Investigan a operadores móviles por posible fraude a sentencia que sacó a Uber del país

El próximo 20 de marzo se cumplen tres meses desde que un juez adscrito a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó al gigante mundial de transportes, Uber, cesar sus actividades en Colombia y a los operadores móviles impedir el flujo de datos para que no se pudiera usar la aplicación en el país. Sin embargo, Uber siguió funcionando con normalidad hasta el 1 de febrero, con lo cual sus demandantes ante la SIC—Cotech Taxis Libres—acudieron a la Fiscalía para denunciar un fraude a resolución judicial, y, luego de que la empresa anunciara su regreso al mercado con un contrato diferente, fueron a ampliar su denuncia.

(Lea también: Uber restablece operaciones en Colombia)

Ante un fiscal de delitos contra la administración pública, la defensa de Cotech amplió su denuncia, aportó nuevas pruebas de posibles “artimañas” de Uber para quedarse en Colombia y, además, hizo una petición especial: que se vincule al proceso a los operadores móviles del país porque, asegura él, incumplieron la orden expresa de desconectar la aplicación en todo el país. “Los operadores de telecomunicaciones estarían aparentemente incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial en la medida que tras el resonado fallo del 20 diciembre de 2019 emitido por la SIC, la aplicación debía haber dejado de funcionar”, aclararon en un comunicado.

Por ende, la Fiscalía deberá ahora indagar a Claro, Movistar, Tigo y Etb, empresas que tienen el control total de la conectividad a internet en el país y que, al parecer, se sumaron al incumplimiento de la sentencia que por poco saca a Uber de Colombia. Entres las pruebas que allegó la defensa están, por ejemplo, copias de las notificaciones de la sentencia de la SIC que el abogado de Cotech, Nicolás Alviar, llevó personalmente a cada una de estas empresas de telecomunicaciones entre el 27 y el 30 de diciembre del año pasado para solicitarles formalmente que desconectaran la aplicación.

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En esas misivas, firmadas por la delegatura para asuntos de competencia desleal de la SIC, se les pide que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber, específicamente en lo que respecta a los servicios Uber, Uber X y Uber Van”. Y aclaraba que la orden la debían cumplir “cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo”.

(Lea también: Denuncian a directivos de Uber por “artimañas” para evadir sentencia de la SIC)

Todo esto engrosará el expediente que se abrió en el ente investigador el pasado 14 de enero, cuando Cotech radicó la denuncia inicial en contra de los jefes de las casas matrices de la aplicación, Uber BV (en Holanda) y Uber Technologies (en Estados Unidos). Se trata de Ron Van De Woude, Derek Anthony West y Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty. “Decidimos radicar la denuncia por fraude a resolución judicial porque las sanciones que les impusieron a Uber fueron el 20 de diciembre y el juez insistió en que la sentencia era de cumplimiento inmediato, a pesar de que hubieran apelado ese mismo día”, le explicó Alviar a El Espectador en su momento.

El próximo 20 de marzo se cumplen tres meses desde que un juez adscrito a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó al gigante mundial de transportes, Uber, cesar sus actividades en Colombia y a los operadores móviles impedir el flujo de datos para que no se pudiera usar la aplicación en el país. Sin embargo, Uber siguió funcionando con normalidad hasta el 1 de febrero, con lo cual sus demandantes ante la SIC—Cotech Taxis Libres—acudieron a la Fiscalía para denunciar un fraude a resolución judicial, y, luego de que la empresa anunciara su regreso al mercado con un contrato diferente, fueron a ampliar su denuncia.

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Ante un fiscal de delitos contra la administración pública, la defensa de Cotech amplió su denuncia, aportó nuevas pruebas de posibles “artimañas” de Uber para quedarse en Colombia y, además, hizo una petición especial: que se vincule al proceso a los operadores móviles del país porque, asegura él, incumplieron la orden expresa de desconectar la aplicación en todo el país. “Los operadores de telecomunicaciones estarían aparentemente incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial en la medida que tras el resonado fallo del 20 diciembre de 2019 emitido por la SIC, la aplicación debía haber dejado de funcionar”, aclararon en un comunicado.

Por ende, la Fiscalía deberá ahora indagar a Claro, Movistar, Tigo y Etb, empresas que tienen el control total de la conectividad a internet en el país y que, al parecer, se sumaron al incumplimiento de la sentencia que por poco saca a Uber de Colombia. Entres las pruebas que allegó la defensa están, por ejemplo, copias de las notificaciones de la sentencia de la SIC que el abogado de Cotech, Nicolás Alviar, llevó personalmente a cada una de estas empresas de telecomunicaciones entre el 27 y el 30 de diciembre del año pasado para solicitarles formalmente que desconectaran la aplicación.

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En esas misivas, firmadas por la delegatura para asuntos de competencia desleal de la SIC, se les pide que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con la aplicación tecnológica Uber, específicamente en lo que respecta a los servicios Uber, Uber X y Uber Van”. Y aclaraba que la orden la debían cumplir “cuando estén en posibilidades técnicas de hacerlo”.

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Todo esto engrosará el expediente que se abrió en el ente investigador el pasado 14 de enero, cuando Cotech radicó la denuncia inicial en contra de los jefes de las casas matrices de la aplicación, Uber BV (en Holanda) y Uber Technologies (en Estados Unidos). Se trata de Ron Van De Woude, Derek Anthony West y Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty. “Decidimos radicar la denuncia por fraude a resolución judicial porque las sanciones que les impusieron a Uber fueron el 20 de diciembre y el juez insistió en que la sentencia era de cumplimiento inmediato, a pesar de que hubieran apelado ese mismo día”, le explicó Alviar a El Espectador en su momento.