caso. Abogados haitianos, además, le explican a la cartera cómo homologar los Códigos Penales y, así, llegar a una solución tras más de seis meses.

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“Comentó (el ministerio) que solicitó la asistencia de la Defensoría del Pueblo, del Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Organización Internacional para las Migraciones, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los connacionales y su integridad física. Afirmó que se han realizado dos visitas por parte de funcionarios del Ministerio quienes asistieron a los privados de la libertad y, además, sostuvieron reuniones con funcionarios del gobierno de Haití, poniendo de presente las solicitudes del Gobierno Colombiano, para velar por los intereses, derechos y garantías”, se lee en la sentencia del Consejo.

Explicó que los familiares de los detenidos han logrado al menos 12 visitas carcelarias a Haití, donde, según han allegado comunicaciones firmadas, no estarían siendo alimentados de una manera digna. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ha llevado comida, elementos de aseo y de uso personal. Así como botellones de agua, dos veces por semana, bebidas hidratantes y hasta colchones.

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La Defensoría del Pueblo, una vez fueron capturados los 18 nacionales, anunció que enviará una misión de verificación a Haití. Su respuesta, a este trámite de tutela, fue que cuando los colombianos “residentes en el exterior” son vinculados a un proceso penal, le corresponde al país receptor la asistencia y representación legal. Es decir, el mismo Gobierno de Haití se encarga de la defensa judicial de los colombianos. La Oficina de Protección al Ciudadano verifica que la asistencia se preste con las garantías suficientes, situación que, según la esposa de Rivera, no ha pasado.

Al final, el Consejo de Estado respondió que el desempeño de la Defensoría y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido el suficiente, pero precisó que no deben cesar en sus intenciones. Además, respondió que la Corte Penal Internacional no tiene cartas en el asunto, pues a pesar de que Haití firmó el Estatuto de Roma en 1999, no ha ratificado sus acuerdos. Los 18 nacionales siguen presos en Haití e insisten en que solo estaban allí acudiendo a promesas de trabajo. Sin embargo, las autoridades haitianas y colombianas los comprometen con una red de mercenarios que dio un golpe certero a la tranquilidad de todo un país.

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