Qué puede venir para el Inpec tras la fuga de la excongresista Aida Merlano

La insólita fuga de la condenada excongresista Aida Merlano esta semana desempolvó la vieja discusión de qué hacer con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), organismo creado en 1992 por el Gobierno y que, desde entonces, sale a relucir cada tanto por sus escándalos de corrupción en el interior de las cárceles de todo el país. Además de la indignación social que causó el escape de la exsenadora del Partido Conservador, la propia ministra de Justicia, Margarita Cabello, cabeza de la cartera a la que está adscrito el Inpec, señaló que esta situación hizo “tocar fondo” a la entidad encargada de la custodia de los 118.000 presos en Colombia y planteó su posible liquidación.

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La primera medida que el Gobierno contempla es la desaparición de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la cual está encargada del manejo de los recursos para que el sistema carcelario colombiano opere. Este organismo, también adscrito al Ministerio de Justicia, ha estado igualmente marcado —aunque en menor medida— por los escándalos de corrupción. La segunda medida es que la custodia de los 138 penales regados por todo el país quede a cargo del Ministerio de Defensa. Una jugada que sindicalistas del Inpec leen como una forma de sacarlos del escenario. Sus contradictores, en cambio, sostienen que los 82 sindicatos de esa entidad no son más que escudos para que sus miembros no sean sancionados por las distintas irregularidades.

En diálogo con El Espectador, Óscar Robayo, uno de los líderes sindicales de los guardias del Inpec, rechazó totalmente estas propuestas del Gobierno. “Los custodios estamos totalmente en desacuerdo con las propuestas del Ejecutivo que vayan en contra del debilitamiento del sistema penitenciario. Liquidar el Inpec no es una solución a la crisis carcelaria. Pensamos que la entidad debe reforzarse en recurso humano y técnico para buscar la resocialización de las personas que están presas”, aseguró el guardia sindicalista. Además recordó que “en las URI también se han presentado agresiones a los detenidos e incluso ha muerto gente. El tema es acabar con la corrupción interna”.

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Francisco Bernate, penalista consultado por este diario, también descartó una de las propuestas que se han hecho desde distintos sectores políticos para darle una solución a la crisis carcelaria: privatizar los penales. El reconocido litigante señaló que esta es una idea “descabellada” y que las experiencias que han arrojado otros países, como Inglaterra, Chile y Estados Unidos, han desembocado en el aumento de población carcelaria, mayor corrupción y violaciones a los derechos humanos. Bernate dijo que el Inpec es una fuerza especializada en el manejo de prisión y no puede entregarse esa responsabilidad a la Fuerza Pública, porque no está entrenada para este fin.

Esta semana, por ejemplo, se supo que la Fiscalía investiga a altos funcionarios de la Fuerza Pública que a finales de los años noventa y principios de este siglo estuvieron a cargo del Inpec y de la cárcel Modelo de Bogotá, cuando esta era un campo de batalla entre paramilitares y guerrilleros. En esa época, en la que varios reclusos fueron desaparecidos o asesinados, estuvieron al mando el general (r) Fabio Campo Silva, director general del Inpec entre 2000 y 2001; el mayor (r) Jaime Gallo Zuleta, asesor externo del Inpec entre 2000 y 2001; el coronel (r) Luis Bernardo Maldonado, subdirector general del Inpec entre 1999 y 2001, y Reinaldo Fierro, director de la Modelo entre 1999 y 2000. “Ese precedente es desalentador”, remarcó Bernate.

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“Lo que sí le hace daño al instituto es estar pidiendo la renuncia de sus directores cada vez que hay un escándalo, porque demuestra que el poder real lo tienen la guardia y los internos. Además, es la forma más fácil de dar un golpe mediático y decir que sí están tomando medidas”, señaló Bernate, quien también aseguró que a los sindicatos hay que escucharlos en la medida de lo posible. “Las propuestas sensatas tienen que estar dirigidas a resolver cómo reducimos la población carcelaria. El número de guardias que se tienen tampoco es suficiente. Ellos también están exponiendo su vida. Por ejemplo, en La Picota no existe un odontólogo y el recluso puede durar 15 días con un dolor infernal en su boca. Eso es inhumano”.

Un profesional de la salud que tuvo acceso en los últimos meses a la cárcel El Buen Pastor, donde estaba recluida Merlano, le contó a este diario que en junio pasado el feto de una madre gestante murió, aparentemente por la falta de atención médica. Como parte de un plan de contingencia se adelantó una brigada para que 16 mujeres embarazadas pudieran tener acceso a controles médicos. “Es frustrante lo que sucedió. Aquí hay reclusas con distintas enfermedades, como cáncer de cuello uterino o de mama, a las que les niegan salidas. En cambio, a la doña (Aida Merlano) le dan vía libre para su diseño de sonrisa. También hay que aclarar que no todo dentro del penal es malo, porque se ve que las presas son atendidas. El tema es cuando la corrupción permea el sistema”.

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Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, la cual hace seguimiento a la crisis carcelaria en Colombia, apuntó en este mismo sentido: la dificultad que tienen las reclusas para acceder a la salud. También aseguró que lo prioritario es luchar contra la corrupción en el Inpec, pero sobre todo es una institución que se tiene que repensar y apoyar para que su funcionamiento sea óptimo. “Este tipo de hechos hacen que de manera tramposa se trate de dirigir el debate a la privatización de las cárceles, que es un camino bastante peligroso. En ese tipo de cárceles, como la de Valledupar, las redes de corrupción se agudizan”.

La abogada también le señaló a este diario que pedir la renuncia de las cabezas del Inpec y El Buen Pastor es una medida “hipócrita”, porque “el problema no es que Aida Merlano se haya escapado, sino que haya logrado corromper el sistema carcelario para hacerlo”. “La discusión de fondo aquí es cómo el Estado va a formular políticas públicas que les garanticen a los presos salud, alimentación, un proceso real de resocialización, una política criminal más digna, humana, justa, para una población que cada día le importa menos al Gobierno y que vive en las peores condiciones”, puntualizó Benjumea.

Panorama de la crisis carcelaria

En 1998, la Corte Constitucional dio su primera voz de alarma sobre el sistema penitenciario y carcelario por medio de una sentencia que declaraba el estado de cosas inconstitucional, es decir, que sobre esta situación existía una vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales de los presos. Veintiún años después de ese fallo, según la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil de la Sentencia, todo sigue igual. En el último pronunciamiento hecho por este grupo de expertos, del que hacen parte Benjumea y Dejusticia, entre otros, el Gobierno plantea solucionar el hacinamiento carcelario (que es del 52 % a nivel nacional) con la construcción de más cárceles, medida que, según la comisión, no va encaminada a superar el estado de cosas inconstitucional.

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Los expertos en temas carcelarios también señalaron una falta de coherencia por parte del Ejecutivo. “Al nuevo Gobierno le falta coherencia entre las medidas de política criminal reflejadas en sus informes de la situación carcelaria y varias de sus afirmaciones públicas sobre el delito. Así, aunque en el último informe el Gobierno afirma que uno de sus objetivos para enfrentar la crisis es reducir el uso excesivo de la prisión, en otros escenarios el presidente de la República Iván Duque ha defendido aumentos punitivos en materia de hurto de ganado, endurecer las penas del sistema de responsabilidad penal adolescente y el proyecto de ley 060 de 2018, que pretendía aumentar de manera significativa las penas para delitos de drogas y la reincidencia”.

Es postura se encuentra consignada en el documento más reciente de la Comisión de Seguimiento, publicado en septiembre pasado en respuesta a lo que, dijo el Gobierno en enero de este año, son sus avances frente a la sentencia de la Corte. La Comisión también encontró una falta de diagnóstico y omisiones en varias problemáticas que aquejan a la población carcelaria. “Por ejemplo, en el último informe del Gobierno no se presenta información detallada sobre los retos que enfrenta el sistema de salud de las cárceles, no se identifican las barreras de acceso a la justicia de la población reclusa, ni tampoco los obstáculos que enfrentan las reformas legislativas necesarias”, puntualizó la Comisión de Seguimiento.

La fuga de la excongresista conservadora Aida Merlano puso los reflectores sobre cómo está funcionando —y errando— el Inpec. Los antecedentes de huidas, escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos indican que, el caso Merlano, probablemente no será el último fuego que tenga que apagar un gobierno en relación al Inpec o al sistema carcelario.