Este 4 de junio, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Javier Stivinson Barrios Arrieta, alias “Pluma Blanca” o “Rojo”, presunto jefe de la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo. El capturado es señalado de contactar y ofrecer dinero a integrantes de la fuerza pública a cambio de información sobre operaciones contra el grupo armado ilegal en Sucre.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en diciembre de 2024 alias “Pluma Blanca” habría ordenado ubicar y ofrecer entre COP 70 y COP 80 millones a un coronel de Infantería de Marina de la Armada Nacional para que alertara sobre los movimientos de las tropas y las acciones militares previstas.
Lea: Ordenan devolver €4,4 millones a exgobernador Pablo Ardila tras archivo de caso por lavado
Según el ente investigador, el procesado también estaría implicado en “la obtención de munición y una pistola calibre 9 milímetros en Corozal (Sucre), el 5 de junio de 2025, que tenía como destino uno de los máximos jefes de la organización criminal”.
Por estos hechos, a Barrios Arrieta le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados, por lo que una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Le puede interesar: Prohíben a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña
Alias “Pluma Blanca”, de 42 años, fue capturado el pasado 21 de mayo de 2026. Tras el proceso de investigación de más de un año en su contra, las autoridades adelantaron un allanamiento en el que fue capturado por tropas de la Armada de Colombia y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el municipio de Corozal (Sucre).
Las autoridades señalaron que, durante más de 15 años, Barrios Arrieta habría desarrollado actividades criminales orientadas al perfilamiento y la captación de funcionarios públicos, así como de integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación, a quienes, al parecer, les ofrecía dinero a cambio de obtener información reservada de carácter operacional y estratégico.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.