:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/YPYWKIQ6L5B3NLTTRLS7AAODHE.JPG)
Janssen Cilag S.A perdió su batalla judicial para intentar tumbar un fallo que obligó al Gobierno a entregar todos los contratos, con diferentes privados, de compra de vacunas contra el COVID-19. El Consejo de Estado negó una acción de tutela, apoyada por Pfizer y AstraZeneca, con la cual se intentó ocultar la información contenida en esos contratos.
En contexto: Tribunal ordena al Gobierno entregar contratos de compra de vacunas contra COVID-19
La Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó, por improcedente, la tutela de Janssen Colombia contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, despacho judicial que en mayo de este año falló a favor del Instituto Anticorrupción, al cual deberán entregarle copias de los contratos. De acuerdo con El Tiempo, el Consejo rechazó la tutela porque, a la vez, contra el Tribunal está en curso un recurso de nulidad interpuesto por el Gobierno de Iván Duque.
En mayo pasado, el Tribunal le dio un plazo perentorio de tres días al Gobierno para entregar los contratos que firmó con las diferentes farmacéuticas para adquirir las vacunas. Ante la negativa de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), el despacho judicial concluyó que se trata de la protección al acceso a la información, libertad de pensamiento y opinión. La UNGRD, por su parte, aseguró que la información es reservada, pues se trata de asuntos diplomáticos y de salud pública.
Le puede interesar: Covid-19 y cárceles: la doble condena de los internos colombianos
“Las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas. En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”, explicó el Tribunal. El Gobierno, además, deberá indicar si Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo Covax han recibido pago anticipado. A la fecha, el Gobierno asegura haber aplicado 30 millones de dosis.
En caso de que el Gobierno hubiese pagado por anticipado, para asegurar el envío oportuno de las vacunas, deberá especificar cuánto costó cada desembolso, por medio de cuál entidad se realizó el tramite y en qué fechas se hicieron los pagos. El abogado y columnista Ramiro Bejarano será quien reciba la información oficial, no obstante, el Tribunal no aprobó la entrega de la información sobre actas de reuniones y de los correos electrónicos para llevar a cabo las negociaciones.
Le puede interesar: COVID-19: Corte Constitucional no admite demandas contra la ley de vacunas
El Instituto Anticorrupción, en cabeza de Camilo Enciso, ya había radicado una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “por el presunto incumplimiento del deber de dar publicidad a los contratos suscritos por las entidades y fondos especiales que lideran, incluyendo el Fondo de Mitigación de Emergencias”. Hace poco, Enciso aseguró que al Gobierno le habría costado US$12 cada dosis de la vacuna Pfizer.
Docs publicados en “link” de LIBRE ACCESO en página web del Consejo de Estado permiten ver cttos de Pfizer y Astra Zeneca. X ser de interés nacional, y tras 6 meses de marrulla jurídica del gobierno y las farma xa no entregar contratos, publicamos el precio de compra a Pfizer. pic.twitter.com/hAaoualNZF
— Camilo Enciso (@camiloencisov) August 10, 2021
Pfizer, de hecho, se pronunció sobre la acción de tutela de Janssen, explicando que frente a los contratos suscritos “efectivamente se incluye una cláusula referente a la obligación de mantener confidencial y no revelar las disposiciones del mismo” y que “los contratos suscritos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 se rigen por el derecho privado”. “Debemos resaltar que es completamente lícito y válido pactar cláusulas de confidencialidad en contratos sujetos al régimen privado, y, en tal ámbito, aquello que debe primar es la reserva, y no la publicidad o exhibición”, agregó la empresa.
Le puede interesar: ¿Qué sabemos sobre la variante que predominó en Colombia en el tercer pico?
Además, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en julio pasado, pidió al Consejo de Estado se declare sin efectos el fallo del Tribunal. “Los acuerdos y clausulas de confidencialidad que cobijan los contratos de suministro de vacunas contra el COVID-19, protegen el secreto empresarial de las empresas farmacéuticas. Lo anterior, se fundamenta en la configuración actual del mercado internacional de vacunas, esta información resulta fundamental para el ejercicio de la actividad comercial de las farmacéuticas, lo que justifica la reserva de la misma”, aportó al debate.
El Ministerio de Salud está a cargo del incidente de nulidad del Gobierno ante del Tribunal. Según explicó la cartera, la revelación de la información de los contratos “pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación”. En concreto, de acuerdo con el Ministerio, entregar esos datos podría facultar a las farmacéuticas para iniciar procesos sancionatorios, que terminen en la limitación o suspensión del suministro de las vacunas. El Gobierno asegura que Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna podrían penalizar a Colombia, si se conocen detalles de los contratos.