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“¿Por qué el glifosato afecta la salud cuando se usa para combatir el delito, pero no cuando se usa para la agricultura y la ganadería? ¿Acaso el verdadero riesgo para la salud de los campesinos y las comunidades de las zonas cocales no son los insumos químicos que acaban en las aguas y en las tierras? ¿Si la participación popular es necesaria para utilizar el glifosato en la lucha contra un delito, por qué no es obligatoria cuando se usa para la agricultura?”. Esas fueron las preguntas que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) acaba de enviarle a la Corte Constitucional, con lo que pretende tumbar una reciente decisión que frenó el retorno de la aspersión con glifosato.
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A través de un escrito de nulidad, la Andje pide que deje sin efectos el fallo de la Corte del pasado 19 de enero, que frenó el plan de manejo ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Con este proyecto, el Gobierno buscaba volver a la aspersión aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito en 14 departamentos y 104 municipios. Sin embargo, una tutela dejó en suspenso el plan de Gobierno, pues en ella se documentó que durante la pandemia por covid-19, las poblaciones afectadas no pudieron conocer en su integralidad el “abc” del plan contra el narcotráfico, un requisito fundamental para que el Gobierno pudiera poner en marcha su plan.
La Andje le argumentó a la Corte que el Estado, con todas sus instituciones, tiene el deber de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de lucha contra todos los delitos, en especial contra el narcotráfico. Señaló que el glifosato permitió pasar de 180.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el 2000, a cerca de 50.000 en 2014. Ese fue el año en el cual se suspendieron las aspersiones aéreas. La Agencia mencionó que a la fecha los cultivos de coca aumentaron a más de 220.000 hectáreas, lo cual permite el financiamiento de los grupos armados ilegales y pondría, dice, en peligro el Acuerdo de Paz.
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“Combatir los cultivos ilícitos no implica desconocer el problema social que hay a su alrededor, pero una prohibición como la impuesta en nada contribuye a la solución de lo social. Por el contrario, agrava y eterniza el problema social y de derechos humanos que padecen los campesinos, utilizados de forma vil por los narcotraficantes para lucrarse. El derecho a la participación ciudadana no puede invocarse para evitar la acción de las autoridades ni puede estar por encima del cumplimiento de la ley y de los tratados internacionales, especialmente cuando se trata de combatir un delito contra la salud pública y contra el ambiente que además atenta contra la paz”, explicó la Andje.
La Agencia dio a conocer que la Corte podría tener en cuenta el daño ambiental causado por el narcotráfico. Entregó un dato clave: de acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), para 2019 Colombia tenía dos tercios del área mundial de cultivos de hoja de coca. Además, que el país produce el 64% de toda la cocaína del mundo. Según el texto, entre 1992 y 2012, Colombia perdió un total de 6′206.900 hectáreas de bosque fruto de la deforestación ocasionada por la siembra de cultivos de uso ilícito.
Señaló que para el cultivo de coca y procesamiento de cocaína se utilizan más de 17 productos químicos sólidos y líquidos: úrea, cemento, gasolina, amoníaco, ácido sulfúrico concentrado, permanganato de potasio, metabisulfito de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de calcio, carbón activado, reciclos alto y bajo, acetatos, metiletilcetona, ácido clorhídrico, alcohol isopropílico y herbicidas, fungicidas e insecticidas. Agregó que para cultivar una hectárea de hoja de coca y transformarla en cocaína se utilizan 568.2 litros de insumos líquidos por cosecha.
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“Una cifra final para cerrar este contexto: Mientras los narcotraficantes vierten en la selva 496,3 kilos de químicos sólidos por hectárea al año y 2.331 litros de químicos líquidos por hectárea al año, el Estado solo requiere el uso de cerca de 10 litros por hectárea al año”, concluyó la Agencia. Además, invitó a la Corte Constitucional a revisar si realmente se comprobó la afectación de las comunidades, las cuales recibieron información por parte de la Policía Nacional, que estaba a cargo de la implementación del plan de manejo ambiental.
La Policía Nacional, durante el trámite de tutela que perdió el Gobierno, explicó que para noviembre de 2020 entregó 104 kits informativos a la comunidad a través de los comandantes de las estaciones de Policía de los 104 municipios. Los kits contenían 30.000 cartillas didácticas, 30.000 volantes informáticos, 10.400 volantes de invitación, 17 pendones informativos y 30 copias de los estudios ambientales del Plan de Manejo Ambiental. La Corte Constitucional consideró que esa estrategia funcionó. El problema resultó de las reuniones presenciales y virtuales sobre el tema. Y suspendió el plan, hasta que las comunidades escuchen y tengan voz y voto real para un eventual retorno de la aspersión.
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