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Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes se desempeñó como secretaria de Planeación e Infraestructura de Ataco (Tolima). Según detalló la Fiscalía, la mujer habría participado en un presunto entramado de corrupción que habría direccionado dos contratos de obra y dos de interventoría por un valor de COP 21.550 millones.
El proyecto, financiado con recursos de regalías, tenía como objetivo construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco. Las investigaciones adelantadas por el ente acusador dan cuenta de la posible participación de funcionarios de la Alcaldía municipal, un exmandatario local y varios contratistas.
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Según la Fiscalía, Lugo Camacho "habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por COP 1.061 millones". Además, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría.
Asimismo, el ente investigador señaló que la mujer también avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, quien nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento. Estas actuaciones terminaron por ocasionar un detrimento patrimonial de COP 499 millones, correspondiente a los recursos girados.
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Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijín de la Policía en Neiva (Huila), después de conocer la existencia de una orden judicial en su contra. Por estos hechos, fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La mujer no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Sin embargo, dicha decisión fue apelada por la Fiscalía. El ente investigador sostuvo que este caso es resultado de la estrategia conformada para identificar y judicializar a los presuntos responsables de la desviación y apropiación de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
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