La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, jefe de la Oficina de Planeación, por presuntas irregularidades en los contratos de alimentación para la población carcelaria de La Picota, ubicada en Bogotá.
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Según el ente de control, la unión temporal que fue contratada no cumpliría con los requisitos exigidos de cantidad, calidad y periodicidad para atender a los reclusos. Presuntamente, las raciones suministradas no son acordes a los estándares nutricionales y de higiene requeridos, lo que pondría en riesgo los derechos fundamentales, como la salud y la vida en condiciones dignas, de la población carcelaria.
Para la Procuraduría, estas presuntas irregularidades se habrían presentado en la ejecución y supervisión del documento que se firmó. También explicó que Carmen Cecilia Simijaca Agudelo fue vinculada a la investigación, debido a que en el momento de la firma del contrato se desempeñaba como directora general encargada.
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Un antecedente de esta situación, es la orden de arresto, por tres días, que emitió el Tribunal Superior de Bogotá al director de la USPEC en diciembre del año pasado. El implicado desacató una sentencia de tutela que les exigía mejorar la calidad del servicio alimentario que estaban ofreciendo en la cárcel La Picota, en Bogotá. La acción legal exponía que había fallas en el suministro de alimentos, la higiene y la dotación de los lugares en donde se realizaban los alimentos para los internos. Además del arresto, recibieron una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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