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13 Oct 2020 - 7:00 p. m.

Irregularidades en planta de etanol en Meta lleva a 12 directivos a juicio disciplinario

La Procuraduría formuló cargos contra 12 miembros de la junta directiva, gerentes y representantes legales de Bioenergy (filial de Ecopetrol), que habrían incurrido en un detrimento patrimonial cercano a los $41.000 millones por supuestas irregularidades durante la construcción de la planta de etanol El Alcaraván, en Puerto López (Meta). Lea aquí detalles claves de este proceso.
El Alcaraván, planta de procesamiento de etanol de Bioenergy. Cortesía: Bioenergy.
El Alcaraván, planta de procesamiento de etanol de Bioenergy. Cortesía: Bioenergy.
Foto: Cortesía Bioenergy

La construcción de la planta de etanol El Alcaraván, en Meta, propiedad de la empresa Bioenergy -filial de Ecopetrol-, ha sido todo un dolor de cabeza tanto en instancias nacionales como internacionales. Durante el proceso, la Contraloría dijo que el proyecto era inviable, hubo un pleito entre Bioenergy y la constructora española Isolux Corsal en un Tribunal de Arbitramento en EE.UU. y, ahora, la Procuraduría formuló cargos contra 12 miembros de su junta directiva, gerentes y representantes legales por un presunto detrimento patrimonial de $41.125′117.008.

“El Procurador Delegado para la Economía y Hacienda Pública resuelve primero: formular pliego de cargos (…) en su calidad de Gerentes Generales y Representantes legales principales y suplentes, de Bioenergy S.A., por los hechos relacionados en la parte motiva de esta decisión, que son consecutivos de falta gravísima, cometido a titulo de culpa gravísima”, determinó la Procuraduría en el documento conocido por El Espectador, tras analizar la actuación de los procesados en el escandalo de corrupción de El Alcaraván.

En contexto: Las irregularidades de Bioenergy, la planta de Ecopetrol en Puerto López, Meta.

Todo empezó el 30 de junio de 2010, cuando Bioenergy Zona Franca S.A. firmó un contrato con la empresa española Isolux para poner en funcionamiento una planta de procesamiento de etanol en Puerto López (Meta). Sin embargo, según la Fiscalía, el exgerente de la filial de Ecopetrol, Jaime Flórez Muñoz, habría acordado de manera irregular un contrato de US$350 millones con tal constructora, la cual no tenía experiencia en el levantamiento de grandes proyectos agroindustriales. El proyecto en cuestión recibió el nombre de El Alcaraván, erigido sobre alrededor de 25.500 hectáreas.

El contrato entre Isolux y Bioenergy rezaba que todo estaría listo para 2012, pero el proyecto estuvo paralizado y finalmente entró en operaciones en 2017. Un año después, la Contraloría encontró que la modalidad de contratación Llave en Mano -pago contra factura- desembocó en que la obra costara el doble de lo presupuestado y alcanzara la cifra de US$778 millones. Algo similar a lo que ocurrió con la planta de refinamiento de Ecopetrol en Cartagena, Reficar, cuyos sobrecostos, según la Fiscalía, sobrepasaron los $600.000 millones. “Isolux no ofrecía certeza sobre el cumplimiento de los requisitos determinados en el pliego de condiciones referentes al tipo de contrato, objeto, obligaciones contractuales”, determinó en su momento el órgano de control.

En el tiempo en que El Alcaraván duró inactivo, según cuentas de la Contraloría, Bioenergy dejó de recaudar ganancias superiores a los $570 mil millones. Incluso, la filial de Ecopetrol pagó a Riopaila Castilla, productora de azúcar, un total de $24.223 millones por una materia prima que nunca fue usada para la producción de etanol. De acuerdo con la Contraloría, habrían sido compradas irregularmente 158.338 toneladas desde 2014.

“El ente de control cuestionó a los investigados [Bioenergy] la presunta omisión de solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción [El Alcaraván], ocasionando con ello el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar”, aseguró la Procuraduría en el anuncio de formulación de cargos.

Entre los procesados se encuentran los entonces miembros de la junta directiva de Bioenergy: Juan Carlos Roa, Gloria Inés Cortés, Adriana García Molano, Juan Felipe Munera, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velázquez. Así mismo, serán investigados los exgerentes generales y expresentantes legales: Aleck Santamaría de La Cruz, Rafael José Pitalagua y Rosa Catalina Santos.

Sobre el exgerente Aleck Santamaría de La Cruz, la Procuraduría encontró, en principio, que habría sido responsable de un detrimento patrimonial superior a los $2 mil millones. Además, su colega Rafael José Pitalagua habría incurrido en la misma conducta por un valor de $611 mil millones. Ambos, presuntamente, pagaron cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar “que no estaban siendo cultivados por Bioenergy, ni habían sido arrendados a Riopaila Castilla”, aseguró el Ministerio Público.

“Suscribir tantos contratos sin que existiera la planta de producción y con incumplimiento del contratista, ocasionó que tal como se observa en el listado de contratos de arrendamiento, en las dos modalidades, existieran tiempos (meses y años) en los cuales los predios no estaban siendo utilizados por la entidad ni tampoco habían sido entregados a Riopaila Castilla, resultando un detrimento patrimonial al cancelar pagos mensuales de tierra sin cultivar”, determinó el Ministerio Público en su pliego de cargos.

Así mismo, el organismo de control aseguró que nunca recibió un documento que soportara que, entre 2012 y 2017, los miembros investigados de Bioenergy tomaran una decisión de fondo con el propósito de proteger los dineros de la entidad. Al contario, habrían ejecutado irregularmente todos los contratos, cancelando año por año las sumas de dinero adjuntadas en las pruebas documentales conocidas por este diario: oficios, copias de transacciones, correos electrónicos, entre otras.

De acuerdo con la Procuraduría, Santamaría de la Cruz también se habría asociado irregularmente con Rosa Catalina Santos para otorgar contratos que resultaron en el detrimento patrimonial de más de $2 mil millones. Los mencionados funcionarios habrían celebrado y solicitado la aprobación de la junta directiva para que la empresa de ingeniería Tipiel, encargada de diseños estructurales, hiciese por segunda vez un trabajo que ya había certificado.

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“No se entienden los motivos por los cuales la Gerencia de Bioenergy procedió a suscribir estos contratos para la corrección de la ingeniería con la firma Tipiel, cuando la calidad de esta ingeniería había sido certificada por la misma firma, siendo hasta el momento una conducta que ofrece dudas sobre su trasparencia y que pudo afectar injustificadamente el patrimonio de la empresa”, anotó la Procuraduría. La gerencia de Bioenergy pidió revisar avances estructurales avalados en un 93,7%.

Por otro lado, el presunto trabajo irregular de Santamaría De La Cruz también podría evidenciarse cuando la construcción quedó en manos del Consorcio Menegua, conformado por inversionistas llaneros. Ante los retrasos de la empresa española Isolux, fue precisamente en 2014 cuando Ecopetrol decidió acabar el acuerdo inicial y buscó a Menegua para poner en pie el megaproyecto de El Alcaraván. Santamaría también habría incurrido en el cargo de detrimento patrimonial en el cambio de escenario.

“El Ministerio Público también pidió explicación sobre posibles inconsistencias, por presuntamente haber autorizado un aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, acordado por Santamaría de La Cruz, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de $4 mil millones”, agregó la Procuraduría.

El papel de Isolux

La reputación de Isolux no solo parece haber quedado manchada en Colombia. Otros países alrededor del mundo han denunciado que la empresa española abandona sus proyectos a mitad de camino. Por ejemplo, en 2015, el gobierno de Chile le quitó cuatro de siete obras similares por sobrecostos e incumplimientos. De igual modo, la constructora está bajo investigación en tal país por presuntamente haber otorgado sobornos para conseguir contratos multimillonarios. Una práctica que Latinoamérica conoció bien de la mano de la constructora brasileña Odebrecht.

En agosto de 2018, el exgerente general de Isolux en Argentina, Juan Carlos de Goicoechea, admitió su responsabilidad ante la justicia de su país por haber realizado pagos ilícitos para obtener proyectos públicos durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Y por si fuese poco, en el Congo habrían dado dadivas a altos miembros del gabinete presidencial, para la realización de obras parecidas.

Por el presunto accionar corrupto de Isolux, su expresidente Luis Delso, a cargo desde 1994 hasta 2016, fue condenado por evasión fiscal según la Audiencia de Madrid, que es un tribunal español con jurisdicción en todo el territorio nacional. Delso fue investigado en el presunto caso de corrupción de Jordi Pujol, hijo de un exmandatario de la Generalidad de Cataluña, quien se habría aliado con la constructora para celebrar contratos irregulares en el México, Gabón y en el mismo país ibérico.

Lea también: La historia detrás del millonario laudo de Bioenergy que acaba de ser admitido en Colombia

En Colombia, una vez conocidas las irregularidades en la construcción de El Alcaraván, Ecopetrol tuvo que hacerse cargo de un estimado de $6.000 millones que Isolux dejó en deudas con contratistas y trabajadores. Bioenergy demandó a la empresa española ante la Corte Internacional de Arbitraje de EE.UU., sin embargo, en 2016, tras una contrademanda de Isolux, se determinó que la filial de Ecopetrol debía pagarle más a la empresa que le dejó el megaproyecto en esqueleto. Bioenergy pagó US$18 millones, mientras que Isolux hizo giros de US$13 millones y más de $7 mil millones en moneda colombiana.

El pasado 10 de junio, el Consejo de Estado decretó valida en Colombia la decisión del Tribunal de Arbitramento de EE.UU. El alto tribunal resolvió teniendo en cuenta que “la regla general (para) el reconocimiento judicial de los laudos -sentencias- arbitrales extranjeros, como requisito para su ejecución en el territorio nacional, (…) se producirá siempre que i) se presente el laudo original o copia de este, ii) en idioma español o debidamente traducido”. Es decir, Isolux solo necesitó presentar el documento en español para que Bionergy cumpliera lo ordenado en instancias internacionales.

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