La Defensoría del Pueblo publicó este sábado una carta en la que alerta que el gobierno de Gustavo Petro no estaría cumpliendo con la ley que lo obliga a tener una una cuota de género en su gabinete. Una promesa de campaña que hizo el primer mandatario, pero que, por ahora, está sin cumplirse.
Según el mensaje de la Defensoría, en cabeza de Iris Marín, la ley 2424 de 2024 exige la participación mínima del 50 % de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio. En la práctica, y según jurisprudencia de las altas cortes, esa fórmula se traduce en que el gobierno debería tener a 10 ministras en los 19 ministerios que existen.
“La paridad de género constituye un principio de justicia redistributiva y de reconocimiento, cuyo objetivo es corregir la exclusión sistemática e histórica de las mujeres en los escenarios de toma de decisión y ejercicio del poder, los cuales se han concentrado en manos de hombres, en su mayoría cisgénero, blancos y con una posición socioeconómica privilegiada”, explicó la Defensoría.
¿Cuántas mujeres hay en el gabiente de Petro?
A corte de este 13 de septiembre, en el gobierno Petro hay nueve mujeres como ministras, aunque una de ellas está en encargo. Las altas funcionarias son:
- Rosa Villavicencio, como ministra de Relaciones Exteriores.
- Martha Carvajalino, en el Ministerio de Agricultura
- Diana Marcela Morales, en el de Comercio, Industria y Turismo.
- Helga Rivas, en el de Vivienda.
- María Fernanda Rojas Mantilla, en el de Transporte.
- Yannai Kadamani Fonrodona, en el de Cultura.
- Patricia Duque en el de Deporte
- Yesenia Olaya, en el de Ciencias.
- Irene Vélez, ministra encargada de la cartera de Ambiente.
El décimo puesto está en controversia, pues Juan Carlos Florián, recién nombrado en el Ministerio de la Igualdad, se ha declarado como una persona de género fluido, por lo que ha pedido que sea llamado “ministra”. Al respecto, la Defensoría señaló que reconoce la importancia de visibilizar las identidades y expresiones de género que no se enmarcan en una aproximación binaria y “simplista” de mujer o hombre.
Sin embargo, puntualizó que “el problema no es que una persona no binaria acceda a un alto cargo de decisión del Estado. De hecho, esto es positivo y contribuye a reconocer la diversidad de nuestra sociedad y a ampliar la democracia. Esta ampliación del reconocimiento político debe formar parte de la agenda pública. Sin embargo, la discusión debe darse con rigor técnico, jurídico y político, asegurando que no se desvirtue finalidad”.
La Defensoría agregó: “Es fundamental que dicha ampliación no se realice en detrimento de las acciones afirmativas diseñadas para garantizar la participación de las mujeres en altos niveles de decisión del Estado. La inclusión de otros grupos sociales discriminados, como las personas con identidades de sexo diversas, debe entenderse como un ejercicio de redistribución del poder político, pero no debe desconocer que la paridad de las mujeres constituye un piso mínimo irrenunciable”.
Para la entidad al mando de Iris Marín, es importante tener en cuenta que las mujeres representan más de la mitad de la población, han enfrentado barreras para el acceso a los espacios de decisión y han sido y siguen siendo objeto de una “subrepresentación estructural y sistemática en los espacios de poder”. En ese sentido, la Defensoría insistió en que el problema que quiere alertar no es que una persona no binaria acceda a altos cargos en el Estado.
La verdadera dificultad, añadió la entidad, es que esos nombramientos se hagan a costa de la representación de las mujeres. “La solución no es la disputa de unos pocos cupos entre mujeres y personas no binarias, sino la ampliación de la participación de todas las poblaciones en toda su diversidad, sin desconocer la obligación de paridad”, concluyó la Defensoría.
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