La Procuraduría abrió una indagación previa a varios funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades que se habrían presentado en la visita administrativa que se realizó a la sede de la Cancillería el 14, 15 y 19 de marzo de este año.
El órgano de control espera determinar si los funcionarios incurrieron en violaciones al debido proceso o vulneraron derechos fundamentales de los miembros de la Cancillería. La SIC había explicado que el motivo de esta visita era “obtener evidencias sobre eventuales prácticas violatorias del régimen de competencia”. Esta fue una de las tantas visitas que realizó la entidad, en las cuales se cree estaría poniendo bajo la lupa a la empresa Thomas Greg and Sons, empresa que por varios años ha sido la encargada de la realización de los pasaportes en el país.
La Procuraduría plantea que, al parecer, los funcionarios de la SIC habrían vulnerado el procedimiento durante sus actuaciones. Por ejemplo, realizaron copias espejo de los equipos que tenían información sensible de proceso que son adelantados por la Cancillería, como casos de extradición, trámites judiciales de menores, personas desaparecidas y solicitudes de refugio. Estas acciones habrían desconocido la reserva legal.
Sumado a esto, los funcionarios habrían accedido al teléfono celular de uso personal de un empleado de la Cancillería para acceder a información. Por ahora el Ministerio Público espera determinar la identidad de las personas que realizaron esta visita, además del acto que motivo su origen
Desde este 21 de marzo, el Sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) había expresado su desacuerdo con las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Las inspecciones se realizaron en varias entidades públicas, incluida la Cancillería, y las oficinas de Thomas Greg and Sons, empresa con importantes contratos gubernamentales, entre ellos, el de la polémica licitación de pasaportes. Semrex manifestó su preocupación por la forma en que se llevaron a cabo estas investigaciones, señalando que se han dado presuntas violaciones a la intimidad.
El problema relacionado con Thomas Greg & Sons comenzó cuando estuvo cerca de quedarse con la licitación pública para la fabricación de pasaportes en 2023, de no ser por la rotunda negativa del canciller suspendido Álvaro Leyva, quien a último momento declaró desierto el proceso, argumentando que no hubo garantías para otros potenciales contratistas. Thomas Greg & Sons demandó a la Cancillería y, actualmente, Álvaro Leyva enfrenta un juicio disciplinario en la Procuraduría por este caso.
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