En medio de la crisis de hacinamiento en centros de detención transitorios, el Gobierno nacional y las altas cortes acordaron poner en marcha un plan para trasladar a 496 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía hacia cárceles administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La decisión se conoció este 13 de abril, tras una reunión entre el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, en la que se definió una hoja de ruta para descongestionar estos espacios, que actualmente albergan internos en condiciones precarias. Desde 1998, la Corte Constitucional declaró como estado de cosas inconstitucional la problemática de hacinamiento en las cárceles del país.
El plan contempla el traslado progresivo de los detenidos a centros penitenciarios formales, como una medida urgente para reducir la sobreocupación en estaciones de Policía y sedes de la Fiscalía, que no están diseñadas para reclusiones prolongadas.
El Ministerio de Justicia aclaró que las 496 personas privadas de la libertad que serán trasladadas ya fueron condenadas y que no se trata de movimientos internos entre cárceles. Asimismo, señaló que la medida “no tiene ninguna relación con el caso Itagüí”, donde el pasado 1 de abril una parranda vallenata al interior del penal, con participación del cantante Nelson Velásquez, derivó en la salida del director de la cárcel y en investigaciones por parte del Inpec y la Procuraduría.
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La cartera dirigida por el ministro Cuervo indicó que la “medida responde a un requerimiento de la Corte, tras la reunión del viernes pasado con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Bogotá, en la que se analizaron acciones frente al hacinamiento en estos espacios”. Además, precisó que los traslados de personas privadas de la libertad son recurrentes: “semanalmente se realizan entre 300 y 400 movimientos”, detalló Minjusticia.
El encuentro de este lunes, realizado en la Corte Suprema, reunió a representantes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y distintas entidades del Estado para analizar la situación del sistema carcelario colombiano y avanzar en soluciones que permitan garantizar condiciones dignas a la población privada de la libertad.
Durante la reunión se resaltó la necesidad de fortalecer la articulación entre las instituciones. En ese contexto, se revisaron iniciativas como las brigadas jurídicas y la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, que busca, en este caso, disponer de bienes e infraestructura de manera más ágil para ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Las entidades coincidieron en la necesidad de revisar la política criminal y su articulación con la política de seguridad, así como el esquema de competencias y recursos de las entidades territoriales.
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Además, se planteó fortalecer los sistemas de información y el intercambio de datos entre el Inpec, “la Policía y el Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer los sistemas de información de la Defensoría (Aurora, Celeste y María) para lograr más efectividad en las actividades que desarrolla esta entidad en relación con las personas privadas de la libertad”.
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