Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Durante una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, la Fiscalía expuso los presuntos hechos delictivos por los que señala a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública, y que tienen que ver con su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Estos, sin embargo, no fueron aceptados ni negados, pues la diligencia tuvo que ser suspendida.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Manrique habría sido, junto a Olmedo López, uno de los líderes de la organización criminal conformada para gestionar la apropiación de recursos públicos a través de negocios del Estado y con pagos de millonarios sobornos. En ese sentido, el ente investigador recordó cómo Manrique, López y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, —quien se encuentra en prisión por estos hechos— movieron sus fichas para obtener $100.000 millones producto de un convenio entre la Unidad encargada de atender desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el fin de pactar contratos a cambio de coimas de hasta el 7% por cada convenio entregado.
“Usted, César Manrique Soacha, planeó con Olmedo López y Luis Carlos Barreto, aludiendo a su pasado político cercano al entonces director de la ANT y su condición de alto cargo del Ejecutivo, que apoyaría la celeridad del trámite de reducción del convenio, a cambio de direccionar con Barreto Gantiva los contratos que la Ungrd financiaría con los recursos reducidos y trasladados a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que finalmente ascendieron a $100.000 millones, a cambio de lo cual cobraría coima a las empresas a las que se les adjudicara la contratación”, explicó la fiscal del caso.
El ente investigador también puso de presente otro hecho que tiene contra las cuerdas al exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro: la apropiación de $3.000 millones en efectivo por cuenta de coimas solicitadas y en razón de un contrato firmado entre la Ungrd y la Corporación Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques pequeños. De acuerdo con la lectura de la fiscal María Cristina Patiño, que lleva el expediente, ese dinero fue entregado por Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd, a Luis Carlos Barreto Gantiva en un baño de un centro comercial en Bogotá. Barreto, por su parte, tenía la misión de entregárselos a Manrique.
En todo este entramado también se suman nombres como el del abogado y empresario Édgar Riveros Rey —también en prisión por intentar sobornar a Sneyder Pinilla y su abogado Luis Gustavo Moreno para que lo sacaran a él y Barreto Gantiva de sus relatos ante las autoridades—, quien es señalado por la Fiscalía de manejar el dinero consignado por la Fundación Yapurutú luego de que esta recibiera contratos en La Guajira. El jurista procesado, según la Fiscalía, también cumplió un rol determinante a la hora de buscar contratistas interesados en quedarse con los negocios y que pagaran jugosos sobornos.
Si bien la Fiscalía expuso estos y otros hechos relevantes, en los que se involucran a funcionarios de la Ungrd, del Departamento de la Función Pública y contratistas, y donde la fiscal Patiño también imputó cargos a otras siete personas presuntamente involucradas en el desfalco, la audiencia tuvo que ser suspendida debido a una solicitud de la defensa de Manrique, con la que busca anular todo lo actuado contra el exfuncionario. De acuerdo con sus abogados, Manrique, al momento de los ilícitos, ostentaba fuero constitucional en su calidad de director de la Función Pública. En ese sentido, dicen, el caso debió ser remitido al Tribunal Superior de Bogotá.
Las víctimas del proceso, el Ministerio Público y la propia Fiscalía rechazaron ese requerimiento. Parala fiscal Patiño, ese fuero se mantiene únicamente cuando los hechos tienen una relación directa con las funciones ejercidas por Manrique como servidor público, algo que no se evidencia en este escenario. Para el ente investigador, la conducta delictiva de Manrique es ajena al rol que ostentaba para ese entonces, que era el de director del Departamento de la Función Pública. Ese análisis será el que deberá hacer la jueza del caso, por lo que la diligencia será retomada este jueves 5 de junio a las 2:00 de a tarde para conocer cuál fue la decisión.
Los otros imputados
La Fiscalía también leyó los delitos por los cuales serán imputadas otras siete personas que fueron ejes clave para el desfalco de la Unrgd y la entrega de contratos corruptos a cambio de sobornos. El abogado Édgar Riveros Rey es señalado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos y falsedad ideológica en documento público. Entretanto, a Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Ungrd, les fueron formulados cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
Así mismo, la fiscal Patiño anunció la imputación a Édgar Echeverry Toro, representante legal de la Corporación Yupurutú, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de la misma organización, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Finalmente, a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento de la Función Pública, y a Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Unidad de Gestión del Riesgo, les fue imputado el delito de lavado de activos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
