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26 Nov 2020 - 11:00 a. m.

Incendio en el CAI de San Mateo: el lado más oscuro de la política de seguridad ciudadana

Este hecho, en el que fallecieron ocho personas y tres más resultaron gravemente heridas se suma a toda una serie de tragedias que han sucedido en los últimos años en cárceles o en lugares de detención a cargo del Estado colombiano ¿Qué hay detrás?

Mario Andrés Torres* y Juana Valentina Parra**

*Abogado, Magister en Derecho Internacional y asesor jurídico del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes. **Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes.

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“¡Sáquenlos!” gritaban con desespero los familiares de las personas que se encontraban recluidas en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de San Mateo, en Soacha, en la mañana del 4 de septiembre de 2020. Según la versión de los familiares, debido a las precarias condiciones en las que se encontraban los reclusos y, sumado a la negativa de la Policía de permitir visitas aquella mañana, una de las personas recluidas prendió fuego a un colchón, provocando un incendio en el que murieron incineradas ocho de las once personas detenidas. Los familiares denuncian que los policías que se encontraban en la estación mantuvieron una actitud pasiva y desinteresada frente a la emergencia que estaba ocurriendo. En un video difundido por los familiares y por el concejal de Bogotá Diego Cancino, se ve claramente cómo un uniformado le quita la manguera a una de las madres impidiendo auxiliar a las personas detenidas. Una vez desatado el escándalo, el 11 de noviembre de 2020, más de dos meses después de la tragedia, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el comandante de la Policía de Cundinamarca dieron declaraciones defendiendo la actuación de la Policía y, sin referirse a las vidas perdidas, el ministro de Defensa afirmó que “existe una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas”.

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Este hecho, en el que fallecieron ocho personas y tres más resultaron gravemente heridas se suma a toda una serie de tragedias que han sucedido en los últimos años en cárceles o en lugares de detención a cargo del Estado colombiano. Años atrás, el 28 de enero de 2014 tuvo lugar un incendio en la Cárcel Modelo de Barranquilla, en el que fallecieron cerca de 20 reclusos. En aquella ocasión, con base en los videos grabados por los mismos internos, se denunció que los guardias les impidieron salir del lugar, se abstuvieron de prestarles socorro y abandonaron el lugar[1]. Más recientemente, el 21 de marzo de 2020, en la cárcel la Modelo de Bogotá murieron 23 personas y 83 resultaron heridas por un motín que fue reprimido con armas de fuego por parte de la guardia del INPEC. El 26 de Julio de 2020 Juan Luis Guzmán, una persona gay afrocolombiana, murió bajo custodia de la Policía. En la noche del 9 de septiembre de 2020, ante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez en un CAI de Bogotá, murieron 13 personas y más de 70 resultaron heridas de gravedad, la mayoría con armas de fuego de la Policía Nacional. En todos estos hechos existen dos elementos comunes: las investigaciones penales y disciplinarias quedaron estancadas, mientras que la actitud del Gobierno Nacional frente a las víctimas no fue sólo desdeñosa, sino que minimizó la gravedad de lo ocurrido, calificando los hechos como intentos de fuga, accidentes o estrategias de desprestigio de las autoridades públicas, desconociendo las causas reales de las tragedias que cada cierto tiempo sacuden el sistema de justicia y seguridad ciudadana.

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A pesar de las palabras del ministro de Defensa que intentan minimizar estos hechos, la Policía Nacional enfrenta desde hace años un problema grave en el control de los lugares de detención transitorios (estaciones de policía, CAI, URI y UTP). En el año 2019, se encontraban 6,882 personas detenidas en 239 estaciones de policía, con un índice de hacinamiento del 132,12%, mientras que en las URIs había 689 personas privadas de la libertad. En establecimientos municipales hay 2.865 personas. En junio de 2020 se encontraban 11.980 personas recluidas, cifra que en menos de quince días ascendió a 12.512 personas, según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, en centros con capacidad para albergar 4.825 personas en todo el país, con una cifra de hacinamiento del 124,75%[2]. Estas cifras de hacinamiento recuerdan a los hechos juzgados por la Corte Constitucional en la sentencia T-151 de 2016, cuando ordenó remedios urgentes para la URI de la Granja en Bogotá, en donde personas detenidas eran esposadas a la intemperie durante días o semanas ante el hacinamiento que vivía el sistema. Si bien estas escenas no se han vuelto a repetir, desde entonces poco ha cambiado en los centros de detención transitorios.

En este panorama, es claro que en un CAI como el de San Mateo más de diez personas se encontraban hacinadas en un espacio no superior a los 25 metros cuadrados, con falta de acceso a baños higiénicos y en general en unas condiciones infrahumanas de detención. De acuerdo con Alberto Sánchez, experto en seguridad ciudadana que ha trabajado con la secretaría de seguridad de Cali y Bogotá, en su peor momento de hacinamiento, Cali contaba con más de 800 detenidos diarios en sus estaciones de policía, mientras que Bogotá en el peor momento de la pandemia causada por el coronavirus llegó a tener más de 1.000 detenidos diarios, lo cual hace común las riñas y amotinamientos en los establecimientos de detención. La situación se repite en prácticamente todas las ciudades capitales de Colombia, especialmente en épocas como la de la presente pandemia, en las que el ingreso y traslados de personas a las cárceles a cargo del INPEC se reducen considerablemente.

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El problema de los centros de detención transitorios es mucho más grave si se tiene en consideración el tipo de personas que se encuentran detenidas en una estación de policía. La amplia discreción de la Policía para detener a una persona, sumado al represamiento de órdenes de captura y la falta de cupos en el sistema penitenciario y carcelario hace que los centros de detención transitorios alberguen personas con situaciones jurídicas muy diferentes. En un día normal, personas acusadas por homicidios, hurtos o delitos sexuales conviven hacinadas con otras personas que son detenidas por razones como no portar la cédula de ciudadanía, ser consumidor habitual de drogas o ser un habitante de calle renuente a seguir un procedimiento policivo.

Desde el punto de vista de estrategia en seguridad, esta crisis frente a la custodia de personas detenidas en las estaciones de policía también implica unos costos muy importantes en seguridad ciudadana y unas responsabilidades desproporcionadas para la Policía. De acuerdo con Sánchez, la Policía Nacional, sólo en Bogotá, puede requerir hasta más de 300 personas divididas en turnos para garantizar la custodia de las casi 1.000 personas que se encuentran a diario en los centros de detención transitorios. En un contexto de recursos limitados, agravado por la pandemia, se está usando buena parte del personal de policía para custodiar detenidos en vez de solucionar los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a Bogotá, especialmente en delitos de alto impacto como el hurto de bicicletas y celulares en espacios públicos.

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Más allá de los problemas en la custodia en las estaciones de policía, este tipo de casos demuestran un problema más profundo, de carácter ético, que es cada vez más común en la sociedad colombiana. Las noticias de una tragedia en las cárceles o lugares de detención suelen venir acompañadas de una ola de comentarios en redes sociales que muestran el lado más oscuro de la cultura colombiana, que deshumaniza a las personas detenidas y las trata como personas de segunda categoría. Son comunes respuestas en redes sociales como “¿por qué debemos tener compasión con los delincuentes si ellos no tuvieron compasión con las víctimas?”; o, “son delincuentes, ahora no nos vamos a poner a llorar cuando los mismos delincuentes fueron quienes iniciaron el incendio”. Este tipo de respuesta, común entre políticos, altos funcionarios públicos y la ciudadanía, muestra claramente el desprecio del que son objeto los detenidos y el poco valor que le otorgamos a la vida en Colombia.

La deshumanización de los detenidos en Colombia es problemática al menos por dos razones. La primera es que el desinterés de la ciudadanía crea incentivos para la inactividad, incompetencia y abusos del Estado. La segunda es que esta visión tiende a confundir el reconocimiento de los derechos humanos de los detenidos como una cuestión de permisividad o como el otorgamiento de beneficios. Sin embargo, la posibilidad de acceder a un mínimo razonable de agua potable, saneamiento básico, servicios de salud y de alimentación no es un asunto de beneficios, sino es un mínimo de humanidad que en últimas es una protección para todos nosotros los ciudadanos que vemos limitada la arbitrariedad del Estado gracias a la protección que nos ofrecen los derechos humanos. Cuando alguien es detenido por la Fuerza Pública, es claro que existe una relación especial de sujeción en la cual el Estado colombiano es responsable de garantizar la vida y la integridad de cualquier persona que se encuentre detenida.

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Este proceso de deshumanización de la que son víctimas las personas privadas de la libertad es particularmente visible en este caso. Por un lado, es cuestionable por qué en los medios de comunicación esta noticia sólo tuvo eco más de dos meses desde la ocurrencia de los hechos. No fue sino hasta el 10 de noviembre de 2020, con ocasión de la denuncia del Concejal Diego Cancino en su cuenta de Twitter[3], que la noticia por fin fue transmitida en medios de amplia circulación nacional. ¿Qué hubiera pasado si una figura pública no hubiera utilizado su red social con casi 10 mil seguidores para denunciar este hecho? Asimismo, el actuar de la Fiscalía y de la Procuraduría brilla por su ausencia, pues la imposibilidad de hablar de una versión preliminar si quiera confirmada de hechos sucedidos hace dos meses se debe a la falta de respuesta oportuna por parte de los entes de investigación competentes. Hasta la fecha, la única entidad que se ha pronunciado en detalle ha sido la Policía, mediante el comandante César Castro, quien desmintió las acusaciones de las familias víctimas, argumentando que los uniformados sí prestaron ayuda.

La responsabilidad de la Policía Nacional en estos hechos es indiscutible y la justicia debería investigar con todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. Mientras tanto, son varias las medidas que se pueden tomar desde el Estado colombiano para evitar tragedias como la del CAI de San Diego. Entre ellas, por ejemplo, se pueden mejorar los protocolos de formación de la Policía, tomar medidas para mejorar la participación e independencia de los entes de control en las estaciones de policía, garantizar mayores recursos y controles para atender la crisis carcelaria, responsabilizar a los jueces de Control de Garantías fente a lo que sucede en los centros de detención transitorios y pensar reformas legislativas que permitan reorganizar la política criminal, deshacinando tanto las cárceles como los centros de detención transitorios. No obstante, ningún cambio es posible si la sociedad colombiana y las autoridades públicas siguen respondiendo ante esta crisis con cinismo o con absoluto desinterés. Mientras que la política de seguridad ciudadana sea la misma, corremos el riesgo de que sigan muriendo más personas a cargo del Estado colombiano en las cárceles, en los CAI o en las calles bogotanas.

(En contexto: Cárcel, COVID-19, y reinserción en Chile)

[1] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14713575

[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-reduccion-del-hacinamiento-carcelario-en-colombia-en-tiempos-de-covid-19/

[3] https://twitter.com/cancinodiegoa/status/1326198738440892416?s=20

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