9 May 2018 - 3:51 p. m.

Informe alerta incremento de violencia por control territorial en barrios de Tumaco

La Defensoría del Pueblo le envió un documento de 22 páginas al ministro del Interior, Guillermo Rivera, donde pone de presente una alerta temprana debido al inminente riesgo que enfrentan los habitantes de este municipio por el incremento de la violencia ejercida por grupos delincuenciales.

Redacción Judicial

Una de las situaciones que alertó la Defensoría son las fronteras entre sectores de Tumaco, controladas por las organizaciones criminales.  / Archivo El Espectador.
Una de las situaciones que alertó la Defensoría son las fronteras entre sectores de Tumaco, controladas por las organizaciones criminales. / Archivo El Espectador.

La situación que actualmente enfrenta Tumaco en razón al incremento de la violencia ejercida por grupos delincuenciales tiene las alarmas encendidas en la Defensoría del Pueblo, que emitió una alerta temprana en un documento de 22 páginas dirigido al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Allí, la entidad explica lo que la Procuraduría encontró hace unos días: la presunta existencia de casas de pique en los barrios El Bajito, Nuevo Milenio, Brisas del Aeropuerto, La Florida y Libertadores, que agrava la situación que ya venía enfrentando el municipio en materia de orden público. 

Pero el informe va mucho más allá, pues relata el crítico panorama que enfrenta esta zona del país. Desde finales del año pasado, de acuerdo con el informe, se fortalecieron dos estructuras disidentes de las Farc: Las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Oliver Sinisterra, cuyo jefe es Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho, una de las personas más buscadas en el país. Mientras que el primero tiene presencia en el norte del río Mira y en la cabecera de Tumaco, el segundo abarca territorios del consejo Alto Mira y Frontera y resguardos del pueblo indígena Awá Chinguirito Mira, Quejuambí Feliciana, Piedra Sellada y Hojal La Turbia. (Lea: Casas de pique y “Guacho”, el sombrío panorama que enfrenta Tumaco)

Sumado a esto, la Defensoría manifestó que toda esta situación se refleja en el incremento de los homicidios, tanto en la jurisdicción del municipio como en el casco urbano. “Además de los homicidios selectivos en actos sicariales, se han presentado enfrentamientos en algunos sectores de la cabecera, protagonizados por grupos ilegales que disputan el control territorial en los barrios”, sostuvo la entidad que citó, como ejemplo, la balacera que se presentó el 10 de febrero entre grupos ilegales mientras se celebraba el desfile de las fiestas patronales de Tumaco en el sector de El Voladero. Este hecho dejó tres personas muertas y cinco heridas.

Otra de las situaciones que alertó la Defensoría son las fronteras entre sectores de Tumaco, controladas por las organizaciones criminales y cuyos efectos se han sentido en ataques a pobladores que buscan movilizarse. Estos enfrentamientos ya han ocurrido, como el del 22 de febrero de este año en el barrio Ciudad 2000, y el ataque el primero de marzo en el mismo sector, que dejó un saldo de un niño de ocho años herido en sus piernas. Además de todo esto, hay un agravante: la imposición de códigos de conducta por parte de los grupos armados. (Lea también: Historia de una 'casa de pique')

En síntesis, la Defensoría afirmó que estos códigos de conducta radica en la imposición de normas de control social y multas para quienes tengan discusiones con vecinos, líos de pareja o inconvenientes en la comunidad. “Los ilegales son quienes imponen ‘multas’ a quienes infringen los ‘códigos de conducta’ al interior de los barrios, definiendo los criterios para la convivencia y regulación de los pobladores, como ha ocurrido en el barrio Panamá”, precisó la entidad.

Igualmente, el documento explicó que el uso de artefactos explosivos de manera indiscriminada está generando temor y zozobra en los tumaqueños. A manera de ejemplo, la Defensoría explicó que el pasado 10 de marzo el joven Lesli Enrique Enríquez Pasos, quien reside en el barrio Nuevo Milenio, se encontraba pescando con su hermano y allí se encontraron un balón tirado en el suelo. Al llevarlo a su residencia, la pelota explota, lo que ocasionó la pérdida de su pierna izquierda. (Le podría interesar: Guacho y las bacrim: los males que azotan a Tumaco)

Denuncian irregularidades en operativos del Ejército

En frontera, se lee en el documento, se ha fortalecido el estructura de alias Guacho como la mayor disidencia, a pesar de que esta aspira a consolidar una estructura política. De hecho, la Defensoría manifestó que después del secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador, los operativos militares de ambos países empeoraron la violencia, quedando en medio de la disputa la población civil afrodescendiente, indígenas y campesinos. En esa ofensiva, las comunidades denunciaron abusos por parte de efectivos militares colombianos y ecuatorianos. A esto se le suma que efectivos del Ejército, debido a las operaciones, han presentado restricciones para la movilización de civiles en zonas como Azúcar, La Corozala y Munguí, en donde las comunicaciones por vía celular son complejas.

“Indígenas del resguardo Piedra Sellada declararon haber sido objeto de atropellos por parte del Ejército Colombiano el 18 de abril de 2018, cuando indígenas fueron increpados de forma violenta al ser señalados de ‘guerrilleros’ y ‘mandaderos de Guacho’, igualmente, los indígenas del resguardo Chiringuito Mira, que visten con botas de caucho, son señalados y estigmatizados como ‘Guachos’”, se lee en el informe de la Defensoría, que ha recibido quejas de campesinos que han afirmado irregularidades en los procesos de captura y detención de personas, y porque los efectivos no portan sus nombres y distintivos. (Le sugerimos: Autoridades definirán ruta inmediata para proteger a líderes sociales en Tumaco)

Pero, igualmente, las comunidades también reciben presiones de integrantes de la disidencia de Guacho, quienes los señalan de ser “informantes”, por lo que se genera restricciones para entrar y salir de sus territorios. Hechos que se agravan, precisó la entidad, por la circulación de panfletos en los que obligan a las comunidades a cumplir lo que esta organización pide para no recibir retaliaciones en su contra.

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