Michelle Figueroa, subdirectora de Acuerdos de la Federación Nacional de Departamentos (FND) lidera el Programa Anticontrabando, que, de la mano con Fuerza Pública y las secretarías de Hacienda de todo el país le hacen frente a este delito que, silenciosamente, desangra las finanzas públicas. Figueroa le contó a El Espectador en entrevista que, con los impuestos que se dejaron de percibir en 2020 por el contrabando de cigarrillos, calculan que se habrían pagado más de 15.000 camas UCI en plena pandemia. Dice que les preocupa la falta de regulación del comercio electrónico, la alta incidencia de esta forma de evasión de impuestos en el Caribe y advierte que, además de ser un crimen, comprar tabaco o alcohol contrabandeado puede ser riesgoso.
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¿Qué evaluación hace del fenómeno del contrabando en Colombia en 2021?
Gracias a los registros obtenidos en el Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones (ORCA), herramienta vital para la medición y control de la gestión de los Grupos Operativos, se evidenció que en 11 meses de 2021 hemos superado el número de cigarrillos, licores y cervezas ilegales aprehendidas en comparación con 2020. Gracias a un trabajo articulado e integral, se ha logrado la aprehensión de más de 6 millones de cajetillas de cigarrillos, 95 mil botellas de licor (750ml), y 460 mil cervezas (350ml), mercancía avaluada por un valor comercial de más de 22 mil millones de pesos. Igualmente, hemos realizado más de 4.600 actas de aprehensión y procedimos con el cierre a 546 establecimientos comerciales por permitir la compra y venta de cigarrillos y licores de contrabando.
Respecto al recaudo de los departamentos gracias a los productos derivados al impuesto al consumo, como lo son el tabaco, las cervezas, los vinos y los aperitivos, a la fecha supera los 2.32 billones de pesos.
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¿Qué regiones del país les preocupan más por este delito?
De acuerdo al último estudio ‘Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia’, realizado por Invamer para la FND, identificamos que los departamentos en los cuales se presentó un incremento en el consumo de cigarrillos ilegales, y en los cuales hemos fortalecido el Programa Anticontrabando con mayor inversión y estrategias focalizadas, son: Sucre, Córdoba, Atlántico, San Andrés, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Caldas, Putumayo, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Guaviare y Santander; sin embargo, es una gran oportunidad para resaltar los hechos positivos, como que Magdalena, Cesar, Bolívar, Chocó, Vaupés, Vichada, Norte de Santander y Arauca, y Bogotá lograron disminuir el consumo de cigarrillos ilegales.
Si analizamos los resultados del estudio Invamer por regiones, encontramos que en los departamentos de la Costa Caribe, el consumo de cigarrillos ilegales en el mercado, para 2020, se registró en 67%, 14 puntos más que en 2019, y más de 30 puntos porcentuales por encima de la media del país, registrada en 34%. En esta región tenemos la lupa puesta e implementaremos en los próximos meses una estrategia de comunicación focalizada para promover la cultura de la legalidad entre la población, vincular a los jóvenes, y motivar un cambio cultural que sensibilice sobre la tributación y el retorno en salud, educación y deporte para la propia comunidad.
¿Cuáles fueron las principales modalidades de contrabando que descubrieron este año?
El comercio electrónico (Por canales digitales y/o redes sociales), y el denominado contrabando técnico, el cual se da a través de los grandes puertos comerciales y requiere un capital financiero robusto, ya que la cantidad de mercancía ilegal es ingresada en contenedores.
Para el caso del comercio electrónico, desafortunadamente no es una actividad regulada y los grises en su funcionamiento permiten que cualquier usuario con acceso a Internet pueda ofrecer y adquirir bebidas alcohólicas y/o cigarrillos ilegales, sin mayor rigurosidad y con una fachada como ‘grandes descuentos’ que se tornan altamente atractivas para los consumidores. A diario identificamos publicidades pagas de licoreras u otro tipo de establecimientos comerciales que no tienen punto de atención físico y únicamente trabajan a domicilio y bajo encargo. Llevamos meses investigando y continuaremos trabajando por liderar un estudio que nos permita entender con cifras reales y aterrizadas el fenómeno del contrabando oculto en Internet. Este es un tema prioritario al cual todos, tanto Gobierno como ciudadanía, debemos prestarle atención.
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Esta preocupación va de la mano con el último estudio del Instituto de Ciencia Política (ICP) y Prolicores, en el cual se identificó que los contrabandistas han concebido una estrategia de ventas diferente por medio de domicilios: los grupos de WhatsApp que conectan licoreras con los clientes finales han tendido a aumentar. De igual manera, la venta por plataformas digitales se ha consolidado como una vía de comercialización segura para la ilegalidad. A menos de que el producto sea visiblemente ilegal, casi que cualquier producto puede ser comercializado por Internet. Y ante la dificultad de establecer la legalidad del ingreso de bebidas alcohólicas que se venden en esas plataformas, esta constituye una puerta abierta muy segura para su comercialización.
¿Cómo afecta el contrabando las finanzas y la seguridad de las regiones?
Gracias a los productos sujetos Impuesto al Consumo, como cigarrillos, vinos, cervezas y aperitivos, los departamentos fortalecen sus rentas y las invierten en mejoras a los servicios de salud, educación y deporte. Para poner un ejemplo que todos entendamos: en 2020, el impuesto al consumo de productos derivados del tabaco permitió el recaudó de más de 718.000 millones de pesos, los cuales fueron destinados exclusivamente para financiar el aseguramiento en salud de más de 24 millones de personas vulnerables.
Ahora bien; de acuerdo al estudio Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, pudimos identificar que, durante 2020, un año marcado por la pandemia, el contrabando de cigarrillos en el país llegó al 34%, cuatro puntos más que lo registrado en 2019. Esto significó que el año pasado, los departamentos dejaron de recibir cerca de 700.000 millones de pesos. Y en los últimos cuatro años, Colombia dejó de recaudar casi dos billones de pesos. Con lo que dejaron de recaudar los departamentos en 2020 a causa del consumo de cigarrillos ilegales, se hubieran podido habilitar más de 15.760 camas UCI a diario durante un mes.
Para el caso de licores, según el estudio Euromonitor 2020, entre 2017 y 2019, el consumo de bebidas alcohólicas ilegales experimentó un leve aumento de 2.9%; quiere decir que, en promedio, durante 2019 los consumidores pagaron más por bebidas alcohólicas – ambas legales e ilegales, y que el principal impulsor de este cambio fue el aumento en los precios de venta, por lo cual hubo un incremento en la pérdida fiscal de 4.8% entre 2017-2019, unos 678 millones de dólares. Además, hay un dato absolutamente alarmante, y es que 1 de cada 5 botellas de bebidas alcohólicas es ilegal.
En cuanto a seguridad, el flagelo del contrabando es una cadena criminal con múltiples eslabones asociada a otros delitos conexos, como la corrupción, el fraude procesal, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, lo cual en territorio implica un aumento de la violencia y financiación a grupos delincuenciales. Uno de nuestros propósitos es que la ciudadanía interiorice que cuando compra y/o vende productos ilegales está siendo cómplice de delincuentes y les está facilitando recursos para hacer daño a la población.
Además de la seguridad y las finanzas, ¿en qué otros aspectos se ven afectadas las regiones con el contrabando?
Desde el punto de vista cultural, el contrabando de cigarrillos y licores alimenta la inamadversión de la ciudadanía con el cumplimiento tributario y el pago de impuestos; la evasión del impuesto al consumo de productos tan comunes como los derivados del tabaco o las bebidas alcohólicas, es una huella muy negativa donde la misma población se está alejando de las oportunidades de inversión para facilitarle el camino más fácil a la delincuencia. Un caso puntual: el régimen especial aduanero por el cual entran mercancías a Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, lleva más de medio siglo sin pagar aranceles y ha sido históricamente la autopista del contrabando en Colombia. La importancia del contrabando en esta zona radica en el pronunciado divorcio entre las leyes que pretenden regularlo y la cultura que lo ejerce. La práctica se ha ejercido con tal naturalidad que resulta legítima ante sus pobladores, los cuales en diferentes ocasiones le han exigido al Estado tolerancia y respeto por la actividad.
Ahora, desde un enfoque de salud pública, es importantísimo resaltar que los productos ilegales pueden ser también adulterados. Si bien el cigarrillo que ingresa evadiendo impuestos no tiene mayor diferencia en cuanto a calidad y efecto para el consumidor, fuera de las ya conocidas afectaciones, el licor puede ser mortal. Al menos 25 personas fallecieron durante 2020 por consumir bebidas alcohólicas adulteradas, según el Instituto de Ciencia Política (ICP).
Finalmente, según un estudio de la industria licorera, realizado entre 2014 y 2020, en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín, el porcentaje de licor adulterado es del 31.62%. La ciudad con mayor nivel de adulteración es Barranquilla, con un 54.86% del licor analizado; Bogotá sigue con 30.2%
¿Cuál es el principal desafío que han encontrado para enfrentar el contrabando?
Son varios los desafíos con los cuales nos hemos cruzado en la lucha anticontrabando. El primero, es que el cigarrillo de contrabando es particularmente atractivo para los contrabandistas, pues los altos impuestos hacen que la brecha de precio entre el producto ilegal y el producto legal sea muy grande, lo cual incrementa la rentabilidad del producto ilegal y su competitividad en comparación con el producto legal.
El segundo reto, tiene que ver con las principales fisuras detectadas frente al marco de la Ley Anticontrabando, específicamente con la efectividad y aplicación de las penas, pues el contrabando se vincula a otros delitos como la corrupción, el fraude procesal, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Diferentes estudios han probado que en lugar de repatriar directamente todos los recursos en dólares provenientes de la venta de cocaína, los narcotraficantes invierten una parte del dinero en comprar productos que pueden ser introducidos al país para ser vendidos de contrabando y aumentar su ganancia. Aquí, el lavado de activos cobra especial relevancia en el delito de contrabando de cigarrillos, pues las ganancias derivadas de esta actividad ilegal se trasladan a grupos delincuenciales, quienes los usan en actividades que ponen en riesgo la integralidad del Estado, así como la preservación y el buen funcionamiento del Estado de derecho y de sus instituciones.
Para ahondar en este punto, en meses pasados desde la FND presentamos el Estudio sobre el contrabando de cigarrillos desde una perspectiva tributaria, realizado junto al Instituto de Ciencia Política (ICP). Identificamos que hay poca presencia y falta de “mano dura” en las zonas fronterizas, francas y aduaneras, con una evidente ausencia de control en las zonas de régimen aduanero especial y de un seguimiento eficaz de la localización de las mercancías.
El tercer reto va de la mano con la complejidad para diferenciar un cigarrillo legal de uno ilegal, por lo cual el consumidor rara vez encuentra algún tipo de anormalidad al consumirlo. Esto se explica, según el estudio Invamer, en el 54% de alta satisfacción que los encuestados indicaron al fumar un cigarrillo de contrabando. Tan solo el 3% se declaró muy insatisfecho con estos productos. Además, el 84% de los encuestados afirmó preferir este producto por ser el más económico, y el 36%, por ser el más fácilmente disponible, factor que influye directamente en la capacidad adquisitiva del consumidor, pues una cajetilla de cigarrillos de contrabando es hasta 58% más económica que una legal.
Y el cuarto, con el contrabando de licores en Colombia tenemos un grave problema y es que, a diferencia del narcotráfico, donde todos los eslabones de la cadena son ilegales y están explícitamente tipificados por el código penal, en el contrabando y la adulteración de licor son más los eslabones legales que los ilegales. Esto quiere decir que muchas de las normas vigentes amparan dentro de la legalidad buena parte de las acciones que realizan estas redes para llevar a cabo su operación ilegal. Además, el margen de utilidad de una botella de alcohol adulterado es de 300 a 600%.
Aunque las redes criminales sufren incautaciones y capturas, normalmente los delitos son excarcelables y hay alta tendencia a reincidir en la misma actividad. Por otra parte, se estima que el margen de utilidad de una botella de alcohol de contrabando es del 32%, que puede aumentar al 42% si es un instrumento de lavado de activos. Aunque para este delito también hay aprehensiones y capturas, estas son más difíciles de sostener en la medida que requieren un robusto y completo proceso judicial probatorio.
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