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La Jurisdicción Especial para la Paz citó a versión voluntaria virtual a dos exintegrantes del Batallón de Artillería Nº. 2 La Popa del Ejército Nacional que están involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales en Valledupar. Se trata de Jorgy Gregorio Castellón Romero y Augusto Cesar Jiménez Zambrano quienes venían enfrentando en la justicia ordinaria, antes de someterse a la JEP, un proceso por el “falso positivo” de Orlando Villarreal Cortés, ocurrido el 21 de abril de 2004 en La Guajira.
La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP en el marco del caso 003 conocido como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado". Según los autos en poder de El Espectador, ante la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento obligatorio tomadas por el Gobierno, es posible reanudar algunas diligencias de forma virtual a través de la plataforma Teams de Microsoft.
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Castellón Romero fue citado para el 18 de mayo y Jiménez Zambrano para el día siguiente. En la diligencia podrán contar con su abogado y previa a la misma podrán conocer los detalles de varios informes sobre “falsos positivos” que han entregado a la JEP varias organizaciones sociales en relación con casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran al Batallón La Popa y la región caribe.
Los dos uniformados hicieron parte de la Operación Azabache, realizada en el sector de San Antonio de Manaure, en la que fue ejecutado Orlando Villarreal, un estudiante de contaduría, y luego presentado falsamente como extorsionista del frente 41 de las Farc. Allí también fue ejecutado Rubiel López González. La Fiscalía les dictó medida de aseguramiento en septiembre de 2018. Tras conocer el llamado a versión voluntaria, Luz Marina Villarreal, hermana de Orlando, aseguró que solo quiere saber qué pasó.
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Villarreal insistió en que espera que la JEP le cuente en dónde está el cuerpo de su hermano para poder “ponerle una flor” a su tumba. El cuerpo de Orlando estuvo durante tres años en la bóveda 617 del cementerio local, pero que fue trasladado a la fosa común n.° 7 del Jardines de Eccehomo en donde, según la Fiscalía, reposan entre 450 y 500 cuerpos. Para Luz Marina es necesario saber si les van a ayudar con la exhumación de los restos y que quede claro que Orlando no era guerrillero.
Para la Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que lleva el caso, la decisión tomada por la Justicia Especial para la Paz es lo que estaban esperando hace muchos años los familiares. “Poder ver a los victimarios de su familiar, saber la verdad de lo ocurrido e igualmente poder tener certeza de donde están los restos de Orlando ya que aún se encuentra desaparecido”. Los abogados cuestionaron de otro lado que el proceso en la justicia ordinaria esté paralizado.
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“Los fiscales no pueden tomar decisiones de fondo en medio de las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, toda vez que el Fiscal General así lo ordena mediante circulares (emitidas) por la implementación de la JEP. Esto lo que traduce es que muchos de los casos que actualmente estaban siendo investigados por las Unidades Especializadas contra las Violaciones de Derechos Humanos, se encuentran estancados. En similar situación se encuentran los jueces que, de manera oficiosa, sin que la JEP los solicite, envían los procesos que tienen que ver con falsos positivos”, indicaron.
Por Redacción Judicial
