Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, de finales de abril de este año, señala que en la Procuraduría General están siendo tramitados 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos, dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.
Lea: Los caminos judiciales para pelear los resultados de las elecciones del Congreso
De acuerdo con la propia Procuraduría, se abrieron cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y 9 aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.
El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjeton electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).
Le podría interesar: Alexánder Vega, la Registraduría y la pérdida de confianza
Según la propia Procuraduría han evaluado 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación. Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.
“Mediante esta actuación la entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones”, señaló el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
