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2 Jan 2021 - 5:02 p. m.

Jaime Blanco Maya, testigo clave en caso Drummond, pidió a la JEP libertad condicional

A través de una carta, su abogado lo solicitó al magistrado de esa justicia especial Mauricio García Cadena argumentando que su defendido ya entregó parte de su verdad sobre la presunta financiación de la multinacional a lo paramilitares en el Cesar durante los años noventa.
Jaime Blanco Maya está condenado por concierto para delinquir con grupos paramilitares y los homicidios en 2001 de dos sindicalistas que trabajaban para la multinacional Drummond (EE.UU.) en el Cesar.
Jaime Blanco Maya está condenado por concierto para delinquir con grupos paramilitares y los homicidios en 2001 de dos sindicalistas que trabajaban para la multinacional Drummond (EE.UU.) en el Cesar.
Foto: Cortesía El Pilón

Luego de que a finales de diciembre de 2020 se conociera que la Fiscalía llamó a juicio a dos cabezas de la multinacional Drummond por la supuesta financiación de paramilitares durante los años noventa, uno de los testigos clave en su contra solicitó la libertad condicional ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata de Jaime Blanco Maya, antiguo contratista de la empresa que fue condenado a 37 años de prisión por concierto para delinquir con grupos paramilitares y los homicidios en 2001 de dos sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, que trabajaban para la multinacional Drummond (EE.UU.) en el Cesar.

Ver: En la JEP: las revelaciones de Blanco Maya sobre carboneras y paramilitares en Cesar

En una carta conocida por este diario, el abogado de Blanco, Camilo Bocanegra, le solicitó al magistrado de esa justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc, Mauricio Cadena, que su cliente recupere de manera anticipada y condicionada la libertad. El penalista, en pocas palabras, argumento que el excontratista de la Drummond estaba entregando información de lo que sabe sobre este trascendental caso en la JEP y que apenas da sus primeros pasos en esta jurisdicción.

Blanco fue aceptado por la JEP el 26 de noviembre de 2019, luego de presentar ante esta justicia un plan de “verdad, reparación y de garantías”, en el cual señala que “esclarecerá la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002 en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”. Blanco Maya se encuentra preso por el asesinato, en marzo 2001, de Víctor Orcasita y Valmore Locarno, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Petroquímicos, Agrocombustibles y Energéticos (Sintramienergética).

El penalista Bocanegra señaló que el 12 y 30 de noviembre, y 1° de diciembre de 2020 su cliente rindió versión voluntaria de aporte temprano a la verdad. Además, que dicha diligencia contó con la presencia de victima indirecta, y representación judicial de víctimas indirectas. “En dichas versiones, mi defendido entregó la verdad enunciada en su plan , respondió interrogantes no sólo del fiscal que presidió la diligencia, sino de aquéllos que planteó la representante del Ministerio Público; e igualmente aportó prueba documental soporte de su dicho. En la última sesión, es decir, el 1° de diciembre, socializó el item de medidas de reparación y no repetición incluidas” en su plan de verdad.

Y añadió que “En cuanto a la observación de la representación de víctimas, en lo que tiene que ver con la intención de que exista una reparación en dinero a los herederos de las victimas directas, no sólo el fiscal que presidió la diligencia aclaró a dicho apoderado la dimensión de las medidas reparadores por las que propende el sistema, sino que, mi defendido manifestó su real situación económica, pero aclarando que se miraría alguna propuesta atinente a la posibilidad de alguna beca de tipo educativo”.

La multinacional, por su parte, ha dicho que Blanco miente y que nunca se asociaron con grupos criminales. También han señalado que Blanco Maya y paramilitares de la zona recibieron dineros del abogado Terry Collingsworth, director de la organización de derechos humanos International Rights Advocates, la cual representa a víctimas del paramilitarismo.

Collingsworth le ha dicho a la Fiscalía colombiana que “es falsa la acusación hecha por la Drummond y sus abogados de que soborné a testigos para que cambiaran su testimonio para que dijeran que la empresa financió y colaboró con las Auc. (...) he revelado completamente todos los pagos que hice en el caso Drummond y no hubo pagos hechos por mí ni por mi equipo a ningún testigo. En cambio, en cada caso, proporcioné fondos para permitir que los familiares de un testigo fueran trasladados a un lugar seguro para evitar que fueran heridos o asesinados en represalia por el testimonio rendido con sinceridad y verdad sobre el financiamiento y la colaboración de Drummond con las Auc”.

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