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El presidente Iván Duque firmó este martes un decreto que autoriza la creación de casi 3.000 nuevos empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Con la puesta en marcha de esta nueva norma, el director de la entidad, general Norberto Mujica, tendrá la facultad de contratar a más de 2.300 dragoneantes (miembros del cuerpo de vigilancia de las cárceles) y 500 funcionarios administrativos que podrá distribuir internamente “teniendo en cuenta la organización interna de la entidad, así como los planes y programas institucionales, en el marco de las necesidades del servicio”.
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La norma sostiene que esta decisión se tomó luego de que el Inpec estudiara a fondo cómo mejorar su funcionamiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Tras un estudio técnico de esa dependencia, dice el decreto, “se evidenció la necesidad de ampliar la planta de personal, con el fin de atender las exigencias normativas y jurisprudenciales —por las múltiples sanciones al Inpec, que incluyen el juicioso seguimiento que le hace la Corte Constitucional a la situación de las cárceles— y prestar un servicio con mayores niveles de eficiencia y eficacia”.
Por ahora, entrarán 500 funcionarios administrativos —485 de grado universitario y 15 especializados—, así como 2.300 dragoneantes, que entrarán a custodiar las cárceles de Colombia, donde actualmente hay más de 120.000 personas privadas de la libertad y un hacinamiento que asciende al 54 %. Las personas contratadas, dice la norma, “se destinarán al fortalecimiento de los programas de resocialización y a la seguridad en los establecimientos de reclusión que integran la entidad”.
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El Inpec actualmente funciona con 1.913 funcionarios administrativos y 12.848 dragoneantes en todo el país. Ellos son los responsables de la custodia y vigilancia de más de 120.000 personas, quienes deben tener acceso a alimentación, programas educativos y de resocialización y a servicios de salud. El problema, según han encontrado múltiples reportes del Ministerio Público, de organizaciones sociales y del propio Ejecutivo, es que, por falta de planeación, por problemas de corrupción y por otro sinnúmero de razones, estas necesidades básicas están constantemente insatisfechas.
Esta medida del Gobierno descarta uno de los caminos que se rumoraba en la tan anunciada reforma al sistema de custodias: la liquidación del Inpec. En su lugar, va en el mismo sentido de las exigencias que le han hecho los sindicatos de la entidad al Ejecutivo. Como le dijo en el pasado Óscar Robayo, uno de los líderes sindicales de los dragoneantes, a El Espectador: “Pensamos que la entidad debe reforzarse en recurso humano y técnico para buscar la resocialización de las personas que están presas”.