Homicidios atribuidos a la Fuerza Pública durante el paro nacional de 2021

El pasado 30 de abril fue el último día de Einer Alexánder Lasso Chará. El hombre de 60 años, pensionado de la Policía, quedó tendido en el húmedo asfalto de la calle 41 con carrera 29 en Cali, durante el inicio de las protestas por el paro nacional. Un disparo a la cabeza, que, según testigos y Fiscalía, provino del arma de un uniformado, acabó con su vida en medio de una tienda de frutas y vegetales, una tarde que cayeron lluvia y balas por igual. No participaba de las manifestaciones. Lasso es una de las 43 posibles víctimas de “violencia homicida”, durante el paro, atribuida a las autoridades, según la organización Temblores. En 31 de esos casos todas las pistas ya estarían claras y en los doce restantes habría “serios indicios de que hubo participación de la fuerza pública”.

Lea también: “Disparo provino de donde estaban policías”: Fiscalía sobre asesinato de Santiago Murillo

Cali es el foco de la violencia atribuida a la Policía, tras el cruce de información entre denuncias familiares y ciudadanas, respuestas oficiales de la Fiscalía y reuniones con la organización Human Rights Watch. De los 43 expedientes investigados 26 sucedieron en la capital del Valle. Si agregamos las muertes de Yumbo y Tuluá, el departamento sería el epicentro de 31 asesinatos en el paro. “Nosotros hemos visto que la principal práctica es la utilización de armas de fuego en el marco de las protestas. Es la misma práctica que vimos en el 9-S en Bogotá (tras la muerte del abogado Javier Ordóñez), disparan indiscriminadamente contra ciudadanos que pueden participar o no de las manifestaciones”, explicó Alejandro Lanz, codirector de Temblores ONG.

La organización tiene pistas, entre ellas videos, por otros posibles doce homicidios en Bogotá, Huila, Cauca, Risaralda, Tolima, Antioquia, Santander, Cauca y Cundinamarca. La mayor causa de muerte, en general, es el impacto con arma de fuego en cuello, ojos y pecho de las víctimas, para un total de 22 denuncias. Entre los fallecidos está el joven de 21 años Santiago Murillo, quien no era manifestante, y el pasado 1° de mayo recibió un disparo del mayor Jorge Mario Molano. Así lo asegura la Fiscalía y lo demostró el examen pericial al cuerpo de la víctima. “Él fue un fanático de The Weeknd y durante estos últimos meses estuvo superpegado a un grupo francés que se llama Videoclub”, le explicó a este diario Milena Meneses, madre de Murillo.

El primer caso documentado es el de Marcelo Agredo Ichima, un joven de 17 años con ascendencia indígena nasa-páez. El patrullero Luis Ángel Piedrahíta le disparó en la cabeza, luego de que el manifestante le diera una patada en la espalda. Hoy, el uniformado está imputado por homicidio. “Un delincuente de estos no puede estar en la calle. Ojalá se coma 50 años”, dijo en entrevista Armando Agredo, padre de la víctima. Temblores ONG documentó tres muertes por proyectiles de gas provenientes del Esmad y el doble homicidio de Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario del CTI linchado en vía pública, quien el 28 de mayo disparó contra Luis Eduardo López y Juan Pablo Cabrera, en el sector La Luna, de Cali.

En contexto: A Brayan Niño se quedó esperándolo su hijo en Madrid (Cundinamarca)

La Fiscalía, a través de su Mesa de Articulación, aseguró en su último informe (del 21 de junio pasado) que en el paro nacional se han presentado 55 muertes, de las cuales 24 están “ligadas directamente a las protestas”. Hay once decesos en proceso de verificación. No obstante, Alejandro Lanz cree que la diferencia de estadísticas sería el resultado de fallos del ente investigador: “Hay un problema muy grande del Estado colombiano en el registro y el cruce de información, unas directrices muy diferentes que uno no sabe si son por falta de competencia o hay una voluntad política de subregistrar estos homicidios para disminuir el impacto de la violencia”.

Temblores ONG tiene entre sus cuentas una muerte que no está relacionada con movilizaciones, pero que se desprende de un toque de queda para evitar protestas en el municipio de Teruel (Huila). Se trata del caso de Yorleyfer Herrera, un hombre de 29 años que violó la restricción y, tras una aparente discusión con la Policía, recibió un disparo con arma de fuego el pasado 17 de mayo. El mismo secretario de Gobierno de Teruel denunció el hecho. Por otro lado, entre la información más cruda está el presunto asesinato de Jaime García*, un niño de trece años víctima de tres disparos en Cali, el pasado 28 de abril. “La familia ha sido amenazada y no quiere hablar”, agrega Temblores.

La organización agregó a su balance la muerte de María Jovita Osorio, una madre comunitaria de 73 años cuya casa fue invadida por un proyectil de gas lacrimógeno, el cual se dispersó hasta asfixiarla. Los hechos datan de la noche del 30 de abril. El hogar de Osorio queda en un barrio del norte de Cali, sin embargo, los familiares no quieren revelar su ubicación, pues tienen miedo de ser identificados. Una de las hijas de la víctima pudo auxiliarla antes de llevarla a la Clínica Rafael Uribe; no obstante, a las 4:30 su corazón dejó de latir. La última vez para siempre. La misma suerte tuvo el señor Evelio de Jesús Flórez, de 86 años, quien esa misma noche falleció por asfixia de gas lacrimógeno en La Virginia (Risaralda). Su familia le lavó la cara con leche, pero no pudo respirar.

En otro episodio, Temblores ONG recopiló información sobre la muerte del joven de 24 años Elvis Vivas, quien fue brutalmente golpeado y noqueado por policías en el barrio El Sosiego, de Madrid (Cundinamarca). “En el momento no sabemos nada. No tenemos ninguna razón, ninguna guía. No tenemos ninguna respuesta de lo que ha avanzado el caso”, revela Johanna Montoya, quien ha abanderado la causa de su hijo. Su abogado, Marlos Díaz, denuncia que por ahora solo se sabe el nombre de la fiscal. “Esa noche fue trasladado a Facatativá, pero falleció en la madrugada del 7 de mayo. El video de cámara de seguridad evidencia que fue golpeado por la Policía. El concepto general es trauma craneoencefálico”, agregó Temblores, dato que confirmó Fiscalía.

La Procuraduría, por su parte, dio a conocer en su último balance que tiene 188 expedientes contra uniformados. Entre las acciones, se abrieron cuatro investigaciones disciplinarias por extralimitación de funciones, omisión por permitir que civiles armados disparen y por el presunto homicidio del joven de 24 años Brayan Fernando Niño. El crimen se habría perpetrado el pasado 1° de mayo en Madrid (Cundinamarca), cuando al parecer el mayor Carlos Arenas le disparó un proyectil desde una tanqueta del Esmad. “Esperamos que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias para la justicia ordinaria”, explicó Alejandra Garzón, abogada de la familia.

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El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, aseguró que la Inspección General tiene en curso 217 investigaciones por diferentes hechos, entre ellas 16 por homicidio: “Hemos dado instrucciones precisas sobre el apego al Derecho Internacional Humanitario. Lo hemos hecho a través de 132 órdenes reiterativas sobre el respeto por los DD. HH y 107 sobre el uso legítimo de la fuerza. Los policías no tenemos duda: ante el delito, contundencia para restablecer el orden, brindar seguridad y capturar a quienes transgreden las normas; pero ante el error individual o la actuación ilegítima de cualquier funcionario tampoco tenemos duda: rechazo, investigación y todo el peso de la ley”.

Alejandro Lanz explica que los miembros de Temblores ONG siguen exigiendo mejores condiciones de seguridad, ante amenazas que datan de su trabajo durante y tras las protestas del 9-S. La organización asegura que aún es prematuro evaluar el pedaleo de la justicia por el paro nacional: “Lo que sí podemos decir es que en ‘Bolillo, Dios y patria’, que es el informe que publicamos a comienzo de este año, Medicina Legal reportó 289 homicidios entre 2017 y 2019, había dos condenas contra policías en el sistema de justicia. Es el 0,66 %, una estadística muy preocupante. Ese es el otro problema profundo al que debemos apuntar con una reforma a la Policía”.

El pasado 30 de abril fue el último día de Einer Alexánder Lasso Chará. El hombre de 60 años, pensionado de la Policía, quedó tendido en el húmedo asfalto de la calle 41 con carrera 29 en Cali, durante el inicio de las protestas por el paro nacional. Un disparo a la cabeza, que, según testigos y Fiscalía, provino del arma de un uniformado, acabó con su vida en medio de una tienda de frutas y vegetales, una tarde que cayeron lluvia y balas por igual. No participaba de las manifestaciones. Lasso es una de las 43 posibles víctimas de “violencia homicida”, durante el paro, atribuida a las autoridades, según la organización Temblores. En 31 de esos casos todas las pistas ya estarían claras y en los doce restantes habría “serios indicios de que hubo participación de la fuerza pública”.

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Cali es el foco de la violencia atribuida a la Policía, tras el cruce de información entre denuncias familiares y ciudadanas, respuestas oficiales de la Fiscalía y reuniones con la organización Human Rights Watch. De los 43 expedientes investigados 26 sucedieron en la capital del Valle. Si agregamos las muertes de Yumbo y Tuluá, el departamento sería el epicentro de 31 asesinatos en el paro. “Nosotros hemos visto que la principal práctica es la utilización de armas de fuego en el marco de las protestas. Es la misma práctica que vimos en el 9-S en Bogotá (tras la muerte del abogado Javier Ordóñez), disparan indiscriminadamente contra ciudadanos que pueden participar o no de las manifestaciones”, explicó Alejandro Lanz, codirector de Temblores ONG.

La organización tiene pistas, entre ellas videos, por otros posibles doce homicidios en Bogotá, Huila, Cauca, Risaralda, Tolima, Antioquia, Santander, Cauca y Cundinamarca. La mayor causa de muerte, en general, es el impacto con arma de fuego en cuello, ojos y pecho de las víctimas, para un total de 22 denuncias. Entre los fallecidos está el joven de 21 años Santiago Murillo, quien no era manifestante, y el pasado 1° de mayo recibió un disparo del mayor Jorge Mario Molano. Así lo asegura la Fiscalía y lo demostró el examen pericial al cuerpo de la víctima. “Él fue un fanático de The Weeknd y durante estos últimos meses estuvo superpegado a un grupo francés que se llama Videoclub”, le explicó a este diario Milena Meneses, madre de Murillo.

El primer caso documentado es el de Marcelo Agredo Ichima, un joven de 17 años con ascendencia indígena nasa-páez. El patrullero Luis Ángel Piedrahíta le disparó en la cabeza, luego de que el manifestante le diera una patada en la espalda. Hoy, el uniformado está imputado por homicidio. “Un delincuente de estos no puede estar en la calle. Ojalá se coma 50 años”, dijo en entrevista Armando Agredo, padre de la víctima. Temblores ONG documentó tres muertes por proyectiles de gas provenientes del Esmad y el doble homicidio de Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario del CTI linchado en vía pública, quien el 28 de mayo disparó contra Luis Eduardo López y Juan Pablo Cabrera, en el sector La Luna, de Cali.

En contexto: A Brayan Niño se quedó esperándolo su hijo en Madrid (Cundinamarca)

La Fiscalía, a través de su Mesa de Articulación, aseguró en su último informe (del 21 de junio pasado) que en el paro nacional se han presentado 55 muertes, de las cuales 24 están “ligadas directamente a las protestas”. Hay once decesos en proceso de verificación. No obstante, Alejandro Lanz cree que la diferencia de estadísticas sería el resultado de fallos del ente investigador: “Hay un problema muy grande del Estado colombiano en el registro y el cruce de información, unas directrices muy diferentes que uno no sabe si son por falta de competencia o hay una voluntad política de subregistrar estos homicidios para disminuir el impacto de la violencia”.

Temblores ONG tiene entre sus cuentas una muerte que no está relacionada con movilizaciones, pero que se desprende de un toque de queda para evitar protestas en el municipio de Teruel (Huila). Se trata del caso de Yorleyfer Herrera, un hombre de 29 años que violó la restricción y, tras una aparente discusión con la Policía, recibió un disparo con arma de fuego el pasado 17 de mayo. El mismo secretario de Gobierno de Teruel denunció el hecho. Por otro lado, entre la información más cruda está el presunto asesinato de Jaime García*, un niño de trece años víctima de tres disparos en Cali, el pasado 28 de abril. “La familia ha sido amenazada y no quiere hablar”, agrega Temblores.

La organización agregó a su balance la muerte de María Jovita Osorio, una madre comunitaria de 73 años cuya casa fue invadida por un proyectil de gas lacrimógeno, el cual se dispersó hasta asfixiarla. Los hechos datan de la noche del 30 de abril. El hogar de Osorio queda en un barrio del norte de Cali, sin embargo, los familiares no quieren revelar su ubicación, pues tienen miedo de ser identificados. Una de las hijas de la víctima pudo auxiliarla antes de llevarla a la Clínica Rafael Uribe; no obstante, a las 4:30 su corazón dejó de latir. La última vez para siempre. La misma suerte tuvo el señor Evelio de Jesús Flórez, de 86 años, quien esa misma noche falleció por asfixia de gas lacrimógeno en La Virginia (Risaralda). Su familia le lavó la cara con leche, pero no pudo respirar.

En otro episodio, Temblores ONG recopiló información sobre la muerte del joven de 24 años Elvis Vivas, quien fue brutalmente golpeado y noqueado por policías en el barrio El Sosiego, de Madrid (Cundinamarca). “En el momento no sabemos nada. No tenemos ninguna razón, ninguna guía. No tenemos ninguna respuesta de lo que ha avanzado el caso”, revela Johanna Montoya, quien ha abanderado la causa de su hijo. Su abogado, Marlos Díaz, denuncia que por ahora solo se sabe el nombre de la fiscal. “Esa noche fue trasladado a Facatativá, pero falleció en la madrugada del 7 de mayo. El video de cámara de seguridad evidencia que fue golpeado por la Policía. El concepto general es trauma craneoencefálico”, agregó Temblores, dato que confirmó Fiscalía.

La Procuraduría, por su parte, dio a conocer en su último balance que tiene 188 expedientes contra uniformados. Entre las acciones, se abrieron cuatro investigaciones disciplinarias por extralimitación de funciones, omisión por permitir que civiles armados disparen y por el presunto homicidio del joven de 24 años Brayan Fernando Niño. El crimen se habría perpetrado el pasado 1° de mayo en Madrid (Cundinamarca), cuando al parecer el mayor Carlos Arenas le disparó un proyectil desde una tanqueta del Esmad. “Esperamos que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias para la justicia ordinaria”, explicó Alejandra Garzón, abogada de la familia.

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El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, aseguró que la Inspección General tiene en curso 217 investigaciones por diferentes hechos, entre ellas 16 por homicidio: “Hemos dado instrucciones precisas sobre el apego al Derecho Internacional Humanitario. Lo hemos hecho a través de 132 órdenes reiterativas sobre el respeto por los DD. HH y 107 sobre el uso legítimo de la fuerza. Los policías no tenemos duda: ante el delito, contundencia para restablecer el orden, brindar seguridad y capturar a quienes transgreden las normas; pero ante el error individual o la actuación ilegítima de cualquier funcionario tampoco tenemos duda: rechazo, investigación y todo el peso de la ley”.

Alejandro Lanz explica que los miembros de Temblores ONG siguen exigiendo mejores condiciones de seguridad, ante amenazas que datan de su trabajo durante y tras las protestas del 9-S. La organización asegura que aún es prematuro evaluar el pedaleo de la justicia por el paro nacional: “Lo que sí podemos decir es que en ‘Bolillo, Dios y patria’, que es el informe que publicamos a comienzo de este año, Medicina Legal reportó 289 homicidios entre 2017 y 2019, había dos condenas contra policías en el sistema de justicia. Es el 0,66 %, una estadística muy preocupante. Ese es el otro problema profundo al que debemos apuntar con una reforma a la Policía”.