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Iván Name, congresista del Partido Verde y expresidente del Senado; y Andrés Calle, del Partido Liberal y expresidente de la Cámara de Representantes, fueron capturados en Bogotá en la tarde de este miércoles. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de ambos políticos investigados por, supuestamente, haber recibido $4.000 millones que habrían salido del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).
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El primero en ser capturado por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía fue el senador Name, en su casa en Bogotá. De acuerdo a la información que se conoció públicamente, su aprensión se dio en el norte de la capital del país, en el parqueadero del edificio en el que vive. Según le dijo su abogado, Jaime Lombana, a El Espectador, “leeremos la decisión y tomaremos decisiones probatorias”.
Por su parte, uniformados de la Policía y el CTI llegaron hasta la residencia del congresista Andrés Calle para hacer efectiva la orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Por ahora, no se ha confirmado que el político ya esté en poder de las autoridades, pues, aparentemente, no se encontraba en su domicilio y no se ha entregado. Su abogado, Billy Torres, aseguró en un comunicado a la opinión pública que, aunque no comparten la decisión tomada por los magistrados del alto tribunal, la respetan y acatarán.
A los dos políticos se les dictó la medida en medio de la investigación en su contra por los delitos de cohecho y peculado, derivados de su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. Según conoció este diario a través de fuentes cercanas a la Sala de Instrucción, la medida se tomó porque, al evaluar el caso, los magistrados consideraron que hay pruebas, testimonios e indicios graves de que los congresistas sí cometieron los delitos.
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El alto tribunal, luego de debatir, consideró que era la medida adecuada en medio del polémico caso, porque “su libertad representa un riesgo de peligro para la comunidad”. Dentro de lo definido, se supo que “las demás medidas de aseguramiento que se podían adoptar resultaban insuficientes y la que se tomó era necesaria y proporcional”.
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