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La indagatoria a la que fue citado para el próximo 24 de julio el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con paramilitares, masacres en Antioquia y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, fue aplazada hasta agosto. La Fiscalía accedió a la petición hecha por la defensa de Uribe, quien tildó la citación como un “atropello”.
La diligencia, según se conoció, fue reprogramada para el 18, 19 y 20 de agosto. Cuando se conoció la primera fecha, el expresidente se pronunció en su cuenta de X: “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió (sic) y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas”, escribió el líder natural del Centro Democrático.
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En esa oportunidad, Uribe Vélez calificó el hecho como un “atropello” y aseguró: “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.
Aunque el proceso se está moviendo por estos días, realmente fue abierto y cerrado en el año 2000. Sin embargo, el ente investigador tiene los tres expedientes de nuevo en sus manos desde septiembre de 2020, cuando el político renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para continuar con las investigaciones que había asumido.
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Los hechos por los que la Fiscalía investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez
El exmandatario enfrenta tres procesos judiciales vinculados a episodios de violencia paramilitar ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa, así como al homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Tras mantener estos expedientes sin mayores avances durante varios años, el ente acusador dio un paso que conecta directamente al expresidente con una investigación por su presunta participación en la creación y el actuar de estructuras paramilitares.
De acuerdo con lo revelado, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente la investigación por hechos vinculados a la conformación de un grupo paramilitar en San Roque, así como por las masacres cometidas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, en la época en que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
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Masacre de La Granja
La violencia paramilitar en el corregimiento de La Granja, en Ituango, comenzó con el homicidio de cuatro campesinos en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares al mando de alias “Doble Cero” llegaron a la zona y, siguiendo órdenes de los hermanos Fidel y Vicente Castaño y de Salvatore Mancuso, asesinaron a William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
Se presume que la incursión armada fue financiada desde la oficina de finanzas de esa estructura criminal, ubicada en el centro de Medellín y conocida como el Parqueadero Padilla. En 2023, la Fiscalía llamó a juicio a Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”, señalado de administrar dicha organización.
Masacre de San Roque
Este hecho, ocurrido entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996, fue mencionado inicialmente en una investigación previa que la Fiscalía adelantaba contra el expresidente por la presunta conformación de grupos paramilitares durante los años noventa en la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.
Según un pronunciamiento de la Corte Suprema en 2020, la organización armada ilegal “al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.
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Masacre de El Aro
Este es otro de los episodios que la Fiscalía investiga en relación con el expresidente, ocurrido entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, también en Ituango. Según relató el propio Salvatore Mancuso ante la justicia, cerca de 200 paramilitares, bajo el mando de Carlos Castaño, sembraron el terror en la zona.
Durante las dos semanas que duró la incursión, quince personas fueron asesinadas y 40 viviendas fueron incendiadas, en una acción que buscaba acabar con el pequeño caserío, cuyos habitantes fueron señalados, sin ninguna prueba, de ser colaboradores de la guerrilla.
Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo
El defensor de derechos humanos, quien presidía el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Sicarios lo atacaron en su oficina en Medellín, el mismo día en que un campesino proveniente de Ituango llegaría a contarle lo sucedido en El Aro.
En una entrevista concedida en 1997, Valle Jaramillo había señalado que las masacres cometidas por los paramilitares contaron con la participación de militares adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército: “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, dijo en esa ocasión.
En octubre de 2025, un juez de Medellín compulsó copias en contra de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por su posible responsabilidad en este crimen. Un año después, el pasado 4 de junio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez por el caso de los 12 Apóstoles, una estructura paramilitar que operó entre 1992 y 1994.
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La decisión ratificó la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, que lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
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