Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) dejó sin efecto la circular roja emitida contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en medio del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión fue adoptada de manera unilateral desde su sede en Lyon (Francia) y notificada a Colombia el pasado jueves 2 de abril, lo que en la práctica levanta la orden de captura internacional y le permite al exfuncionario movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece prófugo de la justicia desde hace dos años.
Lea: Carlos Ramón González: de alfil de Petro a investigado por corrupción en la Ungrd
Según explicó el organismo internacional, la medida obedece a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial de Colomba. “la comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud. A este respecto, observó que la informacion relacionada con la solicitud se habia considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”.
No obstante, la propia Interpol dejó abierta la puerta para que el Estado colombiano insista en la activación del mecanismo. “conforme a lo previsto por la secretaria general de interpol, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificacion roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual”.
En ese sentido, la Fiscalía ya reactivó el trámite y presentó una nueva solicitud ante la Dijín para que se emita otra circular roja, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos. La petición fue radicada el pasado 2 de abril y está en evaluación de las autoridades competentes.
González, quien fue acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, es considerado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del millonario desfalco a la Ungrd. El también exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) permanece en Nicaragua, donde cuenta con asilo político.
¿Quién es Carlos Ramón González?
Quien fue uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño hoy enfrenta una orden de captura en Colombia. La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a partir de los testimonios de otros implicados que lo señalan como uno de los posibles articuladores del desfalco a la entidad encargada de atender emergencias.
Le recomendamos: De un ex director prófugo a “Papá Pitufo”: los escándalos de la DNI en el gobierno Petro
Entre los principales testigos están Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd que decidieron colaborar con la justicia tras negociar beneficios jurídicos. En sus declaraciones, ambos han señalado que desde el entorno de González se habrían dado instrucciones para entregar dádivas a congresistas, con el objetivo de facilitar el avance de iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.
Uno de los episodios clave del caso se ubica en septiembre de 2023, cuando, según Olmedo López, se habría llevado a cabo una reunión en la que se definió el pago de sobornos. De acuerdo con su versión, en ese encuentro se habría ordenado la entrega de COP 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la pensional y la de salud.
A partir de esas declaraciones, el expediente se amplió a otros nombres, como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, capturado el 7 de mayo de 2025, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien permanece privada de la libertad en una guarnición militar en Bogotá. Ambos son investigados por su presunta participación en la red de corrupción.
Según el testimonio de López, Ortiz habría sido la encargada de ejecutar las órdenes, al entregar los COP 3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y gestionar un pago adicional de COP 1.000 millones a Calle en Montería. Aunque González ha negado ante la Corte Suprema haber impartido estas instrucciones, la Fiscalía ha dado credibilidad a los testimonios y continúa recopilando pruebas para establecer su responsabilidad.
En ese contexto, la circular roja de la Interpol se había convertido en una herramienta clave para ubicarlo y facilitar su captura en el exterior, con el propósito de que regresara a Colombia y compareciera ante la justicia por su presunta participación en este caso de corrupción.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.