El general de la Policía Fernando Murillo, director de la Dijin, no desobedeció una orden judicial, concluyó este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz le había abierto un incidente de desacato por los obstáculos, interrupciones y atropellos de uniformados a su mando que entorpecieron los testimonios que rendiría el jefe máximo del Clan del Golfo, conocido como Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
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Luego de ser por años el criminal más buscado de Colombia, Otoniel fue capturado en octubre de 2021 con tres pedidos de extradición en su contra. Mientras se concretaba su envío a Estados Unidos, el señalado capo aceptó hablar con la Fiscalía, la JEP y hasta la Comisión de la Verdad sobre los hechos de la guerra que presenció. La primera vez que habló fue en diciembre y levantó ampolla: dijo que él se había entregado, que no había sido aprehendido, como aseguraba el Gobierno. Y, en lo que va de 2022, el hombre siguió contando verdades aún más incómodas: sus nexos con algunos militares, empresarios y políticos.
Para escucharlo, fiscales, magistrados, comisionados y, por supuesto, sus abogados, debían desplazarse a la sede de la Dijin en Bogotá, donde estaba fuertemente custodiado. Fue ahí donde comenzaron a presentarse encontronazos. Por ejemplo, cuando un magistrado fue a entrevistar a Otoniel sobre lo que sabía sobre falsos positivos cometidos entre paramilitares y Fuerza Pública, el excomandante del Clan del Golfo llegó esposado de pies y manos, con chaleco antibalas y custodiado por cuatro policías de fuerzas especiales con armas largas y pasamontañas. El magistrado los increpó, pero los uniformados permanecieron en el salón.
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Con la Comisión de la Verdad ocurrieron episodios similares y hasta les interrumpieron la sesión sin explicaciones. Finalmente, en marzo, la JEP le ordenó al general Murillo, como jefe de la Dijin: “abstenerse de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia y no realizar acciones que obstaculicen la práctica de testimonios u otras diligencias del señor Dairo Antonio Úsuga David ante la JEP o la CEV y garantice su reserva”. Esta semana, la justicia especial concluyó que el alto oficial cumplió la orden.
Primero, porque desde que la JEP le impartió la orden al alto oficial, “los uniformados bajo el mando del Mayor General no hicieron presencia en la sala de audiencias desarrolladas por el Sistema Integral de Verdad y solamente había dos guardias localizados fuera del lugar a una distancia de más de 5 metros desde la puerta lo cual les permite observar al señor Úsuga sin escucharlo, pues además esta persona se ubica a muy lejos de la puerta”. Entendiendo el nivel de riesgo que supone tener recluido a una persona como Otoniel, la Sección de Ausencia de Reconocimiento consideró razonable esta medida de seguridad.
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En segundo lugar, el general Murillo tampoco obstaculizó las audiencias desde que le impartieron la orden judicial. Por el contrario, dice el documento, “el acceso a las instalaciones ha sido facilitado por las personas encargadas de la custodia del señor Úsuga David y por parte de la Fiscalía. Se ha permitido el acceso de equipos electrónicos y de grabación, computadores, cámaras y teléfonos celulares. También se ha permitido el acceso de vehículos a las instalaciones donde se encuentra detenido el señor Úsuga David, facilitando el trabajo de los funcionarios de la JEP”.
Con Otoniel ya en Estados Unidos este es uno de los primeros coletazos judiciales que quedan de su colaboración con el Sistema Integral con el Acuerdo de Paz. Queda todavía un largo camino para que se investigue lo que contó el señalado capo sobre sus andanzas en las Autodefensas, las Farc, el Epl y, más recientemente, el Clan del Golfo. Entre las perlas que soltó hay una lista de más de 30 personas que la JEP pidió investigar, además de miembros de la Fuerza Pública que ya están en la lupa de la justicia transicional.
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