21 May 2021 - 7:09 p. m.

Tribunal ordena al Gobierno entregar contratos de compra de vacunas contra COVID-19

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca alegó que “en los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”. Por tal motivo, le dio un plazo perentorio de tres días al gobierno para entregar los contratos.
Colombia adquirió vacunas con Pfizer, Sinovac y Janssen. Además, está en el mecanismo Covax.
Colombia adquirió vacunas con Pfizer, Sinovac y Janssen. Además, está en el mecanismo Covax.

El Gobierno Nacional tiene un plazo perentorio de tres días para entregar los contratos que firmaron con las diferentes farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el coronavirus. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de evaluar las razones que entregó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. (Lea: “Las próximas semanas serán muy complejas”: Fernando Ruiz, ministro de Salud)

De acuerdo con la UNGRD, toda la información relacionada con los contratos para el suministro de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 era reservada, ya que se trataba de asuntos diplomáticos y de negociaciones, así como de salud pública.

Pero, el Tribunal aseguró que se trata de los Derechos Humanos que están relacionados con el acceso a la información, la libertad de pensamiento y opinión. Además, alegó, “que las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas. En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales”.

Por último, el Tribunal señaló que las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo, como las adquiridas con las farmacéuticas, son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho. Por eso, le ordenó al UNGRD que “dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta providencia, entregue al peticionario la copia de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas contra el COVID suscrito por la UNGRD o por Fiduprevisora en calidad de administradora de la Subcuenta Covid 19″, reseñó el documento.

El gobierno también deberá indicar si Pfizer, AstraZeneca y por medio del mecanismo Covax han recibido pago anticipado para asegurar el envío oportuno de las vacunas adquiridas. En caso de ser así, deberá especificar cuánto fue cada desembolso, por medio de cuál entidad se realizó y cuándo se hicieron los pagos. (Lea también: Minsalud emitió la resolución para que privados adquieran vacunas contra el coronavirus)

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, por medio de sus redes sociales, explicó que “le ha ordenado entregar en un término perentorio de tres días datos suscritos con las farmacéuticas para la compraventa de las vacunas. Tan pronto tengamos copia de los contratos los estaremos publicando en nuestra página web para que todos los colombianos puedan consultarlos”.

La información deberá ser entregada al Instituto Anticorrupción y al abogado y columnista Ramiro Bejarano Guzmán. Sin embargo, el tribunal denegó que sea entregada la información de las actas de reuniones, así como los correos electrónicos enviados o recibidos para llevar a cabo las negociaciones. (Puede leer: Desde el Congreso alertan que Gobierno miente con reserva de contratos para vacuna)

El 8 de enero de 2021 el Instituto Anticorrupción, en cabeza de Enciso, había radicado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “por el presunto incumplimiento del deber de dar publicidad a los contratos suscritos por las entidades y fondos especiales que lideran, incluyendo el Fondo de Mitigación de Emergencias”.

La queja del Instituto Anticorrupción se fundamenta en el deber de publicidad de los contratos que firma el Estado, estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. “La omisión de este deber es considerada por la legislación como una falta disciplinaria grave”, agrega la denuncia. La petición que hace el instituto a la Procuraduría es que, como medida cautelar, le ordene al Gobierno la publicación inmediata de los contratos que supuestamente fueron firmados con AstraZeneca y Pfizer y que, al tiempo, se inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar por el presunto incumplimiento de la norma. (Le puede interesar: “Todas las farmacéuticas exigen acuerdo de confidencialidad”, Minsalud sobre contratos de vacunas COVID-19)

Para ese momento, el ministro Fernando Ruiz, explicó que “todas las empresas exigen un acuerdo de confidencialidad con cada país. El país se compromete a no revelar la información de los convenios, las cantidades y las condiciones de las vacunas que se están negociando. Todos los países tienen que firmar esos acuerdos. Si no se firma, el país no tiene acceso a vacuna con esa empresa particular”.

Ruiz explicó que en el caso de que Colombia violara el acuerdo de confidencialidad y entregara información podría estar sujeto a sanciones y a la posibilidad de que se le corte el suministro a las vacunas.

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