“Inmunidad diplomática no es impunidad”: procurador a Roberto Prieto
El exgerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos alega que sus procesos deben ser cerrados, pues cuenta con una inmunidad como exfuncionario del BID, y que, además, no hay razón para que sea investigado.
Redacción Judicial
Minutos después de finalizar un evento este viernes en la sede del Ministerio Público, el procurador general, Fernando Carrillo, le dijo a Roberto Prieto que la “inmunidad diplomática no es impunidad”. La polémica surgió porque Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, pidió cerrar los procesos que tiene en la entidad disciplinaria en relación por, supuestamente, haber beneficiado la firma Marketmedios –empresa cuyos propietarios son sus propios familiares– con contratos derivados de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El pasado 16 de agosto, El Espectador publicó los detalles de un documento en donde la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal explicó los motivos por los cuales consideraba necesario abrir una investigación disciplinaria en contra de Roberto Prieto. Lo que el organismo disciplinario busca establecer es si Prieto, mientras se desempeñó como director ejecutivo del BID en Colombia, avaló proyectos entre entidades estatales y la mencionada empresa familiar. Según explicó el Ministerio Público, él habría gestionado intereses privados.
El documento señala que el pasado 28 de junio, el Ministerio Público solicitó a algunas entidades certificar si Prieto había hecho visitas como director ejecutivo del BID, como gerente de la campaña electoral del Juan Manuel Santos, como acompañante de algún delegado de la empresa Marketmedios o en otras circunstancias.
No obstante, según el diario El Tiempo, la defensa de Prieto radicó ayer una petición ante el Ministerio Público donde solicita cerrar los procesos disciplinarios que su cliente tiene, con el argumento de que cuenta con inmunidad como exfuncionario del BID. La petición, al parecer, también dice que el exgerente no es funcionario público de entidades estatales, por lo que no reúne los requisitos para que sea investigado disciplinariamente ni como particular.
(Le puede interesar: Las interceptaciones a Roberto Prieto)
Presuntas irregularidades en la en la VI Cumbre de las Américas
La Fiscalía, por su parte, también tiene en el radar a Marketmedios por hacer parte de Unión temporal Cumbre de Las Américas. Este consorcio, integrado también por las compañías Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS y Creativa Producciones, habría cometido irregularidades en la adición del contrato por $43.500 millones. El convenio tenía como propósito realizar actividades de logística.
Por estos hechos, el ente investigativo les imputará cargos a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular. Se trata de Araminta Beltrán Urrego, directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores; Alexander Potdevin Gutiérrez, funcionario de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato; y Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012. La Fiscalía, igualmente, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita Salas Mejía, entonces secretaria general de la Cancillería, quien cuenta con fuero constitucional, pues actualmente se desempeña en la Embajada de Colombia en Madrid (España).
A la firma del contrato inicialmente establecido, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría autorizado una adición por $12 mil millones, lo que, para el ente investigador, configuraba un negocio nuevo de contratación. “Habría una violación grave a los principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva”, advierte la Fiscalía. Además, tendrían pruebas de que el 50% de la suma adicionada habría sido usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales.
Minutos después de finalizar un evento este viernes en la sede del Ministerio Público, el procurador general, Fernando Carrillo, le dijo a Roberto Prieto que la “inmunidad diplomática no es impunidad”. La polémica surgió porque Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, pidió cerrar los procesos que tiene en la entidad disciplinaria en relación por, supuestamente, haber beneficiado la firma Marketmedios –empresa cuyos propietarios son sus propios familiares– con contratos derivados de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El pasado 16 de agosto, El Espectador publicó los detalles de un documento en donde la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal explicó los motivos por los cuales consideraba necesario abrir una investigación disciplinaria en contra de Roberto Prieto. Lo que el organismo disciplinario busca establecer es si Prieto, mientras se desempeñó como director ejecutivo del BID en Colombia, avaló proyectos entre entidades estatales y la mencionada empresa familiar. Según explicó el Ministerio Público, él habría gestionado intereses privados.
El documento señala que el pasado 28 de junio, el Ministerio Público solicitó a algunas entidades certificar si Prieto había hecho visitas como director ejecutivo del BID, como gerente de la campaña electoral del Juan Manuel Santos, como acompañante de algún delegado de la empresa Marketmedios o en otras circunstancias.
No obstante, según el diario El Tiempo, la defensa de Prieto radicó ayer una petición ante el Ministerio Público donde solicita cerrar los procesos disciplinarios que su cliente tiene, con el argumento de que cuenta con inmunidad como exfuncionario del BID. La petición, al parecer, también dice que el exgerente no es funcionario público de entidades estatales, por lo que no reúne los requisitos para que sea investigado disciplinariamente ni como particular.
(Le puede interesar: Las interceptaciones a Roberto Prieto)
Presuntas irregularidades en la en la VI Cumbre de las Américas
La Fiscalía, por su parte, también tiene en el radar a Marketmedios por hacer parte de Unión temporal Cumbre de Las Américas. Este consorcio, integrado también por las compañías Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS y Creativa Producciones, habría cometido irregularidades en la adición del contrato por $43.500 millones. El convenio tenía como propósito realizar actividades de logística.
Por estos hechos, el ente investigativo les imputará cargos a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular. Se trata de Araminta Beltrán Urrego, directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores; Alexander Potdevin Gutiérrez, funcionario de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato; y Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012. La Fiscalía, igualmente, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita Salas Mejía, entonces secretaria general de la Cancillería, quien cuenta con fuero constitucional, pues actualmente se desempeña en la Embajada de Colombia en Madrid (España).
A la firma del contrato inicialmente establecido, el Ministerio de Relaciones Exteriores habría autorizado una adición por $12 mil millones, lo que, para el ente investigador, configuraba un negocio nuevo de contratación. “Habría una violación grave a los principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva”, advierte la Fiscalía. Además, tendrían pruebas de que el 50% de la suma adicionada habría sido usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales.