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La Fiscalía General da sus primeros pasos para investigar las denuncias relacionadas con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A., en el marco del proceso de oferta pública (OPA) para adquirir las acciones del Grupo Nutresa.
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El ente investigador anunció que con el fin de identificar presuntos hechos de corrupción judicial por inconsistencias en el reparto de las demandas civiles, citará a interrogatorio a cuatro funcionarios del Centro de Servicios Judiciales: Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín; Mateo Florez Echeverry, auxiliar administrativo de la oficina judicial de Medellín; Daniela Díaz Muñoz, auxiliar administrativo de esa misma oficina y Carlos Andrés Álvarez Zuluaga, profesional universitario que trabaja en ese mismo despacho.
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“La Fiscalía a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción destacó un equipo interdisciplinario para indagar presuntos hechos de corrupción judicial por inconsistencias en el reparto de las demandas civiles. Se realizó análisis financiero, contable e informático forense de distintos documentos de las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura S.A.) y la Compañía de Cementos Argos S.A”, señaló la Fiscalía.
Las demandas en cuestión son las que surgieron para dejar sin validez la decisión que una fracción de la junta del Grupo Sura tomó para aprobar la participación en la OPA de Nutresa. La denuncia que investiga la Fiscalía señala posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios, en la adopción de medidas cautelares y en el trámite de dichas demandas civiles.
El ente investigador informó en noviembre de 2022 que recibió dos denuncias por estos hechos y que la investigación quedará en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Además, que desde el búnker se destacó un equipo de dos fiscales y un grupo interdisciplinario de Policía Judicial donde se encuentran expertos en informática forense y otros profesionales que estarán encargados de realizar los avances técnicos en la investigación.
El anuncio de la Fiscalía se dio una semana después que terminara desierta la OPA que el fondo árabe IHC lanzó para comprar entre el 25 y el 31 % de las acciones en circulación del Grupo Nutresa a un precio de US$15 por título. Este fondo árabe tiene más relación de lo que parece con los movimientos recientes de la Bolsa de Valores Colombia en el último año.
IHC es un conglomerado que pertenece a la familia real de Abu Dabi, la misma con la que se asociaron los Gilinski para las tres primeras OPA de Nutresa que los llevaron a adjudicarse el 30,8% de las acciones. La OPA de IHC provocó una fuerte tensión dentro del Grupo Sura, ya que es el accionista mayoritario de Nutresa, con el 35% de los títulos. Por lo que la junta directiva debía decidir si participaba en el proceso.
Sin embargo, la decisión se empantanó a raíz de un novelón jurídico que empezó con la renuncia de cuatro miembros de junta, todos afines al GEA. Y que luego se complicó cuando los tres miembros restantes (Ángela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa) firmaron un acta que aprobó la participación de Sura en la OPA. El documento fue desvirtuado por la administración de la empresa, y luego se interpuso una acción popular que aplicó medidas cautelares sobre la decisión.
El tema parecía cerrado luego que el Juzgado 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín ordenó a representantes legales de Grupo Sura no atender instrucciones que provengan de una junta directiva con menos de cuatro miembros. Pero el pleito se volvió a abrir con la denuncia que ahora investiga la Fiscalía.
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