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La Corte Constitucional aprobó de manera parcial el Plan de Acción Integrado y Unificado, que fue presentado por el Gobierno Nacional, el cual establecía las medidas cautelares para la protección de los derechos fundamentales de las niñas y niños del pueblo Wayuu. Sin embargo, el alto tribunal le ordenó al Gobierno enviar los ajustes necesarios para la aprobación total del plan en un plazo máximo de un mes.
La sala advirtió que aunque “esta nueva versión del Plan, en su gran mayoría, cumple con los parámetros técnicos exigidos”, le faltaría mayor integración y articulación, específicamente en las propuestas asociadas a la protección de los derechos. Sobre este punto, la Corte solo aprobó uno de los cinco componentes, aquel que se refiere al derecho a la movilidad, solicitando ajustes para lo relacionado con el derecho a la información, seguridad alimentaria, al agua y a la salud.
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Desde el año pasado, la Corte le había ordenado al Gobierno Nacional entregar un “plan de acción integrado y unificado, que cumpliera con los parámetros técnicos y constitucionales que la situación exige”, luego de rechazar su propuesta inicial. En esta ocasión la magistratura reconoció avances, pero continúa identificando inconsistencias, pues en algunos puntos faltaría información más precisa. Finalmente, el alto tribunal le ordenó a las entidades continuar con las acciones que ya se encontraban en marcha, tanto en este pronunciamiento, como en el de 2023.
El antecedente de esta decisión se remonta a 2017, cuando la Corte reconoció que se estaba presentando una “vulneración generalizada, masiva, desproporcionada e injustificada” de los derechos de los niños y niñas Wayuu en La Guajira. Dicha problemática se estaba dando, según el alto tribunal, por las fallas estructurales de las entidades públicas y la desarticulación entre las autoridades territoriales y nacionales. Por ello se ordenaron medidas para que las políticas públicas que se diseñaran, de manera posterior, cumplieran con los parámetros técnicos y constitucionales que requería la situación.
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En 2021, la Corte nuevamente se pronunció, advirtiendo que era necesario que se hiciera seguimiento a las órdenes que se habían emitido en la sentencia de 2017, por esto finalmente en 2022 se adoptaron medidas cautelares que buscaban la protección de los derechos de la niñez en el territorio. Fue mediante este documento que se ordenó el diseño y puesta en acción de un Plan Provisional que atendiera esta solicitud. Sin embargo, en 2023, cuando el Gobierno Nacional envió su propuesta, esta no fue aprobada, pues no cumplía con los parámetros exigidos.
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