Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya, acaba de entrar en un proceso de extinción de dominio, por el cual podría perder 32 de sus propiedades, al ser vinculado directamente como uno de los más fieles lavadores de dinero del alto mando del Clan del Golfo.
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Las propiedades están avaluadas en $17.500 millones y fueron ocupadas en diligencias de allanamiento en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Bello, Abejorral y Santa Rosa de Osos, en Antioquia.
“Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración”, señaló la Fiscalía.
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El historial delincuencial de alias Soya daría cuenta de que, con la ayuda de amigos y familiares, constituía empresas de papel dedicadas a la ganadería y a otras actividades agropecuarias en el Urabá. Pero no serían más que la fachada para limpiar dinero producto del envío de toneladas de cocaína a Europa y Estados Unidos.
Las operaciones de lavado serían de tal magnitud que Soya contaba con sus propios asesores contables y financieros, así como una asesora experta en temas de notariado y registro. Su función era no dejar rastro en la contabilidad, ni generar alertas en las autoridades.
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Las pruebas recolectadas por la Fiscalía sostienen que, entre 2010 y 2023, alias Soya lavó dinero por hasta $65.000 millones. Una cantidad de dinero tan grande que incluso era reportada al extraditado alias Otoniel, máximo jefe del Clan, y en la actualidad a alias Chiquito Malo, quien asumió el mando.
“De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años”, agrego el ente investigador.
Con una teoría del caso consolidada, la Fiscalía presentó a alias Soya ante un juez de control de Garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, pero el juez le impuso medida de aseguramiento en cárcel mientras avanza la investigación en su contra.
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