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La Defensoría del Pueblo emitió la quinta Alerta Temprana de Inminencia de 2026. Esta vez, para los municipios de El Peñol y El Tambo, en el departamento de Nariño, ante el riesgo creciente para la población civil por confrontaciones armadas y el uso de drones cargados con explosivos.
Según la entidad, el escenario de riesgo se da por dos dinámicas principales. La primera es la disputa territorial por el control del corredor vial de Guambuyaco, considerado un eje estratégico para la movilidad de tropas y economías ilícitas.
En esa zona, el frente Franco Benavides, del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las disidencias de “Mordisco”, adelanta un proceso de expansión que choca con la presencia de otros grupos como Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.
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La segunda dinámica, calificada como de extrema gravedad, es el uso recurrente de drones adaptados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, entre ellas la Alcaldía de El Peñol. Estos ataques, que se han intensificado desde noviembre de 2025, han ocurrido en zonas urbanas y centros poblados, afectando tanto a civiles como a fuerza pública.
La alerta cobija los cascos urbanos de El Tambo y El Peñol, así como varios corregimientos y veredas en ambos municipios, donde se concentra la confrontación armada y el riesgo para la población civil.
La Defensoría advirtió que ya se han generado graves consecuencias humanitarias. Se reportan civiles afectados por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias, incluida población indígena, ocurrido en diciembre pasado.
Asimismo, alertó sobre el ejercicio de “gobernanza armada” por parte de los grupos ilegales, mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta difundidas por WhatsApp y panfletos, y la coacción para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.
El organismo señaló un riesgo elevado para niñas, niños y adolescentes, expuestos a reclutamiento forzado y a los combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil. También advirtió amenazas contra la autonomía y el gobierno propio de comunidades indígenas, así como contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, quienes han sido víctimas de amenazas, instrumentalización y citaciones obligatorias a reuniones clandestinas.
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En áreas rurales, la Defensoría denunició que campesinos enfrentan riesgos por la contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También, servidores públicos y transportadores han sido blanco de amenazas y ataques contra infraestructuras oficiales.
En la Alerta, la Defensoría emitió 16 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades. Entre ellas, instó al Ministerio del Interior a coordinar acciones urgentes; al Ministerio de Defensa, a implementar estrategias antidrones y operaciones de desminado; y a la Unidad Nacional de Protección y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a reforzar medidas de protección para líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.
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También pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz verificar el cumplimiento de acuerdos especiales sobre desminado y no reclutamiento de menores; a la Gobernación de Nariño, asignar recursos para proyectos de prevención; y a la Fiscalía exigió avanzar en investigaciones por amenazas y ataques contra líderes sociales.
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