Policía abusó mujeres por rebelarse de roles de género: Amnistía Internacional

En ninguno de los 28 casos reportados por Amnistía Internacionales hay condenas y, en la mayoría de ellos, ni siquiera se pudo identificar al victimario.

Foto: Éder Rodríguez

El 15 de junio de 2021, Rosario* y su hija Natalia* confesaron, ante colaboradores de la ONG Amnistía Internacional, una serie de hechos atroces perpetrados en el pasado paro nacional. En principio, Rosario* fue impactada por proyectil de arma traumática en la cabeza y Natalia* en la espalda. “En tanto, un agente del Esmad coge a mi hija para tratar de ahogarla en un pozo de agua que había en el sector. Yo soy arrastrada con golpes por bolillos y patadas hasta el cañal, donde un agente me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior con el fin de tocarme las áreas genitales”, explicó una de las víctimas.

Se trata de uno de los testimonios que recopiló Amnistía Internacional para presentar su informe “La Policía no me cuida: violencia sexual y otras violencias basadas en género en el paro nacional”. Según el caso particular, luego de abusar de Rosario*, los policías las amenazaron así: “zorra, anda, llévales un mensaje a esos hijueputas, que lo mismo le va a pasar a cualquiera”. Como esta denuncia, Amnistía Internacional documentó otros 27 casos entre Cali, Palmira, Popayán, Soledad, Tunja, Manizales y Bogotá. En todos se evidencia una clara tendencia machista por parte de los uniformados, quienes, como indican las voces de las víctimas, castigaron con violencia de género a las mujeres al manifestarse y escapar de su supuesto rol de género asignado en sociedad.

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De los 28 casos conocidos a fondo por Amnistía, el 85 % corresponden a mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia sexual y de género. Según la Defensoría, entre abril y junio de 2021 las denuncias llegaron hasta 112 y, como lo afirmó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en el paro. Para Amnistía, en la mayoría de los casos se les puede investigar responsabilidad a miembros del Esmad que actuaban en contextos de dispersión de protestas. Las mujeres y niñas fueron separadas de los grupos y, cuando estaban solas, bajo el pretexto de hacerles requisas, fueron manoseadas y violadas.

Ese es el caso de Camila* y Sofía*, de alrededor de 20 años, quienes el 30 de abril de 2021 denunciaron haber sido abusadas por policías hombres, ante la mirada de una agente del Esmad que se quedó de brazos cruzados. “Me insultaron diciéndome que si no quería que esas cosas me pasaran tenía que estar en mi casa”, dijo Sofía. Al contrario de lo que consideraban correcto esos policías, según el testimonio, el rol de las mujeres para Amnistía fue “preponderante”, dado que fueron acompañantes, voceras, mediadoras, organizaron ollas comunitarias y hasta actuaron en la primera línea para proteger la integridad física de quienes se manifestaban.

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A diferencia de la violencia ejercida contra los hombres, que se contabilizó en 29 homicidios y miles de lesiones personales, según la Fiscalía, las mujeres padecieron una violencia producto de la concepción machista de los uniformados. “Se ejecutó con el objetivo de castigar a quienes, al decidir salir a las calles a protestar, rompieron con los estereotipos y los roles de género asignados socialmente. Esta violencia también fue dirigida contra personas con identidad y/o expresión de género y/u orientación sexual diversa, o percibida como tal, que encontraron en las manifestaciones una forma de reivindicar y expresar su disidencia”, se lee en el informe.

Y como la violencia ejercida fue distinta, los efectos también. Las mujeres entrevistadas presentan una constante sensación de indefensión e inseguridad que afecta sus relaciones personales, laborales y sociales. Algunas sienten “quebrados” sus vínculos afectivos y tienden a aislarse y a sentir, incluso, culpa por lo ocurrido. Todas refieren que su autoestima se vio disminuida dado que fueron castigadas por supuestamente transgredir un orden social impuesto, lo cual las obliga, como resultado, a cuestionar sus roles en los espacios sociales. La ONG también registró de padecimientos de depresión, estrés agudo, ansiedad y pérdida de la capacidad de dormir y sentir placer.

“Luego de las denuncias ante entidades públicas, las sobrevivientes entrevistadas por Amnistía Internacional han sido amenazadas y, en algunos casos, esto ha generado su desplazamiento forzado”, concluye el texto. En ninguno de los 28 casos hay condenas y, en la mayoría de ellos, ni siquiera se pudo identificar al victimario. Amnistía también registró el expediente de una joven de 17 años que se suicidó en mayo de 2021, tras denunciar públicamente tocamientos por parte de policías, en un proceso de traslado en el paro en Popayán. La Procuraduría le confirmó a este diario que dos uniformados están en juicio y este 6 de diciembre se desarrollará la última audiencia, antes de decidir si son absueltos o sancionados.

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Violencia contra la comunidad LGBTI

Amnistía Internacional también documentó el caso de Gabriel*, quien es homosexual. Luego de haber sido conducido a una carceleta bajo custodia de la Policía, por su participación en las protestas, patrulleros lo pusieron en una “calle de honor” conformada por internos, donde lo abusaron y lo humillaron por su orientación sexual diversa. Cuando creía que nada podía ser peor, lo obligaron, en presencia de funcionarios públicos, a hacerles sexo oral a dos detenidos. La víctima estaba con dos amigos, a quienes les metieron dedos en el ano y los cachetearon bajo custodia.

“La Fiscalía, a pesar de que lo insistimos desde el primer momento, no quiso vincular en su acusación a la Policía. El ente investigador indica que ellos (los denunciantes) estaban cometiendo un acto que iba contra la norma social, por tanto, eran los infractores, y lo que estaba haciendo la Policía era tratarlos de tal manera que asumieran lo que estaban haciendo como infractores”, señaló Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Esa fue la organización de derechos humanos que tomó el caso de Gabriel*, quien desde los hechos se cuestiona si cambiar su manera de mostrarse ante el mundo, dado que quedó con la idea de que se transmite una imagen vulnerable.

La abogada Katrim de la Hoz agrega que la Fiscalía está omitiendo la posición de garante de la Policía, la cual tuvo bajo custodia a los denunciantes. “El mensaje que emite dicha omisión del ente investigador, es la naturalización de las violencias determinadas por la fuerza pública”, explica. Asimismo, Castañeda afirma que socialmente Gabriel* ha sido rectivimizado, a tal punto que tuvo que salir desplazado del municipio de Pueblo Nuevo (Atlántico). Los días siguientes al crimen, circularon panfletos en los cuales era visible su cara y lo ridiculizaban por lo sucedido.

¿Cuál es el alcance del informe?

En diálogo con El Espectador, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, argumentó que históricamente la violencia de género y sexual ha sido utilizada como arma de guerra en Colombia. En escenarios de conflicto armado, el cuerpo de la mujer ha sido un mecanismo para generar terror en lo territorio. Y este fenómeno, se ha visto alimentado por una impunidad alta. Según datos de la sociedad civil, recopilados por la ONG, hasta el 90% de las denuncias quedan en la impunidad.

“Nuestros informes son siempre públicos y tienen la intención de ser una herramienta para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hacemos llegar esta información al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente a la Comisión. Inclusive nuestros informes sirven de base para audiencia temáticas o audiencias de país”, señaló Erika Guevara. Agregó que, con la presentación del informe, la ONG iniciará una campaña global, con la que esperan que sus redes en todo el mundo presionen a sus respectivos gobiernos para que estos, a su vez, le exijan a Colombia una rendición de cuentas.

Amnistía, en conclusión, le recomendó al presidente Gustavo Petro que, cada vez que haya una acusación de violencia sexual o de género en protesta, gestione la suspensión del policía de manera inmediata. Además, que las víctimas tengan derecho a la indemnización y a garantía de no repetición. A la Fiscalía, aplicar el estándar internacional que otorga a los testimonios de violencia sexual mayor probabilidad de verdad, por lo cual deben desencadenarse pesquisas más exhaustivas. Asimismo, imputar tortura en los casos que se configure, dado que el delito es imprescriptible y, por lo tanto, el Estado está obligado a investigarlo por siempre. Y, por último, rendir cuentas ante la ciudadanía sobre qué ha pasado con los agentes del Esmad denunciados.

* Todos los nombres de las víctimas fueron modificados para proteger sus identidades.