27 Jul 2021 - 12:00 p. m.

Inadmiten denuncia contra Bolívar por “atizar” la protesta a través de trinos

La decisión es de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que analizó una denuncia que vincula un trino en la cuenta oficial del senador en el que incitaba a la protesta pacífica, pese a que un día antes de llevarse a cabo, una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de las movilizaciones hasta que hubiese la inmunidad de rebaño por Covid-19.

Un polémico trino del senador Gustavo Bolívar al inicio de las manifestaciones convocadas para el pasado 28 de abril abrió la brecha a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no solo analizara el caso sino también sentará su postura sobre la relación que existe entre el derecho a la protesta pacífica y la oposición. El alto tribunal en su análisis inadmitió la denuncia que interpuso Carlos Emilio Ospina, y reposaba directamente sobre Bolívar que, según el denunciante, alardeaba y atizaba para la realización de la marcha pese a que los colombianos no estaban completamente inmunizados del Covid-19.

“Queridas centrales obreras y partidos afines: Apoyo marchas y cacerolazos, iré a ellas y acabaré otra sartén pero, con todo respeto: Eso no sirve para nada. No conozco una solo (sic) sociedad q (sic) haya provocado cambios con un a (sic) marcha de 4 horas. Los invito a quedarnos, indefinidamente”, dijo Bolívar en su trino. Situación que para Ospina fue un desacierto, pues, aunque no cuestionó el derecho a la protesta si consideró que el congresista desacató la orden judicial que emitió una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca horas antes de que se iniciaran las movilizaciones.

En su providencia la magistrada Nelly Yolanda Villamizar ordenó que se suspendieran las movilizaciones hasta que el presidente Iván Duque junto con el Ministerio de Salud, alcaldes y gobernadores garantizara la inmunidad de rebaño con la vacuna que, para la época era del 70% de la población. Pese a que la orden judicial no se acató por parte de la ciudadanía, Ospina le reprochó a Bolívar su intención de alentar a los colombianos a salir a las calles situaciones que durante un poco más de dos meses dejaron graves daños a la infraestructura en Cali y Bogotá entre otras ciudades que generaron un detrimento de hasta 350 mil millones de pesos.

Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Sala de Instrucción no solo inadmitió la denuncia porque consideró que no hubo acciones relacionadas a un delito, sino que también recordó que el derecho a la protesta pacífica no solo está consignado en la Carta Política sino que, además, la crítica al gobierno, a sus políticas sociales, económicas entre otras, no solo se constituye en un derecho, sino que corresponde a una función congénita a los partidos que se declaran de oposición.

“De ese modo, al comprender que la oposición no tiene una esfera limitada, ni siquiera actores concretos, pues se extiende a la sociedad en su conjunto, es que puede dilucidarse el motivo por el cual tal derecho se encuentra íntimamente relacionado con la protesta social. Así mismo, se colige que el apoyo de las manifestaciones o movilizaciones traduce una de las expresiones posibles y legítimas de la oposición política”, dijo la Sala de Instrucción en el documento de 54 páginas conocido por El Espectador.

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Con lo anterior, la Sala de Instrucción reiteró que los discursos, publicaciones y mensajes que se emiten a través de las redes sociales con ese trasfondo son de naturaleza política y “son de la esencia de los congresistas en el rol que tienen de actores políticos”. Recordó que en un artículo de la Constitución se ha indicado que ese tipo de manifestaciones merecen una protección especial a la que normalmente se atribuye la libertad de expresión. “En concreto, porque se encuentra involucrado, no solo el derecho de la persona, sino una función y garantía política, así como el funcionamiento mismo del estado liberal”.

Para la Sala de Instrucción, en resumen, la conducta reprochada al senador carece de relevancia penal debido a que se “comunicó, simple y llanamente”, a través del ejercicio de su derecho fundamental a la oposición, esto es, de criticar y efectuar control político al gobierno actual. Si bien, aunque le dio la razón al político respecto de acoger su comentario como una postura de la oposición, el magistrado recordó que “el ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento en sus diferentes y concurrentes dimensiones, así como a la protesta, no puede comportar la violación de los derechos fundamentales de otras personas, ni constituir una forma o medio de injerencia directa o indirecta, ni de presión lesiva”.

Del mismo modo, la Corte Suprema consideró pertinente recordar que la libertad de expresión, sobre todo si tiene relación con un discurso político, contiene una presunción de legalidad; de ahí, entre otras cosas, que considere que ninguna de las palabras utilizadas por Bolívar invitó a acudir a mecanismos de violencia, ni a causar la destrucción de bienes públicos o privados, como lo trató de sugerir Ospina en su denuncia.

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“De ninguna manera puede atribuírsele algún compromiso, al menos no en el ámbito penal, al congresista Bolívar Moreno por los desmanes que desafortunadamente ocurrieron con detrimento para la propiedad pública y privada. En fin, queda descartada por completo, es decir, sin remisión a duda y en conclusión que torna innecesario acudir a la investigación previa, la instigación a delinquir”, dijo la Sala de Instrucción. El documento conocido por este diario también resaltó que no se puede dejar de lado que solo mediante un mecanismo legal puede regularse o limitarse el derecho a la protesta.

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