Publicidad
13 Aug 2021 - 10:30 p. m.

Gustavo Malo, condenado a nueve años de prisión por el cartel de la toga

La Corte Suprema señaló que el exmagistrado de la Sala Penal participó en la red de políticos y altos funcionarios de la Rama Judicial para torcer fallos, escándalo denominado como el cartel de la toga. Fue condenado por el delito de cohecho (soborno) y concierto para delinquir.
Gustavo Malo fue detenido en mayo de 2019 y hoy se encuentra en una guarnición militar.
Gustavo Malo fue detenido en mayo de 2019 y hoy se encuentra en una guarnición militar.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años y medio al exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Enrique Malo Fernández, una de las piezas del engranaje de corrupción denominado cartel de la toga. Malo es el segundo condenado que no aceptó cargos por el escándalo, luego del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. La Sala concluyó que el condenado se aprovechó de su toga para intentar torcer procesos contra congresistas, por lo cual negoció millonarios sobornos. Fue multado con $85 millones y no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.

Lea también: Niegan libertad a magistrado Gustavo Malo, investigado por el cartel de la toga

De acuerdo con el expediente de la Comisión de Acusación de la Cámara, investigación avalada por la Corte Suprema, Gustavo Malo hizo una alianza corrupta con abogados y el exmagistrado Ricaurte para abordar congresistas y, conociendo detalles exclusivos de sus expedientes penales, favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero. Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra.

En la sentencia se menciona al exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas”. Ambos políticos aceptaron entregar esas millonarias sumas de dineros. Según reza la sentencia, los acercamientos a los políticos fueron tarea de los abogados Luis Gustavo Moreno, antiguo fiscal anticorrupción, y Leonardo Pinilla, quienes a su vez obtenían información confidencial entregada por el exmagistrado Ricaurte.

Todo nació en el marco del programa de cooperación internacional entre Estados Unidos y Colombia, cuando en 2017 el Departamento de Justicia del país norteamericano remitió a la Fiscalía evidencia sobre unas conversaciones entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en las que se hacía mención a posibles actos de corrupción en el trámite de procesos adelantados contra algunos congresistas en la Corte Suprema. Autoridades norteamericanas le filtraron a la Fiscalía que estarían involucrados abogados litigantes, magistrados y exmagistrados de la Corte.

Antecedentes: Cartel de la Toga: Procuraduría pide condenar al exmagistrado Gustavo Malo

Entre sus consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, despacho en el cual trabajó Malo entre 2012 y 2018, fue contundente en mencionar que se trata de uno de los organismos de justicia más prestigioso de Colombia, con 135 años aportándole al Estado Social de Derecho. Los magistrados se permitieron un espacio para explicar que su trabajo ha logrado grandes avances para la justicia colombiana, tales como la sanción a la “parapolítica” y a la “farcpolitica”, por lo cual ostentan una labor que no puede ser manchada por actos de corrupción.

Ahora, entre la acusación de la Comisión y la sentencia en poder de El Espectador hay unas diferencias. Para empezar, la Corte desestimó que Malo hubiera incurrido en el delito de utilización de asunto a reserva por motivos meramente administrativos de la legislación colombiana. Luego, aunque el despacho lo condenó por prevaricato por omisión, lo absolvió por prevaricato por acción ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, el prevaricato es la actuación irregular en razón al cargo. Para la Corte, el exmagistrado Malo es responsable por lo que no hizo: nunca adelantó las investigaciones, con celeridad y eficiencia, contras Ashton y Besaile. “Clara inacción”, sostuvo la Corte.

“Dilató en lo posible las actuaciones para impedir la materialización de medidas restrictivas, como órdenes de captura, o con el ánimo de que se alcanzara la prescripción de la acción penal”, se afirma en la sentencia. Durante el juicio paralelo de Ricaurte, la mayoría de magistrados auxiliares testigos coincidieron en que la prescripción es la pesadilla de la Corte, pues representa la ineficiencia del funcionario investigador. Gracias a Malo, se trabó la captura con fines de indagatoria de Besaile, de quien se cree habría obtenido réditos políticos al aliarse con las Autodefensa en Córdoba.

Lea también: Por “falta de seriedad y compromiso” JEP expulsó al exsenador Musa Besaile

El magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, a quien Malo le pidió la renuncia en 2015 (fue aceptada) y en cuya oficina aterrizó por un tiempo el expediente de Besaile, aseguró que en el municipio de Valencia (Córdoba), “Besaile Fayad obtuvo una extraordinaria votación, y que fueron tres hombres de la mayor cercanía y confianza de Salvatore Mancuso quienes afirmaron que el aforado se reunía con el referido jefe de las AUC en una finca llamada “Los Guayabos” o “La Capilla” con el objeto de apoyar o discutir el apoyo que se brindaría a una política de la región que aspiraba a alcanzar la gobernaci6n del departamento”.

Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado cuatro años y 10 meses, primer sentenciado del cartel y colaborador de la justicia, aseguró que lo acordado con Musa Besaile fue que, en 2015, se produjera un “efecto dominó” al sacar del puesto al magistrado auxiliar Reyes Rodríguez. La salida mantuvo el expediente en suspenso y de ahí el prevaricato por omisión de Malo. De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema recién abrió investigación penal formal a Besaile en 2018, cuatro meses después de que Malo fuera suspendido de su puesto.

Otra de las piezas del cartel de la toga y que fue condenado en primera instancia fue Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema. A finales de marzo de 2021, un juzgado penal de Bogotá lo condenó a 19 años de prisión por por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público. El despacho judicial cuestionó severamente su rol a comienzos de marzo de 2021, cuando el juez del caso dictó un sentido de fallo condenatorio.

“A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, explicó el juez. Además le dio plena credibilidad al testigo estrella del caso: Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción de la administración de Néstor Humberto Martínez.

En contexto: Francisco Ricaurte fue condenado a 19 años de prisión por el cartel de la toga

Moreno, que fue condenado en 2018 a cuatro años de prisión, dijo que Ricaurte era su conexión en la Corte Suprema. “Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), señaló Moreno en agosto de 2020 en medio del juicio.

La captura de Moreno, en junio de 2017, fue la génesis del cartel de la toga. En ese momento, el alto funcionario del ente investigador fue capturado en su propia oficina, luego de que la DEA entregara unos audios a las autoridades colombianas que daban cuenta que Moreno le había pedido un millonario soborno a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, quien tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana por un supuesto desfalco del erario de ese departamento.

Síguenos en Google Noticias

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar