“Halón de orejas” a reconocida iglesia cristiana en caso de restitución de tierras

En las últimas semanas, el departamento de Putumayo ha sido centro de noticias en el país. Primero, las denuncias de una fiscal que fue trasladada a esta región luego de citar a imputación de cargos a una poderosa familia; y, segundo, la muerte de once personas en medio de un cuestionado operativo militar y que ha dejado versiones encontradas entre la Fuerza Pública y las comunidades. En medio de estas dos importantes noticias, la justicia colombiana acaba de pronunciarse contra una de las iglesias que tiene mayor presencia en el país y sobre un caso particular ocurrido en ese departamento.

En las últimas semanas, el departamento de Putumayo ha sido centro de noticias en el país. Primero, las denuncias de una fiscal que fue trasladada a esta región luego de citar a imputación de cargos a una poderosa familia; y, segundo, la muerte de once personas en medio de un cuestionado operativo militar y que ha dejado versiones encontradas entre la Fuerza Pública y las comunidades. En medio de estas dos importantes noticias, la justicia colombiana acaba de pronunciarse contra una de las iglesias que tiene mayor presencia en el país y sobre un caso particular ocurrido en ese departamento.

Se trata de la Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial, que tiene 115 templos en todo el país y miles de fieles. En un fallo de 90 páginas, la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali restituyó dos terrenos, en Puerto Guzmán (Putumayo), al líder social Alberto Giraldo López, quien tuvo que salir de ese municipio luego de recibir amenazas por parte de la guerrilla de las Farc. Esos dos terrenos son ocupados actualmente por el templo de la iglesia cristiana, la cual tiene sus sedes principales en Puerto Rico y Washington.

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Lo que señala el fallo es que la Iglesia le compró esos predios a un particular que, a su vez, le había comprado al líder Giraldo López. Este último vendió, según el fallo, en medio de un contexto de amenaza contra su vida y que por eso transfirió los inmuebles a un precio equivalente a las tercera parte de su valor real. Lo que le reprocha el Tribunal Superior a la Iglesia son dos asuntos, principalmente. Primero, que el pastor de esta iglesia en el municipio, Henry Sáenz, es oriundo de Puerto Guzmán y conocía de cerca el contexto de conflicto armado en la región.

El otro aspecto que le cuestionan los magistrados al movimiento cristiano es que “(tanto la iglesia como el pastor) no actuaron con la diligencia para hacerse a los terrenos (...) si se tiene en cuenta que el representante legal (Edgard Alexander Neciosup Orozco), es una persona ilustrada y es abogado y, por su parte, el señor Sáenz tuvo a su alcance todos los medios con los que contaba y cuenta su iglesia, entre ellos, los de un equipo de profesionales del derecho, para asesorarse en la adquisición de dichos lotes, pero aun así tuvieron a bien celebrar precarios contratos por documentos privados y autenticarlos (...) y lo que es aún más llamativo, en ese contexto procedieron, con el dinero de sus feligreses”.

El Tribunal Superior de Cali señaló que las declaraciones de Giraldo López como de su pareja acreditan las condiciones desfavorables de aquella venta “que se habría realizado por $5.000.000 en abril de 2015, cuando su valor, estimado por los mismos reclamantes, habría sido avaluado en el año 2012 en $15.000.000, aproximadamente, venta que, según se continúa en la demanda, estuvo mediada no solo por la violencia sino también por un estado de vulnerabilidad y necesidad derivado del desplazamiento”.

El Tribunal cuestiona a la iglesia que compró esos dos terrenos entre dos y cuatro meses de que el líder social tuviera que desplazarse forzadamente a Mocoa, capital del departamento. Además, que era su deber indagar los hechos que rodearon esa compra.

“La iglesia y el pastor pudieron conocer el contexto de generalizado de violencia que para esa época, y desde hacía más de dos décadas, se presentaba en la municipalidad de Puerto Guzmán (Putumayo), en primera medida porque Henry Sáenz es oriundo del mismo departamento. Las propias declaraciones de Edgar Alexander Neciosup Orozco indican que la congregación religiosa ya estaba en la zona como arrendataria de otro inmueble. Además que, más allá de ser oriundo del Perú, reside en el país desde 2012, cuando asumió en su primera etapa el rol en esa iglesia, y, principalmente, porque al ser interrogado acepta conocer la situación de orden público que permeó al país y a la región”, dice el tribunal.

Asimismo, el Tribunal de Cali dejó claro que esta iglesia ni las personas que fungen como sus representantes tuvieron injerencia directa o indirecta en el desplazamiento forzado padecido por el líder social Giraldo López y su familia. “Tampoco podemos decir que exista prueba que permita siquiera inferir que la Iglesia y el pastor en cuestión hubieran tenido algún tipo de vínculo, relación o asociación con los grupos armados ilegales que hacían presencia en la región del Medio Putumayo y puntualmente en el municipio de Puerto Guzmán”, señala el Tribunal.

Como el líder social y su familia no tienen planeado volver a Puerto Guzmán, pues señala que aún siente temor de retornar y que ya tiene arraigo en otra ciudad del país, la Sala de restitución de Tierras del tribunal ordenó a las autoridades repararlo con predios similares a los que tenía en Puerto Guzmán. Así las cosas, los magistrados determinaron que la iglesia puede continuar funcionando en esos predios del municipio.

Historia del movimiento

Según su propia página web, la iglesia nació en los años sesenta de la mano del reverendo Luis Ortiz, oriundo de Corozal, Puerto Rico. Desde esa época y hasta 1995, Ortiz fungió como su máximo líder, pues falleció en ese momento a los 78 años. Actualmente, la iglesia es liderada por el reverendo costarricense Jose Arturo Soto, quien, según la página oficial de la iglesia, fue el encargado de expandir la comunidad religiosa en Panamá.

El mismo portal web señala que tiene sedes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay Perú, Surinam, Uruguay Venezuela, Aruba, Belice, Bonaire, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Tanzania, Uganda, Zimbabue, Bangladés, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Israel, Japón, Kuwait, Malasia, Myanmar, Nepal, Omán, Sri Lanka, Tailandia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Escocia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Australia y Nueva Zelanda.

El caso de Florida Blanca

No es la primera vez que el nombre de la iglesia aparecen en un caso judicial en Colombia, pues en julio de 2020, el pastor del movimiento en Florida Blanca, Santander, fue condenado a cinco años de prisión. Durante varios años el pastor Omar Enrique Saiz puso a sus fieles a recolectar dinero en bazares y donaciones con la promesa de comprar un terreno para construir un templo en el municipio. La idea era que el predio, de casi una hectárea, quedara a nombre del Movimiento Misionero Mundial, sin embargo, la matrícula inmobiliaria quedó a nombre del pastor y nunca traspasó el inmueble.

“Los hermanos se desprendían hasta de sus propios bienes; hay un testimonio en el proceso que un hermano se desprendió de su motocicleta y la entregó porque pastor Omar Enrique Saiz Manosalva le dijo tenemos que comprar este inmueble”, contó el propio Alexander Neciosup Orozco, abogado de la iglesia y quien también funge como predicador dentro de la Iglesia y es una de las caras visibles del movimiento en Colombia. Según la investigación de la Fiscalía, producto de las actividades y donaciones, los fieles reunieron más de $350 millones.