Jalón de orejas al Gobierno por reconstrucción de San Andrés tras paso de huracanes
Aunque en junio pasado la Corte Constitucional ya había entregado una serie de órdenes a entidades del Estado para que la reconstrucción de las Islas de San Andrés, Providencia y Catalina culminaran con éxito tras el paso del huracán Iota, el alto tribunal, este viernes, entregó nuevos lineamientos y llamó la atención sobre la forma en la que el Gobierno manejó la situación.
“El proceso de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha terminado, y está lejos de estarlo”, así lo dijo la Corte Constitucional a través de un comunicado en el que, además, de emitir nuevas órdenes para que la reconstrucción de las Islas, en materia de infraestructura sea un éxito tras el paso de los huracanes Iota y Julia, también llamó la atención sobre los incumplimientos que se presentaron.
Recientemente las islas fueron azotadas por el paso del huracán Julia que, aunque no tuvo la misma magnitud del huracán Iota que pasó durante noviembre 2020, dejó algunos daños de infraestructura que se sumaron a los que ya estaban. La Corte analizó una acción de tutela que presentó Josefina Hiffington Archbold, en representación del pueblo raizal.
Lea aquí: A un año del huracán Iota: ¿cuál es el panorama de las islas?
En el recurso se consignó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina vulneraron los derechos de los habitantes de las islas durante la planeación y ejecución del plan de acción específico para su reconstrucción integral.
El paso del huracán Iota, en 2020, dejó una destrucción casi del 98% de las islas. Las viviendas y establecimientos públicos fueron arrasados en su totalidad, el Gobierno de Iván Duque llegó con la intención de reconstruir cada milímetro del territorio, pero lo que halló la Corte en el análisis de la acción de tutela es que hubo incumplimientos por parte del Estado.
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“El Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”, dijo recientemente la Corte.
El alto tribunal señaló en su análisis que se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes, sin el cumplimiento de normas técnicas, que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente sano del pueblo raizal.
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En ese sentido, la Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo encontró que, si bien el Gobierno ha avanzado en la reconstrucción y rehabilitación integral de las islas, este proceso no ha terminado y ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista” en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron sus derechos.
También se constató que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal la posibilidad de tener una consulta previa, lo que derivó una desconexión y falta de diálogo entre el Gobierno y los habitantes de Providencia y Santa Catalina. A raíz de ello, esa situación evidenció, entre otras cosas, el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raizal.
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En síntesis, para la Corte, el Gobierno se limitó a reconstruir ágilmente la infraestructura preexistente al huracán Iota sin cumplir los acuerdos alcanzados con los habitantes de Providencia y Santa Catalina, sin permitir su participación posterior y sin tener en cuenta las vulnerabilidades previas de las islas a los efectos del cambio climático.
Con base en ello, la Corte ordenó a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina para que intervengan el hospital de campaña, con el fin de garantizar a la población raizal las condiciones mínimas y en calidad en la prestación del servicio de salud. El Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tendrán 45 días para garantizar a los habitantes el abastecimiento diario de mínimo 65 litros de agua potable para su consumo personal y doméstico.
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Del mismo modo, se ordenó a las mismas entidades que solucionen de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente. Además, tendrán 90 días para el cierre definitivo de los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos.
De acuerdo con la Corte, estos terrenos deben ser restaurados a su condición ambiental original o similar mediante procesos de recuperación del suelo y remoción total de la maquinaria y cualquier tipo de desechos. Además, el Ministerio del Interior deberá convocar una consulta previa para avanzar con el proceso de reconstrucción.
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“Este proceso de consulta debe subsanar la falta de participación del pueblo raizal en la reconstrucción de su territorio y tiene tres objetivos: acordar la forma en que serán corregidas, si es necesario, las medidas de reconstrucción que ya fueron ejecutadas, reenfocar las medidas de reconstrucción que hacen falta por ejecutar de acuerdo con la identidad cultural del pueblo raizal, e integrar al proceso de reconstrucción instrumentos internacionales para reconstruir mejor y fortalecer la resiliencia de las islas de Providencia y Santa Catalina a los efectos del cambio climático”, explicó la Corte.
Por último, el Ministerio de Cultura tendrá 30 días para traducir algunos apartes de la sentencia emitida a lengua creole del pueblo raizal y deberá dar lectura de la síntesis y la parte resolutiva del fallo en un acto público en la isla de Providencia y Santa Catalina en el cual participe toda la comunidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“El proceso de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha terminado, y está lejos de estarlo”, así lo dijo la Corte Constitucional a través de un comunicado en el que, además, de emitir nuevas órdenes para que la reconstrucción de las Islas, en materia de infraestructura sea un éxito tras el paso de los huracanes Iota y Julia, también llamó la atención sobre los incumplimientos que se presentaron.
Recientemente las islas fueron azotadas por el paso del huracán Julia que, aunque no tuvo la misma magnitud del huracán Iota que pasó durante noviembre 2020, dejó algunos daños de infraestructura que se sumaron a los que ya estaban. La Corte analizó una acción de tutela que presentó Josefina Hiffington Archbold, en representación del pueblo raizal.
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En el recurso se consignó que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina vulneraron los derechos de los habitantes de las islas durante la planeación y ejecución del plan de acción específico para su reconstrucción integral.
El paso del huracán Iota, en 2020, dejó una destrucción casi del 98% de las islas. Las viviendas y establecimientos públicos fueron arrasados en su totalidad, el Gobierno de Iván Duque llegó con la intención de reconstruir cada milímetro del territorio, pero lo que halló la Corte en el análisis de la acción de tutela es que hubo incumplimientos por parte del Estado.
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“El Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”, dijo recientemente la Corte.
El alto tribunal señaló en su análisis que se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes, sin el cumplimiento de normas técnicas, que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente sano del pueblo raizal.
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En ese sentido, la Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo encontró que, si bien el Gobierno ha avanzado en la reconstrucción y rehabilitación integral de las islas, este proceso no ha terminado y ha estado marcado por un “enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista” en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron sus derechos.
También se constató que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal la posibilidad de tener una consulta previa, lo que derivó una desconexión y falta de diálogo entre el Gobierno y los habitantes de Providencia y Santa Catalina. A raíz de ello, esa situación evidenció, entre otras cosas, el incumplimiento de los acuerdos sobre las características mínimas que debían tener las nuevas viviendas, en la construcción de una estación de guardacostas de la Armada Nacional y en la no reconstrucción de edificios centrales para la identidad cultural del pueblo raizal.
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En síntesis, para la Corte, el Gobierno se limitó a reconstruir ágilmente la infraestructura preexistente al huracán Iota sin cumplir los acuerdos alcanzados con los habitantes de Providencia y Santa Catalina, sin permitir su participación posterior y sin tener en cuenta las vulnerabilidades previas de las islas a los efectos del cambio climático.
Con base en ello, la Corte ordenó a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina para que intervengan el hospital de campaña, con el fin de garantizar a la población raizal las condiciones mínimas y en calidad en la prestación del servicio de salud. El Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tendrán 45 días para garantizar a los habitantes el abastecimiento diario de mínimo 65 litros de agua potable para su consumo personal y doméstico.
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Del mismo modo, se ordenó a las mismas entidades que solucionen de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente. Además, tendrán 90 días para el cierre definitivo de los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos.
De acuerdo con la Corte, estos terrenos deben ser restaurados a su condición ambiental original o similar mediante procesos de recuperación del suelo y remoción total de la maquinaria y cualquier tipo de desechos. Además, el Ministerio del Interior deberá convocar una consulta previa para avanzar con el proceso de reconstrucción.
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Por último, el Ministerio de Cultura tendrá 30 días para traducir algunos apartes de la sentencia emitida a lengua creole del pueblo raizal y deberá dar lectura de la síntesis y la parte resolutiva del fallo en un acto público en la isla de Providencia y Santa Catalina en el cual participe toda la comunidad.
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