“Hay verdades de la masacre de Mapiripán engavetadas”: general (r) Uscátegui

Casi dos meses lleva el general (r) Jaime Uscátegui en libertad, después de haberse comprometido a someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El alto oficial del Ejército, condenado a 37 años de prisión por haber omitido sus deberes durante la masacre de Mapiripán, habló con El Espectador. Insiste en su inocencia, 20 años después de los hechos. Sostiene que todavía no se conoce todo lo que pasó durante la masacre y “hay verdades engavetadas” alrededor de este crimen.

Usted se quiere a someter a la JEP en calidad de inocente, pero tiene una condena en su contra de la Corte Suprema. ¿Cuál es su estrategia para lograr que revisen su caso?

Una prueba en la que he insistido mucho es que, en 2006, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, certificó por escrito que la Segunda Brigada era la responsable de Mapiripán y San José del Guavire para la época de la masacre. Por la avanzada guerrillera del Bloque Oriental de las Farc, en 1996 el comandante del Ejército, Harold Bedoya, cambió varias jurisdicciones, y el Batallón Joaquín París, el que llegó de primeras a la zona después de la masacre, estaba al mando del coronel (r) Hernán Orozco Castro (también condenado por la masacre a 40 años de prisión y hoy prófugo). Yo era responsable de la Séptima Brigada y tenía la jurisdicción en 36 municipios en el Meta, menos Mapiripán y Puerto Concordia. Todas las brigadas eran autónomas y ninguna tenía mayor estatus que otra. Todas estas pruebas existen en físico. No hay ninguna operación del Joaquín París que le haya rendido cuentas a mi brigada. Mis responsabilidades eran otras.

(Le podría interesar: General (r) Rito Alejo Del Río, a indagatoria por la masacre de Mapiripán)

¿Cómo recuerda usted los días en que sucedió la masacre?

Recuerdo que el Ministerio de Defensa quería averiguar si en mayo de 1997 las Farc le habían hecho un juicio popular a las autoridades civiles del municipio. Orozco me lo confirmó y de paso me contó que había un grupo armado. Yo le pedí que me lo informara por escrito. El 16 de julio, a primera hora, mandó un fax relatándome que había hablado con el juez de Mapiripán, quien le había aconsejado que no se realizaran operaciones militares. Orozco contó que ese mismo juez dijo que Carlos y Fidel Castaño estaban en Mapiripán. Eran hechos que nadie podía creer porque nadie los conocía físicamente y se sabía que operaba en Urabá, a cientos de kilómetros. El Estado mayor del Ejército evaluó la situación y no le dimos credibilidad. El 17 de julio, Orozco, en otro informe, solo habló de operaciones de las Farc, pero no mencionó a paramilitares. Además en esa zona la Fuerzas Militares estaban provistas de una mayor cantidad de personas para repeler alguna amenaza.

Usted ha dicho que los hombres del batallón Joaquín París no estaban bajo su mando. ¿Quién era el responsable entonces?

Quienes llegaron por primera vez al municipio después de la masacre, es decir, el 22 de julio de 1997, fueron los responsables de la zona: el general José Ardila Uribe, de la Cuarta Brigada; el coronel Lino Hernando Sánchez Prado, comandante de la Segunda Brigada (condenado a 40 años de prisión por su resposabilidad en la masacre) y el mayor Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Yo no fui, no me correspondía. Por estos hechos, además del coronel Sánchez, fueron condenados los sargentos Juan Carlos Gamarra, que hacía labores de inteligencia en el Joaquín París (22 años de prisión) y José Miller Ureña, que estaba en el aeropuerto cuando llegan los paramilitares el 12 de julio de 1997 (32 años de prisión). El problema es que en 1999, cuando la Fiscalía llama a rendir indagatoria a Orozco Castro, él me señala como su superior. Falso, su superior era el coronel Hernández. Entre ellos se protegieron.

¿Por eso usted dice que fue el chivo expiatorio de otros oficiales de la Fuerza Pública?

Ellos quisieron desviar toda la investigación. Querían la cabeza de un general del Ejército y vincularlo al paramilitarismo. No tuvieron problema de achacarme la responsabilidad. Hay un dato muy curioso: Orozco dijo en 1999 que yo era su comandante. Pero en 2000 reconoció que él dependía de la Segunda Brigada y no de la mía, la Séptima. Ese documento lo tendrá que revisar el Tribunal de Paz, porque la justicia ordinaria no lo hizo.

Está comprobado que los aviones que llegaron a Mapiripán salieron de Apartadó y de Necoclí (Urabá). ¿Por qué ningún militar de esa zona ha sido condenado?

Nunca he entendido por qué la investigación se centró solo en el lugar a donde llegaron los aviones con más de 80 paramilitares a bordo, es decir, a San José del Guaviare. El lugar de origen nunca se tocó. Eso lo tendrá que resolver la JEP. Se sabe que para el día en que salieron los aviones, había efectivos de la fuerza pública en ambos sitios. Yo duré mucho tiempo sin saber eso. Hoy se sabe que que Orozco y Sánchez colaboraron con las autodefensas.

¿Ha encontrado apoyo del Ejército? ¿O se siente traicionado?

El Ejército es una institución bastante respetable y tiene alta credibilidad. Por supuesto hubo ovejas negras dentro de las filas, pero muy pocos. Yo no me siento traicionado por el Ejército. Por la justicia sí. Dicen que yo estuve ahí, cuando nunca lo hice. Hay un video que grabó un integrante del Ejército después de la masacre, en el que se muestra quiénes estuvieron en ese momento por parte de la Fuerza Pública. Hay unos apartes que aparecen en el documental que hizo mi hijo, esa cinta también va ser parte de mis pruebas en la JEP. Además, el comandante del Ejército en 1997 le rinde un informe al comandante general de las Fuerzas Militares sobre esa visita y mi nombre tampoco aparece ahí. El error fue tal que incluso Daniel Coronell sacó una columna sobre mi caso y lo denominó “Chambonada Jurídica”.

El exparamilitar Pedro Álex Conde ha hablado sobre una reunión que se hizo en el Urabá y qué allí se habría fraguado la masacre de Mapiripán…

Él dijo que 45 mandos paramilitares altos y medios se reunieron para realizar la matanza. Si la Fiscalía hubiera cogido a ese tipo para sacarle más información, Colombia se habría ahorrado una cantidad de sangre. Ahí se habló de la muerte de los investigadores del Cinep y de otros crímenes.

Hoy, 20 años después de la masacre, ¿se arrepiente de algo?, ¿Qué le gustaría cambiar?

Yo no tengo que pedir perdón porque soy inocente. Tampoco me arrepiento de nada. Por supuesto que lamento las víctimas de esa masacre. Me avergüenza que miembros de la fuerza pública hayan participado. Pero me tranquiliza saber que ninguno de mis subalternos de la séptima brigada estuvieron involucrados. Repito: en el Ejército son más los buenos que los malos. Estos últimos representan el 1%. Yo reconozco que siete de esas víctimas son reales. Lo lamentable es que hayan investigado hechos de 49 víctimas y el Ministerio de Defensa haya tenido que pagar $16.000 millones en reparaciones. Los 12 condenados, por hacerse pasar por víctimas, no devolvieron un peso.

El coronel (r) Orozco está en Estados Unidos después de haber declarado en su contra. ¿Qué le diría hoy?

Que dé la cara y diga la verdad. Orozco es un infame. Antes de irse a Estados Unidos, el Colectivo de Abogados lo protegió tramitando medidas cautelares, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dijo que los abogados estaban manipulando la información. Lleva 14 años en el exterior, todo el mundo sabe que está en Miami y que tiene que pagar una condena de 40 años, pero no sabemos por qué no lo han cogido. Qué miedo tienen de traerlo a la justicia colombiana.

¿Qué interés tendría el gobierno estadounidense en proteger al mayor Orozco?

No sé. Pero lo que sí tengo claro es que el coronel (r) Orozco fue muy vivo y se vendió como si él fuera el único que se atrevió a denunciar los hechos. Él estafó a muchas personas en Colombia.

El juez de Mapiripán Leonardo Cortés Novoa, durante la masacre, envió oficios reportando los hechos. ¿Usted los vio?

No. Esos papeles, en los que se habló de 26 asesinatos, los envió al procurador delegado para la defensa de los derechos humanos en el Meta, al delegado de la Cruz Roja y a otro funcionario que se guardó el documento.

El exjuez Cortés Novoa mencionó la presencia de un avión estadounidense en la masacre de Mapiripán. ¿Qué sabe al respecto?

De eso no sé nada. Al único que le he escuchado esa versión es al juez.

¿Quién cree que estuvo detrás de las falsas víctimas de la masacre?

Yo no podría decir alguien en particular. Tengo mis indicios. Pero eso es muy complicado de aseverar. Actualmente, hay 12 personas que han sido condenadas por ser falsas. Esto es gravísimo. La falta de investigación dio un espacio a una gran cantidad de “avivatos” para beneficiarse. .

Usted insiste en que no estuvo en Mapiripán por la época de la masacre. ¿Por qué la Corte Suprema concluyó que sí?

Ellos se basan en las declaraciones del mayor Arbey García Narváez, encargado de operaciones y entrenamiento en el Batallón Joaquín París. Pero no se entiende cómo las pruebas que di nunca se tuvieron en cuenta. Es inexplicable también que la Corte Suprema tampoco haya hecho nada, Da la impresión de que ni siquiera las leyeron. Por eso perdí la fe en la justicia ordinaria. Tengo la confianza de que allá si se respeten las pruebas y la verdad. Hay muchas verdades de Mapiripán que están engavetadas.

¿Cómo cuáles?

En el aeropuerto de Apartadó, en enero de 1998, declararon tres policías que dijeron con pelos y señales lo que pasó el día que los paramilitares salieron. En Guaviare se investigó, pero en el Urabá no se hizo nada. La Fiscalía no hizo nada con esas pistas. Ellos dijeron que un paquete salió en un avión y se perdió. Existe la declaración de otro policía que dice que se lo dio a la guardia del Batallón Joaquín París el 12 de julio, pero nunca se supo su paradero. Salvatore Mancuso ha dicho que ese paquete tenía $400 millones para comprar coca. O sea que esos tipos, además de la masacre, iban también por negocios.

El Consejo de Estado y la Corte Interamericana ya condenaron al Ejército por su actuación en la masacre. ¿Usted está de acuerdo con esa posición?

Lamentablemente hubo personas de la Fuerza Pública que sí participaron en estos hechos, pero eso no quiere decir que el accionar de los uniformados sea este. Me avergüenzo por ellos, porque esa no es la labor real de los soldados del país.

¿Qué ha hecho desde su salida de la cárcel?

He tratado de reconstruir mi vida y tratar de saber cómo fue la de mis hijos en todo el tiempo que pasé preso (casi 16 años en total). He aprendido a disfrutar de pequeñas cosas, como ir al cine, a restaurantes a disfrutar de la comida recién servida. De pronto un día de estos me fugo a ver un clásico capitalino en el Campín. Estoy esperando que quede todo definido en la JEP para hablar con mi abogado. También tengo planeado escribir un libro sobre todo lo que viví en estos últimos 20 años. Pero no sé si pueda algún día sacarlo. Mi futuro es muy incierto.

Casi dos meses lleva el general (r) Jaime Uscátegui en libertad, después de haberse comprometido a someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El alto oficial del Ejército, condenado a 37 años de prisión por haber omitido sus deberes durante la masacre de Mapiripán, habló con El Espectador. Insiste en su inocencia, 20 años después de los hechos. Sostiene que todavía no se conoce todo lo que pasó durante la masacre y “hay verdades engavetadas” alrededor de este crimen.

Usted se quiere a someter a la JEP en calidad de inocente, pero tiene una condena en su contra de la Corte Suprema. ¿Cuál es su estrategia para lograr que revisen su caso?

Una prueba en la que he insistido mucho es que, en 2006, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, certificó por escrito que la Segunda Brigada era la responsable de Mapiripán y San José del Guavire para la época de la masacre. Por la avanzada guerrillera del Bloque Oriental de las Farc, en 1996 el comandante del Ejército, Harold Bedoya, cambió varias jurisdicciones, y el Batallón Joaquín París, el que llegó de primeras a la zona después de la masacre, estaba al mando del coronel (r) Hernán Orozco Castro (también condenado por la masacre a 40 años de prisión y hoy prófugo). Yo era responsable de la Séptima Brigada y tenía la jurisdicción en 36 municipios en el Meta, menos Mapiripán y Puerto Concordia. Todas las brigadas eran autónomas y ninguna tenía mayor estatus que otra. Todas estas pruebas existen en físico. No hay ninguna operación del Joaquín París que le haya rendido cuentas a mi brigada. Mis responsabilidades eran otras.

(Le podría interesar: General (r) Rito Alejo Del Río, a indagatoria por la masacre de Mapiripán)

¿Cómo recuerda usted los días en que sucedió la masacre?

Recuerdo que el Ministerio de Defensa quería averiguar si en mayo de 1997 las Farc le habían hecho un juicio popular a las autoridades civiles del municipio. Orozco me lo confirmó y de paso me contó que había un grupo armado. Yo le pedí que me lo informara por escrito. El 16 de julio, a primera hora, mandó un fax relatándome que había hablado con el juez de Mapiripán, quien le había aconsejado que no se realizaran operaciones militares. Orozco contó que ese mismo juez dijo que Carlos y Fidel Castaño estaban en Mapiripán. Eran hechos que nadie podía creer porque nadie los conocía físicamente y se sabía que operaba en Urabá, a cientos de kilómetros. El Estado mayor del Ejército evaluó la situación y no le dimos credibilidad. El 17 de julio, Orozco, en otro informe, solo habló de operaciones de las Farc, pero no mencionó a paramilitares. Además en esa zona la Fuerzas Militares estaban provistas de una mayor cantidad de personas para repeler alguna amenaza.

Usted ha dicho que los hombres del batallón Joaquín París no estaban bajo su mando. ¿Quién era el responsable entonces?

Quienes llegaron por primera vez al municipio después de la masacre, es decir, el 22 de julio de 1997, fueron los responsables de la zona: el general José Ardila Uribe, de la Cuarta Brigada; el coronel Lino Hernando Sánchez Prado, comandante de la Segunda Brigada (condenado a 40 años de prisión por su resposabilidad en la masacre) y el mayor Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Yo no fui, no me correspondía. Por estos hechos, además del coronel Sánchez, fueron condenados los sargentos Juan Carlos Gamarra, que hacía labores de inteligencia en el Joaquín París (22 años de prisión) y José Miller Ureña, que estaba en el aeropuerto cuando llegan los paramilitares el 12 de julio de 1997 (32 años de prisión). El problema es que en 1999, cuando la Fiscalía llama a rendir indagatoria a Orozco Castro, él me señala como su superior. Falso, su superior era el coronel Hernández. Entre ellos se protegieron.

¿Por eso usted dice que fue el chivo expiatorio de otros oficiales de la Fuerza Pública?

Ellos quisieron desviar toda la investigación. Querían la cabeza de un general del Ejército y vincularlo al paramilitarismo. No tuvieron problema de achacarme la responsabilidad. Hay un dato muy curioso: Orozco dijo en 1999 que yo era su comandante. Pero en 2000 reconoció que él dependía de la Segunda Brigada y no de la mía, la Séptima. Ese documento lo tendrá que revisar el Tribunal de Paz, porque la justicia ordinaria no lo hizo.

Está comprobado que los aviones que llegaron a Mapiripán salieron de Apartadó y de Necoclí (Urabá). ¿Por qué ningún militar de esa zona ha sido condenado?

Nunca he entendido por qué la investigación se centró solo en el lugar a donde llegaron los aviones con más de 80 paramilitares a bordo, es decir, a San José del Guaviare. El lugar de origen nunca se tocó. Eso lo tendrá que resolver la JEP. Se sabe que para el día en que salieron los aviones, había efectivos de la fuerza pública en ambos sitios. Yo duré mucho tiempo sin saber eso. Hoy se sabe que que Orozco y Sánchez colaboraron con las autodefensas.

¿Ha encontrado apoyo del Ejército? ¿O se siente traicionado?

El Ejército es una institución bastante respetable y tiene alta credibilidad. Por supuesto hubo ovejas negras dentro de las filas, pero muy pocos. Yo no me siento traicionado por el Ejército. Por la justicia sí. Dicen que yo estuve ahí, cuando nunca lo hice. Hay un video que grabó un integrante del Ejército después de la masacre, en el que se muestra quiénes estuvieron en ese momento por parte de la Fuerza Pública. Hay unos apartes que aparecen en el documental que hizo mi hijo, esa cinta también va ser parte de mis pruebas en la JEP. Además, el comandante del Ejército en 1997 le rinde un informe al comandante general de las Fuerzas Militares sobre esa visita y mi nombre tampoco aparece ahí. El error fue tal que incluso Daniel Coronell sacó una columna sobre mi caso y lo denominó “Chambonada Jurídica”.

El exparamilitar Pedro Álex Conde ha hablado sobre una reunión que se hizo en el Urabá y qué allí se habría fraguado la masacre de Mapiripán…

Él dijo que 45 mandos paramilitares altos y medios se reunieron para realizar la matanza. Si la Fiscalía hubiera cogido a ese tipo para sacarle más información, Colombia se habría ahorrado una cantidad de sangre. Ahí se habló de la muerte de los investigadores del Cinep y de otros crímenes.

Hoy, 20 años después de la masacre, ¿se arrepiente de algo?, ¿Qué le gustaría cambiar?

Yo no tengo que pedir perdón porque soy inocente. Tampoco me arrepiento de nada. Por supuesto que lamento las víctimas de esa masacre. Me avergüenza que miembros de la fuerza pública hayan participado. Pero me tranquiliza saber que ninguno de mis subalternos de la séptima brigada estuvieron involucrados. Repito: en el Ejército son más los buenos que los malos. Estos últimos representan el 1%. Yo reconozco que siete de esas víctimas son reales. Lo lamentable es que hayan investigado hechos de 49 víctimas y el Ministerio de Defensa haya tenido que pagar $16.000 millones en reparaciones. Los 12 condenados, por hacerse pasar por víctimas, no devolvieron un peso.

El coronel (r) Orozco está en Estados Unidos después de haber declarado en su contra. ¿Qué le diría hoy?

Que dé la cara y diga la verdad. Orozco es un infame. Antes de irse a Estados Unidos, el Colectivo de Abogados lo protegió tramitando medidas cautelares, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y dijo que los abogados estaban manipulando la información. Lleva 14 años en el exterior, todo el mundo sabe que está en Miami y que tiene que pagar una condena de 40 años, pero no sabemos por qué no lo han cogido. Qué miedo tienen de traerlo a la justicia colombiana.

¿Qué interés tendría el gobierno estadounidense en proteger al mayor Orozco?

No sé. Pero lo que sí tengo claro es que el coronel (r) Orozco fue muy vivo y se vendió como si él fuera el único que se atrevió a denunciar los hechos. Él estafó a muchas personas en Colombia.

El juez de Mapiripán Leonardo Cortés Novoa, durante la masacre, envió oficios reportando los hechos. ¿Usted los vio?

No. Esos papeles, en los que se habló de 26 asesinatos, los envió al procurador delegado para la defensa de los derechos humanos en el Meta, al delegado de la Cruz Roja y a otro funcionario que se guardó el documento.

El exjuez Cortés Novoa mencionó la presencia de un avión estadounidense en la masacre de Mapiripán. ¿Qué sabe al respecto?

De eso no sé nada. Al único que le he escuchado esa versión es al juez.

¿Quién cree que estuvo detrás de las falsas víctimas de la masacre?

Yo no podría decir alguien en particular. Tengo mis indicios. Pero eso es muy complicado de aseverar. Actualmente, hay 12 personas que han sido condenadas por ser falsas. Esto es gravísimo. La falta de investigación dio un espacio a una gran cantidad de “avivatos” para beneficiarse. .

Usted insiste en que no estuvo en Mapiripán por la época de la masacre. ¿Por qué la Corte Suprema concluyó que sí?

Ellos se basan en las declaraciones del mayor Arbey García Narváez, encargado de operaciones y entrenamiento en el Batallón Joaquín París. Pero no se entiende cómo las pruebas que di nunca se tuvieron en cuenta. Es inexplicable también que la Corte Suprema tampoco haya hecho nada, Da la impresión de que ni siquiera las leyeron. Por eso perdí la fe en la justicia ordinaria. Tengo la confianza de que allá si se respeten las pruebas y la verdad. Hay muchas verdades de Mapiripán que están engavetadas.

¿Cómo cuáles?

En el aeropuerto de Apartadó, en enero de 1998, declararon tres policías que dijeron con pelos y señales lo que pasó el día que los paramilitares salieron. En Guaviare se investigó, pero en el Urabá no se hizo nada. La Fiscalía no hizo nada con esas pistas. Ellos dijeron que un paquete salió en un avión y se perdió. Existe la declaración de otro policía que dice que se lo dio a la guardia del Batallón Joaquín París el 12 de julio, pero nunca se supo su paradero. Salvatore Mancuso ha dicho que ese paquete tenía $400 millones para comprar coca. O sea que esos tipos, además de la masacre, iban también por negocios.

El Consejo de Estado y la Corte Interamericana ya condenaron al Ejército por su actuación en la masacre. ¿Usted está de acuerdo con esa posición?

Lamentablemente hubo personas de la Fuerza Pública que sí participaron en estos hechos, pero eso no quiere decir que el accionar de los uniformados sea este. Me avergüenzo por ellos, porque esa no es la labor real de los soldados del país.

¿Qué ha hecho desde su salida de la cárcel?

He tratado de reconstruir mi vida y tratar de saber cómo fue la de mis hijos en todo el tiempo que pasé preso (casi 16 años en total). He aprendido a disfrutar de pequeñas cosas, como ir al cine, a restaurantes a disfrutar de la comida recién servida. De pronto un día de estos me fugo a ver un clásico capitalino en el Campín. Estoy esperando que quede todo definido en la JEP para hablar con mi abogado. También tengo planeado escribir un libro sobre todo lo que viví en estos últimos 20 años. Pero no sé si pueda algún día sacarlo. Mi futuro es muy incierto.