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Desde 2013, Colombia vive una crisis carcelaria que todavía está lejos de superarse. Este 4 de noviembre, durante una audiencia pública de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la Corte Constitucional conoció un panorama marcado por el hacinamiento, las deficiencias sanitarias, las dificultades para garantizar la alimentación y los retrasos en la construcción de nuevos establecimientos. La diligencia, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, buscaba establecer qué han hecho las autoridades para cumplir las órdenes impartidas por el alto tribunal y cuáles son los obstáculos que impiden garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. La discusión también incluyó la situación de quienes permanecen durante meses en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), pese a que estos lugares fueron concebidos para detenciones temporales. El diagnóstico dejó en evidencia que las vulneraciones no se limitan a la falta de espacio.
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Uno de los datos más preocupantes fue presentado por el propio magistrado Ibáñez, quien expuso que los centros de detención transitoria del país albergan a 18.824 personas, pese a que su capacidad es de apenas 9.686. Según dijo, esto representa una sobreocupación de 9.138 personas y un índice de hacinamiento del 94,34 %, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional con corte al 24 de agosto de 2026. De quienes permanecen en estos espacios, 17.292 superaron el límite legal de 36 horas de detención y 674 tienen condenas en firme. El togado reconoció que el indicador ha disminuido frente a los niveles superiores al 134 % registrados años atrás, pero advirtió que sigue siendo una cifra escandalosa. En sus palabras, se trata de una situación que constituye “casi que una tragedia humanitaria” y que se necesitan acciones urgentes de las autoridades.
Sin embargo, no todo fueron cifras. En la audiencia también participaron personas privadas de la libertad. Por ejemplo, una mujer privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, denunció ante el alto tribunal problemas de higiene, alimentación y atención de la salud mental, entre otras fallas. Según relató, los alimentos que reciben presentan condiciones inadecuadas y, en ocasiones, llegan en mal estado. Al referirse a la comida, aseguró que los productos “llegan negros, por lo general”. La interna también puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a condiciones dignas dentro del establecimiento. Dentro de su intervención dijo: “cumplir una condena no significa dejar de ser persona”.
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Otra intervención desde El Buen Pastor fue la de Diana Patricia Giraldo, una privada de la libertad, quien llamó la atención sobre la necesidad de garantizar verdaderos procesos de resocialización. Su planteamiento estuvo dirigido no solamente a las condiciones que enfrentan las personas durante su permanencia en prisión, sino también a las dificultades que encuentran cuando recuperan la libertad. Giraldo advirtió sobre los prejuicios y la estigmatización que acompañan a quienes intentan reincorporarse a la sociedad después de cumplir una condena. Su intervención puso de presente que la resocialización no puede limitarse a programas dentro de los establecimientos penitenciarios, sino que debe contemplar oportunidades para reconstruir proyectos de vida una vez termina la privación de la libertad. La discusión, por tanto, volvió a poner en cuestión uno de los propósitos centrales de la pena: preparar a las personas para regresar a la sociedad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, también presentó los resultados de las inspecciones realizadas en 94 centros de detención transitoria durante 2026. Según la entidad, el 94 % de las personas privadas de la libertad en estos lugares supera el tiempo máximo legal de permanencia y el 59 % lleva más de tres meses bajo custodia en espacios que no están diseñados para estancias prolongadas. Marín identificó problemas de distribución de competencias y financiación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, especialmente para atender a las personas sindicadas. “El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) no persiste por una falta de diagnóstico”, señaló. Para la defensora, el problema está en que “la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte Constitucional con el goce efectivo de derechos se rompe en los eslabones que ya podemos identificar”.
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Según dijo la defensora, “la causa de fondo es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales tienen responsabilidades frente a la población sindicada, pero no cuentan con una fuente de financiación claramente definida”. Las dificultades de infraestructura también ocuparon buena parte de la discusión. El director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, presentó el estado de cuatro proyectos penitenciarios que buscan ampliar la capacidad del sistema. La cárcel de Riohacha registra el mayor avance y tiene prevista su entrega para diciembre de 2026; la de Pereira presenta una ejecución cercana al 65 % y se proyecta para abril de 2027. Por su parte, el establecimiento de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, registra un avance del 87 %, pero su entrega está prevista para agosto de 2027, mientras que el de Barrancabermeja apenas alcanza el 41 % y estaría listo en 2028. Buitrago reconoció que la ejecución paralela de los procesos de construcción pudo incidir en los retrasos: “Esto no ha permitido que se entregue ninguno a su finalidad”.
Frente a ese panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió los planes del gobierno de Abelardo de la Espriella para ampliar la infraestructura penitenciaria y anunció que se buscarán recursos mediante la venta de activos improductivos de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. El funcionario aseguró que la cárcel de Riohacha será entregada antes de finalizar noviembre y que se acelerará la terminación del establecimiento de Sabanas de San Ángel. Además, anunció que la administración proyecta la construcción de megacárceles y nuevos establecimientos penitenciarios. “Nosotros no llegamos a administrar el desorden, llegamos a arreglar el desorden que se encontró”, manifestó Cancino. El ministro también sostuvo que los proyectos de Riohacha, Sabanas de San Ángel, Pereira y Barrancabermeja contemplan 6.722 nuevos cupos para la población privada de la libertad.
A su turno, el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, planteó que la solución tampoco puede concentrarse exclusivamente en construir más cárceles o aumentar las penas. Durante su intervención cuestionó el populismo punitivo y pidió revisar la política criminal del país, especialmente las decisiones que terminan incrementando la población penitenciaria sin garantizar condiciones adecuadas de reclusión ni alternativas para la resocialización. “Nada hacemos con ese populismo punitivo de aumentar las penas”, afirmó.
La audiencia dejó sobre la mesa una conclusión: pese a las órdenes judiciales, los anuncios gubernamentales y algunos avances territoriales, Colombia continúa sin resolver las fallas estructurales que dieron origen al Estado de Cosas Inconstitucional. La situación de las estaciones de Policía y las URI evidencia que las responsabilidades entre la Nación y los municipios siguen sin traducirse en soluciones suficientes, mientras que las obras penitenciarias avanzan con retrasos y las personas recluidas denuncian vulneraciones que afectan su dignidad. Por ahora, la jornada permitió contrastar las promesas institucionales con la realidad de quienes permanecen privados de la libertad. El desafío sigue siendo convertir las órdenes judiciales en garantías efectivas de derechos.
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