Al hablar de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales desde 1985 hasta 2016, en la que participaron agentes del Estado, la hipótesis de la Fiscalía es una sola: en Colombia hubo una “degradación del conflicto, en donde se victimizaron sectores de la población civil percibidos como una extensión de las estructuras subversivas”. Con un agravante: las investigaciones judiciales han avanzado poco o nada. La impunidad es el factor común de casi todos los expedientes, que se explica por razones que van desde la falta de técnicas investigativas hasta por la apatía de la justicia.
En el informe reservado que el organismo le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), titulado “Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, la Fiscalía encontró que de 2006 a 2016 se incrementaron las participaciones directas de agentes del Estado -antes habían sido, generalmente, indirectas, apoyadas en grupos ilegales-. Halló, asimismo, que las víctimas empezaron a ser más colectivas que individuales: Codhes, Movice, la Organización Femenina Popular o la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Las “particularidades” de los actos violentos contra defensores y lídere s en este período las resume el organismo investigativo bajo el lente de tres casos.
Lea la primera entrega: Los crímenes contra defensores de dd.hh. en que se involucraron agentes del Estado (I)
Hostigamientos a Codhes
En 2005, la Corte Constitucional designó a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) para ser parte de la Comisión de Seguimiento, desde la cual se hace supervisión formal a la histórica Sentencia T-025 de 2004, con la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento. En otras palabras, el fallo con el que la Corte le dijo al Estado que no estaba cumpliendo ni las más mínimas tareas para atender a la población desplazada, la cual se estima que sobrepasa los 7 millones, según el registro de la Unidad de Víctimas.
La Fiscalía no relaciona directamente el rol protagónico de Codhes con las intimidaciones. Lo que sí es claro es que “la organización ha sido amenazada continuamente por actores armados ilegales, especialmente las Águilas Negras y, según le ha expuesto a la FGN (Fiscalía General de la Nación) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), fue víctima de seguimientos ilegales del DAS”. Aun así, advierte la misma Fiscalía, “las actuaciones judiciales se han enfocado, en su mayoría, a conocer los testimonios de las víctimas (…) más que en averiguar el seguimiento y las interceptaciones ilegales”.
En 2008, el entonces director de Codhes, Jorge Rojas, denunció en la Fiscalía que él, los directivos y el equipo de trabajo de Codhes habían recibido amenazas “continuas y sistemáticas”. Y no solo Codhes: varias entidades defensoras de derechos humanos. En panfletos, firmados por “Águilas Negras El Rearme”, se leía que eran objetivo militar ciertas personas u organizaciones: “Nuestra ideología política y militar (tiende) a finiquitar de una vez por todas el flagelo coadyuvante de la participación ciudadana disfrazada de apoyo incondicional (…) a estos grupos narcoterroristas”.
Los panfletos amenazantes no cesaron contra Codhes ni contra las demás organizaciones, como Minga, Reiniciar y Asomujer. En un año llegaron al menos siete mensajes de ese estilo, firmados por las Águilas Negras, AUC (Amigos de Uribe por Colombia), Hermanos Castaño Viven. Antes de las amenazas, ya a Codhes le habían robado información sensible, metiéndose a sus oficinas y sustrayendo computadores y discos duros. En noviembre de 2009, Codhes fue beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lea la segunda entrega: Crímenes contra defensores de dd.hh.: el representativo caso de Héctor Abad Gómez (II)
El caso Caicedo
Han pasado nueve años desde que la Fiscalía abrió una investigación por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. La víctima: Harry Caicedo Perlaza, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Nariño. Estado del proceso: indagación preliminar. Esa es la información que la Fiscalía encontró por este, que considera un caso emblemático sobre acciones judiciales o de inteligencia ilegítimas en contra de defensores de derechos humanos, con una característica esencial: se trata de alguien que trabaja desde el territorio.
Caicedo Perlaza, como la gente de Codhes, terminó con medidas cautelares de la CIDH en 2012; él y varios miembros más del CPDH en Nariño, Huila, Arauca y Bogotá. Todo comenzó el 17 de noviembre de 2010 en la madrugada: ese día, funcionarios del CTI y de la Armada “irrumpieron violentamente” en la casa del defensor. La esposa de Caicedo denunciaría después que los agentes no presentaron orden de captura o allanamiento, no permitieron llamadas a abogado y trataron mal a Caicedo y su familia. Se llevaron a Caicedo y, además, un disco duro, memorias, agendas y escritos de él.
Permaneció detenido 10 meses. La Fiscalía, por falta de pruebas, precluyó el proceso y ordenó su libertad, pero ni eso fue suficiente. En octubre de 2012 fue capturado de nuevo por la Policía porque, supuestamente, la orden de captura seguía vigente. Para esa época, el CPDH ya había hecho su solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anotando que lo ocurrido con Caicedo era “estigmatización, persecución política y falsa judicialización. A su vez, indicaron que estos hechos era solo uno de numerosos abusos y hostigamientos que se venían presentando en contra de defensores y otros sectores”.
A la Fiscalía no le ha ido bien en las indagaciones, pues, al parecer, no ha habido interés de cooperación. “La Fiscalía 48 Seccional remitió las diligencias a la Fiscalía 33 Local de El Charco (Nariño) el 10 de septiembre de 2013. Este último despacho envió nuevos oficios solicitando información sobre los funcionarios que participaron en el operativo cuestionado, sin obtener respuesta”. Para Caicedo, las cosas no se han suavizado. En una ocasión, por ejemplo, dispararon contra su casa y le dieron una brutal paliza a su perro. Se han hecho entrevistas, se han ampliado testimonios, pero la investigación no pasa de preliminar.
En general, para la Fiscalía es claro que agentes del Estado trasladaron el conflicto interno al campo de la defensa de los derechos humanos. “Se observa un aumento de la estigmatización y los ataques a los defensores de derechos humanos a partir del año 2000”, resalta el organismo investigativo. El conflicto, dice también, dificultó el trabajo de los investigadores muchas veces. Pero, en otras, falló la voluntad. Lo que es un hecho es que, desde el primer año que registra la Fiscalía en su informe, 1985 -y desde antes- hasta hoy en Colombia defender los derechos humanos ha sido y sigue siendo una labor de peligro.
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