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Investigan a director de la USPEC por presuntas fallas en servicio de alimentación

Según la Procuraduría, los alimentos suministrados en la cárcel La Picota en Bogotá no cumplirían con los estándares nutricionales necesarios. El director de la USPEC y la jefe de la Oficina de Planeación serán investigados por el ente de control.

19 de febrero de 2024 - 01:53 p. m.
Para la Procuraduría, las presuntas irregularidades en el servicio de alimentación contratado se habrían presentado en la ejecución y supervisión del documento que se firmó.
Para la Procuraduría, las presuntas irregularidades en el servicio de alimentación contratado se habrían presentado en la ejecución y supervisión del documento que se firmó.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, jefe de la Oficina de Planeación, por presuntas irregularidades en los contratos de alimentación para la población carcelaria de La Picota, ubicada en Bogotá.

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Según el ente de control, la unión temporal que fue contratada no cumpliría con los requisitos exigidos de cantidad, calidad y periodicidad para atender a los reclusos. Presuntamente, las raciones suministradas no son acordes a los estándares nutricionales y de higiene requeridos, lo que pondría en riesgo los derechos fundamentales, como la salud y la vida en condiciones dignas, de la población carcelaria.

Para la Procuraduría, estas presuntas irregularidades se habrían presentado en la ejecución y supervisión del documento que se firmó. También explicó que Carmen Cecilia Simijaca Agudelo fue vinculada a la investigación, debido a que en el momento de la firma del contrato se desempeñaba como directora general encargada.

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Un antecedente de esta situación, es la orden de arresto, por tres días, que emitió el Tribunal Superior de Bogotá al director de la USPEC en diciembre del año pasado. El implicado desacató una sentencia de tutela que les exigía mejorar la calidad del servicio alimentario que estaban ofreciendo en la cárcel La Picota, en Bogotá. La acción legal exponía que había fallas en el suministro de alimentos, la higiene y la dotación de los lugares en donde se realizaban los alimentos para los internos. Además del arresto, recibieron una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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John(11688)19 de febrero de 2024 - 06:56 p. m.
Ahora van a joder al contratista Fabio Doblado, dueño de ese contrato durante los últimos 50 años. No todos comen, solo el 70 % de los reos pero pagan el 100%, ya tu sabes como. En todas las cárceles grandes del país; eso no contó el ex director ante la JEP.
jorge(27765)19 de febrero de 2024 - 03:34 p. m.
jugar con el hambre de las personas es un delito de lesa humanidad. Todos los días se oyen noticias sobre corrupción en la alimentación de los niños en edad escolar y ahora (claro que desde hace muchos años) en la de los reclusos del sistema carcelario del país. Y lo peor de todo es que es cierto. Se roban la plata, suministran alimentos de bajísima calidad, lamentable estado sanitario, enormes deficiencias para suplir la dieta nutricional básica, interrupciones frecuentes en el suministro, etc.
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