Hace menos de una semana fue el atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Fortul (Arauca). El saldo fue de dos escoltas asesinados. Hace dos días, la quema de vallas publicitarias del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, del partido Oxígeno, en una vía en El Zulia (Norte de Santander). Y ahora, el intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas, en la carretera entre Inzá y Totoró (Cauca). Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 10 de febrero y se suma a la lista de episodios de este panorama de violencia en época electoral a un mes de las elecciones parlamentarias y a tres de la primera vuelta presidencial.
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La primera alerta le llegó al alto gobierno a la una y media de la tarde, según contó el propio presidente Gustavo Petro. Su reporte fue de un presunto secuestro en una zona en la que, como lo afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, delinque el frente Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. Una hora después, el equipo de trabajo de la senadora informó por redes sociales que ella y su esquema de seguridad habían sido presuntamente secuestrados y pidieron ayuda. Ocho minutos después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que toda la fuerza pública estaba ya en su búsqueda. Fueron tres horas y algunos minutos de zozobra.
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El Gaula del Ejército le informó a Mayerli Legarda Quilcué, hija de la senadora elegida por la Circunscripción Especial Indígena y avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que tenía registros del secuestro de su mamá. Además del Ejército, la Guardia Indígena se sumó a las labores de búsqueda y fueron los primeros en llegar al punto donde fue vista por última vez. A las tres y doce de la tarde, el ministro Sánchez informó que esa organización había encontrado la camioneta de Quilcué, pero sin rastro de sus ocupantes. Con la tensión aumentando y la angustiosa voz de Mayerli pidiendo por el regreso de su madre, la Guardia reforzó sus esfuerzos para hallar a su lideresa rápido y con vida.
Con la Fuerza Pública atenta a los reportes de los buscadores, quien dio la buena noticia fue la propia Guardia Indígena. A las cuatro y once, se supo que Aida Quilcué Vivas había sido rescatada. De acuerdo con Eduin Capaz, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la senadora y su equipo de seguridad corrieron un “alto riesgo por la interceptación de su vehículo y el secuestro temporal. Lo que podemos decir es que la presión de la comunidad y de la Guardia Indígena logró que las personas que se la iban a llevar la dejaran en libertad y se refugiara en una vivienda cerca al sector donde la Guardia terminó el rescate”.
En diálogo con El Espectador, el defensor agregó que el intento de secuestro fue en un punto cercano al casco urbano de Totoró, cerca de una zona de páramo. “Estamos evaluando la zona y los pormenores de los posibles responsables”, concluyó Capaz. Aunque ni las autoridades ni el CRIC responsabilizaron a ningún grupo en específico del intento de plagio, el ministro Benedetti señaló que en la zona operan hombres de “Mordisco”. La Fiscalía acusó en diciembre pasado a este brazo del grupo criminal como el presunto responsable de un exterminio étnico contra los nasa en Cauca. Justamente, el pueblo indígena del que hace parte la senadora Quilcué.
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Además, en enero de este año, el presidente Petro denunció a “Mordisco” ante la Corte Penal Internacional por este ataque a la comunidad indígena del suroccidente del país, así como por otros hechos de violencia. Por ejemplo, una serie de ataques simultáneos con explosivos, carros y motosbomba, granadas y fusilería que sacudieron varias zonas del suroccidente, incluyendo Cali, Jamundí y Buenaventura, además de municipios de Cauca. El frente Dagoberto Ramos hace presencia principalmente en los municipios caucanos de Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Padilla, Puerto Tejada, entre otros. Por eso, el ministro Benedetti habló sobre esta facción armada en el contexto del secuestro de Quilcué.
Este no es el primer ataque contra la congresista indígena. El 30 de octubre de 2022, también cuando se encontraba movilizándose por el departamento de Cauca, su camioneta recibió al menos seis impactos de bala. Ella y su esquema resultaron ilesos. Luego, el 27 de diciembre de 2023, su hermano, Léider Quilcué, fue secuestrado justamente en la zona donde la senadora estuvo desaparecida durante cuatro horas. El de él, duró un poco más de siete. Aunque su propio plagio es el hecho más reciente, la carrera política de Aida Quilcué ha tenido a la violencia como constante. El 16 de diciembre de 2008 su esposo, José Eduin Legarda, fue asesinado tras recibir varios disparos del Ejército.
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Los hechos ocurrieron en la vía que conduce de Inzá a Popayán y solo hasta 2018, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública le pidieron perdón por el crimen. Ya en 2010, Quilcué, había intentado llegar al Congreso, pero no alcanzó los votos suficientes. Solo fue hasta 2022 que logró el escaño en el Senado, con el apoyo del Mais. Aunque no está en campaña para repetir periodo, su reciente intento de plagio refleja la tensión en materia de seguridad de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. Sobre los atentados en estos tiempos electorales, el ministro Sánchez condenó “cualquier acto de violencia contra dirigentes políticos, servidores públicos y sus esquemas de protección, y reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la seguridad y el ejercicio libre de la actividad política en el país”.
Sin embargo, en la práctica y en la realidad, casos como el Quilcué hacen parte del complejo escenario en el que 397 personas, que si son candidatos, cuentan con medidas de protección. Entre ellos, 62 precandidatos a la Presidencia, así como 264 aspirantes al Congreso y 53 candidatos de las circunscripciones transitorias especiales para la paz. En este contexto, el gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente COP 150.000 millones para el “Plan Democracia” que busca blindar las elecciones en este complejo escenario en el que está de por medio la protección y las garantías, especialmente, para quienes intentan hacer política en regiones de alta conflictividad.
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